Bogotá,  19 de junio de 2017. Al regresar a su hogar después de asistir al funeral de Bernardo Cuero Bravo, directivo de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) que fue asesinado el pasado 7 de junio de 2017, Arnaldo Hernández fue informado que sujetos desconocidos estuvieron rondando su domicilio y preguntando por él. También se enteró de un nuevo panfleto con amenazas de muerte contra los líderes y lideresas de Malambo, municipio donde trabajaba, vivía y fue asesinado Bernardo. Durante las últimas semanas, Arnaldo ha procurado no salir mucho de su domicilio debido al temor que tiene y a la falta de una respuesta institucional adecuada que le brinde las medidas de protección adecuada, que al igual que a Bernardo, le siguen negando. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos visitó a Arnaldo el pasado 29 de junio, y le hizo una entrevista para conocer en detalle su situación y el trabajo que realiza.

Arnaldo Hernández también es miembro de la Junta Directiva de AFRODES y representante de las organizaciones de población afrocolombiana desplazada en Cartagena. También es representante de las comunidades negras ante la Mesa Distrital de Víctimas de Cartagena. Lamentablemente, al igual que en el caso de Bernardo, el Estado colombiano sigue sin asignarle las medidas de protección adecuadas que garanticen su derecho a la vida y a la integridad personal, pero que también le permitan ejercer sus actividades de liderazgo con las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado.

 

Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos: Sabemos que Ud. enfrenta una situación de riesgo similar a la que enfrentaba Bernardo, la cual se relaciona directamente con sus actividades de liderazgo. ¿Podría comenzar hablándonos un poco sobre ese trabajo de liderazgo?

Arnaldo Hernández (AH): Soy directivo de AFRODES desde el año 2000 cuando llegué desplazado a Cartagena. Mi llegada forzosa a Cartagena hace parte de una larga cadena de amenazas y atentados que se remontan a la época de mis inicios como líder social. Entre 1984 y 1999 fui dirigente sindical en Turbo,  de donde tuve que salir. Llegué a Montes de María, y allí también fui víctima de un atentado en el año 2000, por lo que fui desplazado nuevamente. En la actualidad, como representante de AFRODES en Cartagena y la región Caribe, y también como representante de las comunidades negras ante la Mesa Distrital de Victimas de Cartagena, me dedico a apoyar las acciones de incidencia, capacitación y gestión de proyectos de la población afrocolombiana desplazada en la región. En el Departamento de Bolívar trabajo con 27 organizaciones articuladas al trabajo de AFRODES. En el caso específico de Cartagena, los 11 procesos organizativos que acompañamos reúnen miles de afrocolombianos desplazados que hoy viven en las comunidades más marginales de la ciudad como Nelson Mandela, Olaya, Pozón, Faldas de la Popa.

 

Raza e Igualdad: ¿Por qué este trabajo de apoyo a estas comunidades y organizaciones representa un riesgo, sobre todo ahora que el país se encuentra en la etapa de implementación del Acuerdo de Paz con las FARC?

 AH: En el caso del Departamento de Bolívar, al igual que en muchas regiones donde habitan nuestras comunidades, la firma de la paz no ha significado que las amenazas y la violencia terminen. Hay que tener en cuenta que en esta región los grupos paramilitares siguen controlando los territorios, especialmente todo lo relacionado con el negocio del narcotráfico. Eso pasa en muchos de los municipios y zonas del Bolívar donde están nuestras comunidades como Montes de María, María la Baja, El Carmen, Malagana, Sincerin, pero también en zonas urbanas de Cartagena.

Cuando nosotros como AFRODES vamos a esas comunidades a educarlas sobre sus derechos, seguimos siendo calificados como que venimos a “revolucionar a la comunidad”. Obviamente, lo que buscan estos grupos armados es mantener todo el negocio de narcotráfico y el microtráfico; también están buscando el reclutamiento de nuestros jóvenes. Cualquiera que denuncie estas situaciones y ayude a empoderar a las comunidades, es convertida en objetivo militar. Eso fue lo que precisamente le pasó a Bernardo. No fue que tuviera un pleito con un vecino cualquiera, como lo está diciendo la Unidad Nacional de Protección (UNP). Bernardo, como yo y otros líderes de AFRODES, nos jugamos la vida diariamente cuando apoyamos a las comunidades en sus denuncias y procesos de incidencia. Esta situación de riesgo también se ve agravada por las actuaciones de muchas instituciones y funcionarios que están para protegernos pero que a veces contribuyen a estigmatizarnos. A mi inclusive un funcionario me acusó de ser un guerrillero de las FARC por ser parte del grupo que lideró una toma pacífica de la Unidad de Víctimas en Cartagena, la que tuvimos que hacer, como mecanismos para demandar el incumplimiento sistemático del gobierno a compromisos que había adquirido con la población.

 

Raza e Igualdad: Tenemos entendido que Ud. ha denunciado las amenazas recientes que ha recibido y en varias ocasiones, como en el caso de Bernardo, ha solicitado a la Unidad Nacional de Protección la asignación de medidas.

AH: Ni en la situación de riesgo que hoy enfrento, ni en anteriores ocasiones en las que mis familiares y yo hemos sido víctimas de atentados, amenazas, y violaciones a otros derechos humanos,  el gobierno me ha brindado las medidas adecuadas. Inclusive, uno de los estudios de riesgo que me hicieron arrojó que yo tenía “riesgo extraordinario”. ¿Y sabe usted las medidas que me dieron? Un chaleco antibalas y un teléfono celular sin fondos suficientes. Actualmente, un chaleco es todo lo que tengo como medida proporcionada por el gobierno. En diciembre pasado (2016) fui nuevamente víctima de amenazas, atentado y hostigamientos. Ahora que regreso de enterrar al compañero Bernardo, también me encuentro con nuevos hechos que atentan contra mi vida e integridad personal. He interpuesto las denuncias ante las instituciones competentes, pero sigo sin recibir una respuesta satisfactoria por parte del gobierno.

 

Raza e Igualdad: ¿Cuáles serían entonces las medidas de protección que Ud. y otros líderes en riesgo de AFRODES necesitan?

AH: Lo que necesitamos es el mismo esquema de protección que tienen otros líderes sociales que enfrentan la misma situación. Un chaleco y un teléfono celular no son suficientes. Necesitamos de escoltas y vehículo para movilizarnos. Es la única manera de poder continuar con el trabajo de acompañamiento y representación de las comunidades. En mi caso particular, para poder seguir el trabajo con las comunidades de Bolívar y otros departamentos del Caribe, también requiero de recursos que me permitan reubicarme en Cartagena. Los últimos hechos que enfrento en Santa Catalina, municipio donde vivo, demuestran la situación de vulnerabilidad en que me encuentro. También hay que tener en cuenta las medidas de protección colectiva que se requieren para nuestras organizaciones y comunidades. Es muy lamentable la situación que enfrentan los compañeros de los procesos organizativos en Malambo a raíz del asesinato de Bernardo, o las organizaciones de AFRODES Cali que recientemente recibieron una nueva amenaza.

 

El caso de Arnaldo no es aislado. Otros líderes y lideresas de AFRODES enfrentan una situación similar, y el Estado colombiano sigue sin asignarles medidas de protección adecuada. En el caso de la vicepresidenta de AFRODES, Erlendy Cuero Bravo, quien es beneficiara de la Medida Cautelar No. 658-16 de 2016, el gobierno aún no ha le asignado las medidas de protección. El Instituto sobre Raza e Igualdad reitera la prioridad que debe tener para el gobierno colombiano, el cumplimiento de esta medida cautelar y el otorgamiento de medidas de protección adecuada para Arnaldo y demás líderes y lideresas de AFRODES que continúan en riesgo.