Con la participación de organizaciones de la sociedad civil afrocolombiana, Colombia es revisado por el Comité Antirracismo de la ONU

El Estado de Colombia fue revisado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) este 27 y 28 de noviembre de 2019, durante su periodo de sesiones número 100.  Durante la sesión, el Comité realizó un detallado examen del estado de cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno colombiano en materia de la erradicación de cualquier forma de discriminación y racismo en el país; esto teniendo en cuenta las respuestas del Estado a las recomendaciones hechas en su última revisión en el 2015.

“Desde la ultima revisión del CERD en el año 2015, el gobierno de Colombia ha mantenido un patrón de incumplimiento en las respuestas institucionales para garantizar los derechos de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales (NAPR)” esto según lo señalado en el Informe Alternativo presentado al Comité por las organizaciones de la sociedad civil, La Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), El Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Colectivo Justicia Racial, la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas “Kambiri” y Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES.

La relatora miembra parte del Comité Antirracismo de la ONU, Mayte Verdugo, fue la encargada de observar detalladamente el informe entregado por el Estado colombiano y realizar una serie de observaciones en materia del reconocimiento de los derechos de los pueblos étnicos en Colombia.

A lo largo de las observaciones de la Relatora Verdugo esta interpeló al Estado colombiano por más información a cerca de los resultados del último censo poblacional 2018 y la invisibilización de los pueblos afrocolombianos en dicho instrumento de medición; así mismo, se refirió a la situación de las mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado, las alarmantes cifras de líderes y lideresas étnicas asesinados y los planes del gobierno para abordar los procesos de consulta previa con los pueblos étnicos y la implementación del acuerdo de paz en su capítulo étnico.


“Genocidio Estadístico” del DANE

Los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 en Colombia arrojaron figuras alarmantes sobre la población auto reconocida Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal (NAPR), debido a lo que diferentes medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil han denominado “genocidio estadístico”.   Los números postulados por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) indican una reducción en la población auto reconocida NAPR, desde el ultimo censo en el 2005, de 4,311,757 a 2,982,224 en 2018. Esto representa una insólita disminución de mas de 30% de la población, o cerca de 1.3 millones de personas auto reconocidos NAPR.

Estas cifras no nos representan ni las aceptamos, y son resultado de una institucionalidad que hizo caso omiso a las constantes alertas realizadas por las organizaciones étnicas afrodescendientes e indígenas”.  Estas fueron las palabras que se pudieron leer del enérgico comunicado de Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA; quienes además advierten sobre el impacto de los resultados en la vida de las personas NAPR, pues profundiza la invisibilidad de las comunidades y limitan seriamente la posibilidad de crear políticas publicas adecuadas que transformen las “condiciones (estructurales) de exclusión” añadió el Padre Emigdio, secretario general de dicha institución.

En este sentido la Relatora Verdugo y Comisionados del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial cuestionaron al Estado por el abordaje del principio de auto-identificación del último censo y señalaron la necesidad de trabajar en mejores prácticas que permitan el verdadero reconocimiento del pueblo NAPR en Colombia.  Frente a esto, el Estado colombiano admitió un sub-registro en los resultados del Censo 2018 de la población afrocolombiana, razón por la cual, comunicó que se continuará trabajando con los datos recabados en el censo 2005.

Organizaciones de la sociedad civil colombiano, hoy demandan al Estado colombiano repetir la encuesta censal a población afrocolombiana, pues advierten sobre los efectos negativos que esto puede traer para los grupos étnicos en materia de asignación presupuestal, visibilización de la realidad de los pueblos y la necesidad de crear planes y políticas de inclusión e igualdad para los mismos. 

“Este fallo es responsabilidad del estado colombiano, que no garantizó las condiciones para registrar el fortalecimiento del auto-reconocimiento en los censos, después de mas de una década de esfuerzos por parte de las comunidades y el Estado para fortalecer los procesos formación de auto identificación.  Así  mismo, es preocupante que el DANE haya elegido usar su propia metodología de investigación y recolección de datos, y no haya demostrado confianza a las propuestas de las comunidades NAPR, las cuales incluían espacios de dialogo como la Mesa Interétnica Censal que cesó en reunirse después de haber concluido el operativo censal en el 2018” añade el Padre Emigdio de la CNOA.


Falta de Implementación de los Acuerdos de Paz y Capitulo Étnico

“A pesar de la existencia de marcos normativos y avances en reconocimiento de impactos diferenciales del conflicto armado hacia la población NAPR, aun no se han registrado cambios significativos de factores estructurales que afecten de manera positiva a los pueblos étnicos” advierte el informe alternativo entregado por la sociedad civil colombiana.

Así mismo, el Capitulo Étnico de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) designa a la población étnica como “seriamente afectada por el conflicto armado interno” y ofrece un enfoque diferencial a las disposiciones necesarias para la protección y reparación a las poblaciones victimas del conflicto; sin embargo la situación de vulnerabilidad, marginación y violencia continúan afectado directa y desproporcionalmente a las comunidades étnicas quienes hasta la fecha presentan cifras alarmantes de líderes y lideresas asesinados, amenazados y desplazados en sus territorios.

Frente a esta situación, el Estado colombiano advirtió que ciertamente existe una situación sistemática y preocupante que atenta contra la vida de defensores y defensoras de derechos humanos provocado por grupos ilegales de narcotráfico.  En este sentido, Comisionados del CERD solicitaron al Estado colombiano tomar las medidas necesarias para garantizar la vida de defensores y defensoras de los territorios, recordando la obligación que tiene como veedor de los principios de la vida y la integridad de cualquier persona.

Así mismo, miembros del CERD solicitaron información al Estado sobre la aplicación de la Ley 70, los procesos de consulta previa y de restitución de tierras para las comunidades afrodescendientes e indígenas, señalando la necesidad de entender el papel de empresas extranjeras y extractivistas en territorios declarados ancestrales y las múltiples denuncias de estos territorios frentes a las violencias producidas a causa de la presencia de estos grupos extranjeros.


Reparación colectiva a mujeres Afro victimas del conflicto

Colombia continúa adoptando de manera inadecuada los procesos de reparación colectiva a mujeres afrodescendientes victimas del conflicto armado. El caso de la Coordinación de Mujeres Afrodescendientes Desplazadas en Resistencia (La COMADRE) es emblemático en el sentido de que aún siendo reconocidas como sujeta de reparación colectiva mediante el Auto 092/2008 de la Corte Constitucional, la implementación del plan de reparación bajo el Decreto 4635 no ha avanzado adecuadamente. Peor aun, la implementación del plan carece de un enfoque de genero que tome en cuenta la condición de vulnerabilidad de las mujeres.

En esta materia, la Comisionada Chung, solicitó al Estado colombiano explicar información contenida en el informe en relación a la violencia sexual durante el conflicto armado, como los tipos de violencia, investigaciones, castigos y disculpas de la Estado.  Así mismo la Relatora Mayte Verdugo señaló preocupación por el elevado número de casos de violencia sexual hacía mujeres y adolescentes afrocolombianas.


Recomendaciones de la sociedad civil al Estado colombiano

Durante diálogo informal entre miembros de organizaciones de la sociedad civil y representantes del CERD,  se postularon una serie de recomendaciones por parte de la sociedad civil para procurar mejoras necesarias y urgentes en las condiciones de los pueblos étnicos en Colombia, justamente por un inminente estado de vulnerabilidad de las poblaciones NAPR.

En términos generales las recomendaciones  recomiendan al DANE adoptar las medidas necesarias para corregir los resultados del censo 2018 con respecto al subregistro de la población NAPR. Esto para mitigar los posibles impactos negativos en contra de la población que históricamente ha sufrido desproporcionadamente los impactos de subregistros y políticas publicas.  En relación a la implementación del Acuerdo de Paz y el Capítulo Etnico, se urge la implementación integral del mismo y de todo el marco normativo y legislativo que busca avanzar los procesos de restitución y protección a los derechos de las comunidades afro, en particular de las mujeres. Finalmente, se urge al estado colombiano el adoptar medidas extraordinarias para garantizar la reparación colectiva de las mujeres NAPR victimas del conflicto armado y avanzar los procesos establecidos con un enfoque de genero diferencial.


Vea aquí transmisión de las consideraciones para Colombia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU

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