Comisión Interamericana de Derechos Humanos Reclama al Estado Dominicano Reconocimiento de Discriminación Racial Estructural en el País

OEA

Photo courtesy of OAS photographer Daniel Cima, licensed under CC BY 2.0. Washington, D.C., 8 de abril, 2016 “La República Dominicana tiene que reconocer la existencia de la discriminación racial estructural en el país,” expresó el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, a la delegación dominicana durante la audiencia temática celebrada […]

Photo courtesy of OAS photographer Daniel Cima, licensed under CC BY 2.0.

Washington, D.C., 8 de abril, 2016

“La República Dominicana tiene que reconocer la existencia de la discriminación racial estructural en el país,” expresó el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, a la delegación dominicana durante la audiencia temática celebrada el viernes 8 de abril en la Organización de Estados Americanos (OEA).

 Defensores de derechos humanos de la República Dominicana presentaron frente a la CIDH un informe sobre la grave situación de los derechos políticos de los Dominicanos de ascendencia haitiana, en específico sobre la vulnerabilidad del derecho a la nacionalidad de muchas personas de esta comunidad, quienes enfrentan situaciones de discriminación por agentes del Estado durante sus intentos de conseguir documentos de identidad y credenciales electorales. En vista de que las elecciones en el país se realizarán el 15 de mayo, los peticionarios enfocaron su testimonio en los efectos de estas violaciones sobre los derechos políticos de los dominicanos de ascendencia haitiana, en particular sobre los derechos de votar y ser elegido.

Lamentablemente, el discurso del Estado dominicano demostró su poca voluntad de participar en un diálogo constructivo. Representantes del Estado mostraron su malestar con la Comisión por haber otorgado la audiencia y negado su solicitud de postergación. Más preocupante aun, el Estado continuó negando la existencia de cualquier tipo de discriminación en el país.

Frente a la intransigencia del Estado dominicano, la respuesta de la Comisión fue contundente. El Secretario Ejecutivo Álvarez expresó al Estado que, a pesar de las objeciones de la misión dominicana, “continuar con este tema es una manifestación de la más grave preocupación que tiene la Comisión,” y que la posición del Estado de “negar que hay un problema de racismo estructural, reproduce institucional, social y culturalmente la violación de derechos.” El  Secretario Ejecutivo Álvarez reiteró que el informe de la Comisión sobre derechos humanos en la República Dominicana “manifiesta estructuralmente la negación de derechos económicos, sociales y culturales de los dominicanos de origen haitiano,” quienes sufren de “condiciones de pobreza y de negación de derechos innegables.” Al referirse a la postura del Estado, el Secretario Álvarez concluyó que “hoy tenemos un capítulo más de una expresión de racismo estructural.”

Los representantes de la sociedad civil dominicana informaron a la Comisión de acciones de parte de la Junta Central Electoral que han resultado en la negación del otorgamiento de documentos básicos a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, situación que podrá tener graves consecuencias en las elecciones programadas para mayo. Los peticionarios calificaron a la Junta como el principal obstáculo para el goce de los derechos políticos de los dominico-haitianos, citando “la actitud confrontadora y beligerante” de la institución, que conduce a la “falta de diálogo y voluntad para la búsqueda de soluciones,” manifestación a la cual concurrió el Secretario Álvarez, quien sostuvo que “la Junta Central Electoral ha sido un aparato institucional que reproduce la discriminación.”

En la conclusión de su intervención, los peticionarios exhortaron a la Comisión que urgiera al Estado dominicano a eliminar las diferencias en el ejercicio de los derechos políticos entre las personas dominicanas, sin importar el origen nacional de sus progenitores. Recomendaron reformas en el registro civil y el sistema electoral que garanticen la no discriminación, así como acciones afirmativas para garantizar la protección de los derechos políticos de grupos vulnerables, y propusieron la creación de un Mesa Nacional de Diálogo Permanente de donde la sociedad civil y el Estado puedan trabajar conjuntamente para resolver los problemas crónicos de participación política, registro civil y documentos de identidad. Los peticionarios también solicitaron que el Relator para migrantes de la Comisión sea incluido en la misión de observación electoral de la OEA la cual visitará al país durante las elecciones del 15 de mayo.

Para acceder al video de la audiencia, siga este enlace.

 

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