Defensora Vilma Núñez solicita a la CIDH que demande el respeto al derecho de asociación en Nicaragua

Jamaica, 9 de mayo de 2019. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, solicitó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se dirija al Estado de Nicaragua en conjunto con los órganos pertinentes de Naciones Unidas para demandar el respeto al derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, derecho que ha sido ampliamente violentado por las autoridades durante la crisis que inició en ese país hace más de un año.

La solicitud de Núñez, realizada durante la audiencia regional “Derechos humanos, desarrollo y libertad de asociación” en el marco del 172 periodo de sesiones de la CIDH, se da cinco meses después de que el CENIDH fue ilegalizado y allanado arbitrariamente por la Policía de Nicaragua.

“Treinta años de trabajo del CENIDH fueron prácticamente eliminados el 12 de diciembre de 2018 cuando la Asamblea Nacional, controlada por la pareja Ortega-Murillo anuló nuestra personería jurídica”, relató Núñez, añadiendo que “la noche del 13 de diciembre el Ministerio de Gobernación allanó por el techo nuestras oficinas en Managua introduciendo 60 policías que amarraron de pies y manos a nuestro vigilante, golpeándole y lo obligaron a permanecer bajo un escritorio durante cuatro horas. Destruyeron y se robaron todo”.

Nuñez explicó también que las oficinas del CENIDH en la ciudad de Juigalpa fueron allanadas y que el 14 de diciembre las cuentas bancarias de la organización fueron congeladas.

Otras 8 ONG en la misma situación

Además de haber cancelado la personería jurídica al CENIDH, la Asamblea Nacional también invalidó legalmente a otras ocho organizaciones nicaragüenses: la Asociación Hagamos Democracia, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), el Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), la Fundación del Río, el Instituto para el desarrollo y la democracia (IPADE), la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal Popol Na, y el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO).

“La represión repercute en el desarrollo de nuestro país en todos los órdenes, puesto que el desarrollo requiere de un diálogo básico entre el gobierno y la sociedad civil, de una fluida cooperación entre gobernantes y gobernados, y el CENIDH como las otras organizaciones eran una expresión legítima de participación ciudadana para la defensa y promoción de los derechos humanos”, enfatizó Núñez.

La defensora también denunció que la misma Asamblea Nacional que ilegalizó las instituciones, les ha otorgado personerías jurídicas a asociaciones paraestatales, entre ellas la denominada “Defensores de la patria”. “Es la legalización del paramilitarismo en nuestro país”, advirtió Núñez.

Petición

Núñez solicitó a la CIDH que incluya y valore con precisión el estado de violaciones al derecho de asociación en Nicaragua y que incluya dicha problemática en su informe sobre el país.

Además, pidió que la CIDH en conjunto con el relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, demanden al Estado de Nicaragua el respeto al derecho de libertad de asociación, al derecho a defender colectivamente derechos, y por consiguiente al restablecimiento inmediato de la personería jurídica del CENIDH y de las 8 ONG despojadas de la misma, así como la devolución de todos sus bienes y activos.

Reacciones

En la audiencia participaron además otros defensores de derechos humanos de Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela y Colombia, quienes expusieron las violaciones del derecho a la asociación en sus respectivos países.

Audiencia Regional "Derechos humanos, desarrollo y libertad de asociación" realizada en Jamaica.

El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, Clément Nyaletsossi instó a los defensores a que envíen información para utilizarlos como insumo en su próximo informe y llamó a los Estados a que eliminen cualquier restricción a este derecho humano.

“Hoy vemos en Venezuela y Nicaragua cómo las condiciones de vida de los ciudadanos están deteriorándose porque la sociedad civil no puede ofrecer sus servicios. La sociedad civil debe estimular, movilizar las comunidades para luchar contra las inequidades”, enfatizó.

Mientras que el relator para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, reveló que su relatoría se encuentra trabajando en un informe temático sobre protesta social en las Américas. “La idea es desarrollar estándares claros respecto a la interacción y de conexión entre la libertad de reunión pacífica y de asociación con el desarrollo de la democracia, económico, social y cultural de los países”, explicó.

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