Bogotá, 23 de Marzo 2016. En rueda de prensa, el Sr. Todd Howland (Representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano) hizo presentación del Informe Anual para el año 2015. Dos representantes de los pueblos étnicos fueron invitadas a ofrecer sus valoraciones sobre la situación de sus comunidades: Ayda Quilcue (Consejo Regional Indígena del Cauca) y Francia Márquez (Comisión Étnica de Paz y Movilización de Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales del Valle del Cauca).

En los análisis y recomendaciones del informe, la situación de las comunidades étnicas ocupo un lugar central. La sistemática violación de derechos humanos en estas comunidades ha continuado, aun en el contexto de desescalamiento del conflicto que ha acompañado el proceso de negociación durante el último año. Pero aún más preocupante es el análisis que proyecta la alta vulnerabilidad que tendrán estas comunidades en un escenario post-acuerdo. El cese del enfrentamiento militar en estas regiones no necesariamente llevará a la terminación de los conflictos por el control territorial que involucran a otros actores armados asociados al narcotráfico y la minería ilegal. Adicionalmente, los acuerdos alcanzados hasta la fecha, que afectarán significativamente estas regiones, no incorporan en forma adecuada medidas específicas que salvaguarden los derechos constitucionales de las comunidades étnicas.

Sobre este análisis prospectivo del escenario post-acuerdo, una de las recomendaciones específicas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

Exhorta a las partes en La Habana a aprovechar la oportunidad de dialogar con los pueblos indígenas y afrocolombianos para asegurar que los acuerdos de paz y su implementación maximicen el disfrute de sus derechos colectivos e individuales. El acuerdo final debería incluir una referencia específica al compromiso de las partes en la negociación de garantizar, en todos los aspectos de la implementación, el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos reconocidos internacional y constitucionalmente.

Estos análisis y la recomendación de Naciones Unidas se adicionan a la realizada en el mismo sentido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD); y recogen las propuestas autónomas que vienen realizando las organizaciones articuladas a la Comisión Étnica para la Paz y los Derechos Territoriales. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos se une a las voces que consideran altamente conveniente y urgente que el gobierno y las FARC-EP reciban una delegación de esta Comisión.