Sociedad civil llama la atención de juezas y jueces mexicanos sobre la obligación del Estado de promover y defender los derechos de la población afrodescendiente en el país

Washington D.C., 15 de julio de 2020.– Representantes de organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de la población afrodescendiente en México presentaron ante el Consejo de la Judicatura—adscrito al Poder Judicial—la situación de las personas afrodescendientes en el país, haciendo énfasis en la obligatoriedad que tiene el Estado en cumplir los mandatos y tratados internacionales que ha suscrito en esa materia y que tienen igual importancia que la Constitución Política.

El encuentro fue convocado por la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura y se dio de forma virtual el pasado 9 de julio con la participación de aproximadamente 120 jueces y juezas de todo el país. Por parte de la sociedad civil, las exponentes fueron Sagrario Cruz Carretero, profesora investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana; Tobyanne Ledesma, activista de derechos humanos, y Tanya Duarte, socióloga afromexicana y fundadora del Proyecto Afrodescendencia México.

Racismo arraigado

Cruz Carretero apuntó que la invisibilización y discriminación de la población afrodescendiente es un problema arraigado en los diferentes ámbitos de la sociedad mexicana, a la cual describió como “pigmentocéntrica”, pues asegura que desde las familias hasta las esferas públicas las personas son categorizadas según el color de su piel.  La antropóloga recordó que al 2015 las personas afrodescendientes sumaban 1.6 millones, es decir, el 1.2% de la población total, y se encontraban principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y el Estado de la Ciudad de México.

Tanya Duarte conoce de cerca ese racismo y esa discriminación, pues gran parte de su vida ha tenido que enfrentarse con oficiales de Migración que la detienen y ponen en tela de juicio su nacionalidad mexicana simplemente por su apariencia, al punto que en varias ocasiones intentaron deportarla de su propio país. “Normalmente la credencial para votar es usada como documento de identificación, pero en mi caso no es suficiente, entonces tengo que cargar con mi pasaporte, mi CURP (Clave Única de Registro de Población) y a veces hasta con mi partida de nacimiento”, contó.

Por tal razón, su presentación ante la Judicatura se centró en la necesidad de que la población conozca y entienda la herencia africana que persiste hasta la actualidad. Entre las acciones y políticas que propuso esta activista está incluir en los libros de texto de educación básica la historia de la contribución afrodescendiente en México, mantener una campaña a nivel nacional sobre la afrodescendencia y capacitar a las autoridades y oficiales de Migración para evitar abusos como los que ella ha sufrido en reiteradas ocasiones.

Nueva conciencia para impartir justicia

Por su parte, la activista de derechos humanos Tobyanne Ledesma, se enfocó en señalar las obligaciones que el Estado ha adquirido para la protección de personas afrodescendientes. Ella reconoce algunos avances, como el reconocimiento de los pueblos afrodescendiente en la Constitución Política con la reforma que se hizo a este texto en 2019, la existencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la inclusión de la pregunta sobre autorreconocimiento como afrodescendiente en el censo de este año, que se logró gracias al trabajo de incidencia de organizaciones civiles que, a la vez, contaron con el apoyo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

Sin embargo, expresó que es importante que las autoridades, especialmente las del ámbito judicial, conozcan las herramientas para fallar o sentar sus posiciones a favor de los derechos de las personas afrodescendientes. Precisó que en México son muy comunes las actitudes racistas y discriminatorias en contra de personas afrodescendientes o indígenas, pero que hasta la fecha no ha habido un fallo a nivel de la Suprema Corte condenando estos actos, como sí lo ha habido en otros países de la región.

“No se puede impartir una justicia equitativa si la población no vive en condiciones equitativas; es necesario que los jueces tomen consciencia de cómo permea su juicio una posición racista o discriminatoria, lamentablemente las leyes están, pero no se conocen”, dijo al respecto la antropóloga Sagrario Cruz Carretero.

Raza e Igualdad continuará trabajando de la mano con las y los activistas afromexicanos para comprender la importancia de perfeccionar las herramientas que ha obtenido el Pueblo afromexicano en el transcurso de estos últimos años.

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