El 21 de marzo se realizó la audiencia temática “Investigación de Agresiones Contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia” frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, a través de su representante para Colombia, Pedro L. Cortes-Ruiz, participó como peticionario de la audiencia, junto a representantes de la Marcha Patriótica y de un colectivo de organizaciones de derechos humanos representado por la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar.

La audiencia había sido solicitada por el Estado de Colombia. En su presentación, a cargo de la Vicefiscal María Paulina Riveros, se ofreció una descripción de las adecuaciones institucionales que la Fiscalía y el gobierno colombiano han venido implementado, con el objetivo de mejorar los procesos investigativos sobre agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos, así como los mecanismos de prevención y protección. También solicitó a la CIDH un acompañamiento para la construcción de una directriz que permitiría mejorar las respuestas institucionales.

En su intervención, el Instituto expresó su valoración positiva de los esfuerzos para mejorar los procesos investigativos. Sin embargo, manifestó su preocupación porque dichos esfuerzos “no integran en forma adecuada un enfoque diferencial que reconozca las características e impactos particulares que configuran las situaciones de riesgo y las violaciones sufridas por líderes y lideresas de las comunidades afrocolombianas y LGBTI.

El Instituto también compartió algunas preocupaciones de organizaciones que acompaña, como es la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES). La primordial tiene que ver con el acceso al programa de la Unidad Nacional de Protección, como responsable de brindar medidas de protección a líderes y lideresas de derechos humanos en riesgo. Continúan presentándose casos, en los que líderes y lideresas que han sido víctimas de atentados o amenazas, no les han brindado medidas de protección porque su riesgo es “ordinario” según evaluaciones que les han realizado. Aun en casos, como el de la vicepresidenta de AFRODES, Erlendy Cuero, a la cual la CIDH le ha solicitado medidas cautelares en diciembre de 2016, el gobierno no ha concertado con ella las medidas de protección necesarias, porque “insiste que ella debe volver a someterse por sexta vez al proceso administrativo que conducirá a una nueva evaluación de riesgo”.

La necesidad de que el gobierno colombiano retome los procesos institucionales para integrar medidas de protección colectiva en su oferta de medidas también fue planteado por el Instituto. Se recordó que en dos ocasiones, ante la misma CIDH, el Estado ha expresado su compromiso para avanzar al respecto, sin que hasta el día de hoy se haya hecho efectivo.

Las preocupaciones de la comunidad LGBTI, comunicadas a la CIDH por la organización Caribe Afirmativo, fueron reiteradas por el Instituto. Ante el creciente número de asesinatos y amenazas contra miembros, líderes y lideresas de la comunidad LGBTI en Colombia, el Estado continúa sin realizar los ajustes a los programas de protección que la misma Comisión le hizo desde 2014.

Las valoraciones del Instituto terminaron reportando a la CIDH sobre el envío que la Diócesis de Quibdó le realiza, con información de seguimiento a temas y recomendaciones relacionados con la violación a derechos humanos contra comunidades y organizaciones afrocolombianas del Pacífico colombiano.

Finalmente, el Instituto ofreció tres recomendaciones específicas a la CIDH.

  • Que la Comisión recomiende al Estado colombiano la adecuación de normas y programas para la inclusión de medidas de protección colectiva en la oferta de medidas de protección para líderes y lideresas afrocolombianas.
  • Que la Comisión recomiende al Estado colombiano cumplir el compromiso que expresó ante la misma en cuanto a no exigir nuevas evaluaciones de riesgo a beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión.
  • Que la Comisión exhorte al Estado colombiano a cumplir con la recomendación de la Comisión de 2014 para modificar el Decreto 4912 de 2011 para incluir a las lideresas y líderes LGBTI como personas objeto de protección en razón del riesgo, sin necesidad de acreditar su pertenencia a una organización de derechos humanos.

La intervención del representante de la Marcha Patriótica ofreció una valoración crítica sobre las respuestas institucionales que se han adelantado para investigar y proteger a miembros de esta organización, quienes han venido siendo asesinados y amenazados en forma sistemática. Expresó gran preocupación por la estigmatización y criminalización contra miembros de la organización, las cuales han sido alentadas inclusive por funcionarios del gobierno de alto nivel. Anunció que estarán realizando solicitud formal ante la CIDH para que les sean otorgadas medidas cautelares.

La intervención de la representante de Reiniciar se enfocó en cuestionar la negación del Estado colombiano a reconocer la “sistematicidad” de los asesinatos y amenazas que vienen experimentando defensores y defensoras de derechos humanos, con una renovada intensidad en los últimos catorce meses.

Entre los comentarios ofrecidos por los Comisionados después de las intervenciones del Estado y los peticionarios, se ratificó la conveniencia de considerar el llamado que hizo el Instituto para incorporar adecuadamente un enfoque diferencial en los procesos de adecuación institucional que buscan mejorar las respuestas institucionales para investigar y proteger a líderes y lideresas afrocolombianas y LGBTI. El Estado colombiano también expresó públicamente su voluntad para implementar esta recomendación.

Foto: Daniel Cima/CIDH. Con uso libre por medio de licencia creative commons cc by 2.0. La imagen puede ser accedida en su origen por el enlace aquí.