Ginebra, Suiza. El 21 de noviembre de 2016, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) inauguró su 91o período de sesiones, con un discurso por parte de Paulo David, Jefe de la Sección de Fortalecimiento de Capacidades y Armonización de la División de Órganos de Tratado de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Durante el período de sesiones del Comité, que duró hasta el 9 de diciembre, se examinaron los esfuerzos realizados por Argentina y Uruguay, entre otros países, contra la discriminación racial.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos apoyó a tres activistas; Lourdes Martínez, que representó a COLECTIVA MUJERES, CLADEM, ATABAQUE y AFROGAMA; Vicenta Camusso, que representó a la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora; y Miriam Gomes, que representó a la Sociedad Caboverdana de Argentina.

Las tres hicieron intervenciones durante la reunión informal para organizaciones de la sociedad civil, llevada a cabo el 22 de noviembre, donde la Sra. Gomes declaró que en Argentina, los afrodescendientes no se incluyen activamente en las decisiones presupuestarias y políticas; que las leyes vigentes destinadas a proteger a la población de la discriminación racial no se han aplicado con éxito; y que existe mucha discriminación en contra de los inmigrantes africanos y haitianos en el país, incluida una falta constante de investigaciones por graves crímenes cometidos contra los migrantes africanos. Los miembros del Comité hicieron preguntas sobre la recolección de datos y políticas públicas específicas que favorecen a los afrodescendientes, también preguntaron si la discriminación racial se penaliza. En respuesta, la Sra. Gomes mencionó que, durante el último censo de Argentina, a muchas personas no se les preguntó si se autoidentificaban como afrodescendientes, así mismo, mencionó que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) no tiene políticas específicas para los afrodescendientes y que los afroargentinos generalmente no confían en la organización. Para concluir, confirmó que la discriminación basada en la raza no está siendo penalizada.

En cuanto a Uruguay, Lourdes Martínez y Vicenta Camusso explicaron a los miembros del Comité que el país no tiene legislación nacional que cumpla con el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Además, los escasos progresos que Uruguay ha hecho en términos de normas legales internas se centra en Montevideo, la capital del país; mencionaron además que no existen servicios especializados a nivel nacional para abordar el racismo y la discriminación racial. Por último, si bien el censo nacional de 2011 avanzó con la desagregación de datos, es necesario hacer más por los afrodescendientes y los pueblos indígenas.

La Sra. Martínez y la Sra. Camusso afirmaron que la manifestación más visible de la desigualdad se encuentra en la educación: los afrodescendientes en Uruguay son mucho más propensos a abandonar la escuela que sus compañeros no afrodescendientes. También mencionaron que existen indicadores preocupantes para las minorías sexuales de ascendencia africana, ya que la discriminación contra ellas es interseccional, así como sobre la situación de los migrantes, especialmente de África, República Dominicana y Colombia. En general, la experiencia cotidiana de racismo hacia los afro-uruguayos sigue profundamente arraigada.

Posteriormente, el 23 de noviembre, se revisó la situación de Argentina. Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Argentina, señaló que la Secretaría Nacional elaboró y promovió políticas para el pluralismo cultural, la orientación étnica, religiosa y sexual y la identidad de género. También informó al Comité que el 8 de noviembre se proclamó el Día Nacional de los Afro-argentinos, con el propósito de promover su cultura.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) ha trabajado por combatir las tres problematicas contenidas en su nombre, en cooperación con la sociedad civil y otras partes interesadas. Además, el INADI ahora tiene la capacidad de recibir quejas y proporcionar orientación a los ciudadanos interesados, así como desempeñar un papel importante en la promoción de su agenda a través de materiales audiovisuales, folletos y panfletos educativos. Finalmente, en 2016, las autoridades comenzaron a diseñar el Plan Nacional de Derechos Humanos para 2017-2020.

En el debate, los Expertos del Comité elogiaron numerosos logros legislativos que la Argentina hizo en los últimos años, pero quisieron saber más sobre como va la aplicación cotidiana de dichas normas. Preguntaron sobre el estado de las comunidades afro-argentinas e indígenas, en particular sobre su acceso a la justicia, la educación, la asistencia sanitaria y su percepción dentro de la sociedad en general. También se discutieron los temas de propiedad de la tierra, la consulta previa y desalojos forzados con las comunidades indígenas. Los expertos del Comité formularon preguntas sobre el trato de los migrantes y preguntaron por la existencia de un centro de detención para inmigrantes. Se prestó especial atención a la cuestión de la aplicación de los tratados internacionales, incluyendo la Convención a nivel federal, provincial y local. El Comité pidió más detalles y datos desagregados sobre una serie de cuestiones, en particular relacionadas con la situación de las comunidades de minorías.

El miembro del Comité y Relator para la Argentina, Pastor Murillo, concluyó que el diálogo fue muy educativo en muchos aspectos. Expresó su esperanza en que la práctica de los desalojos forzados sea erradicada completamente, y sugirió que el Estado  reconsidere las leyes relacionadas con las cuotas para las minorías.

Posteriormente, el 26 de noviembre, el CERD también concluyó su examen del informe periódico de Uruguay. Al presentar el informe del Estado, Alejandra Costa, Directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, afirmó que el firme compromiso de Uruguay con la protección y promoción de los derechos humanos les exige presentar y explicar regularmente su progreso y que la interacción con los órganos de tratados, como es el CERD, permiten un diálogo directo con el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas.

En el diálogo interactivo que siguió, los Expertos del Comité elogiaron las políticas progresistas y el liderazgo del Uruguay en muchas áreas sociales. Reconocieron la legislación adoptada, incluida la Ley de Acción Afirmativa, pero desearon saber más sobre su implementacion. Los miembros solicitaron información sobre la definición de los delitos de racismo y discriminación racial y varios casos judiciales al respecto. Los expertos tambien querían conocer la situación de los refugiados y los migrantes en Uruguay, así como los trabajadores domésticos, que son desproporcionadamente migrantes o mujeres de ascendencia africana. También hicieron preguntas sobre las medidas concretas adoptadas para combatir la discriminación estructural y sobre la promoción y la integración de las culturas afro-uruguayas e indígenas en los programas educativos. Otras cuestiones planteadas por los expertos fueron la situación de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas, el uso de consultas previas, la prestación de asistencia jurídica gratuita y la representación de las minorías raciales en los sectores público y privado.

Alexei Avtonomov, Experto de la Comisión y Relator para Uruguay, señaló que, por primera vez en la historia uruguaya, personas de ascendencia indígena o africana aparecieron en estadísticas y fueron reconocidas como tales. Según el Sr. Avtonomov, es alentador que el Estado esté dispuesto a responder a sus desafíos históricos.

El 9 de Diciembre, el CERD publico las observaciones finales para Argentina y Uruguay en español. Puede seguir estos enlaces para leer dichas observaciones:

Argentina

Uruguay