Junio 27 de 2018 – Los resultados de las elecciones presidenciales de Colombia del pasado 17 de Mayo tendrán efectos sobre las condiciones políticas, institucionales y sociales que determinan la garantía de los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas, especialmente aquellas que han sido víctimas del conflicto armado, la discriminación racial y la exclusión histórica.

La elección de Ivan Duque como nuevo presidente de Colombia para el periodo 2018-2022 con el 53,98% de los votos (10.372.730) y la votación de 8.034.089 ciudadanos (41.81%) por Gustavo Petro, configuran un escenario político con significativas implicaciones para estas comunidades. Duque, como nuevo jefe del poder ejecutivo tiene unas responsabilidades específicas frente a los derechos de los afrocolombianos, derivadas de compromisos del Estado consagrados en la Constitución y las leyes internas (incluido el Acuerdo de Paz), así como con los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados. Gustavo Petro, como representante que encarna la oposición y que tendrá una curul en el Senado, debería liderar los procesos legislativos y de control político que tengan que ver con la protección de los derechos de las comunidades afrocolombianas. Este rol se configura en una obligación ética teniendo en cuenta su compromiso como candidato con las principales demandas de las comunidades afrocolombianas que precisamente llevó a un apoyo de la mayoría de ellas a su candidatura, el cual se tradujo en su victoria en todo el Pacífico colombiano.

La elección de Duque como nuevo presidente ha sido recibida con frustración y temor por parte de las comunidades afrocolombianas afectadas por el conflicto armado; inclusive la desesperanza se siente en algunas de ellas. La frustración se ha producido como consecuencia de la derrota electoral del candidato que apoyaron, y  quien interpretó adecuadamente e incorporó sus visiones y propuestas. Pero también por sentir que este resultado refleja la persistencia de la indiferencia de gran parte de la sociedad para asumir un compromiso que proteja a quienes el conflicto armado ha despojado del disfrute de sus derechos. Y los temores están asociados a las expectativas de una intensificación de la violencia contra líderes, lideresas y comunidades tanto en las áreas rurales como en las ciudades, así como con la continuidad de los desplazamientos y los confinamientos de las comunidades en territorios que han seguido en disputa armada después de la desmovilización de las FARC.

Los temores frente a la continuidad de la violencia no es infundada. La campaña del hoy presidente estuvo apoyada por sectores y personalidades políticas que demandaban la modificación sustancial del Acuerdo de Paz que las comunidades afrocolombianas, amplios sectores de la sociedad y la comunidad internacional han apoyado y valorado como la ruta para la garantía de los derechos de las comunidades afrocolombianas y la construcción de una paz sostenible y justa para toda la sociedad. Si el nuevo presidente mantiene posiciones y asume decisiones para incumplir lo pactado en el Acuerdo, esto debilitará su implementación. Sectores de la opinión pública están llamando a dar el “beneficio de la duda” al nuevo presidente. Sin embargo, las primeros signos no son alentadores: el 19 de junio, la bancada de congresistas del partido de Ivan Duque y legisladores de otros partidos que apoyaron su candidatura,  aprobaron el aplazamiento para avanzar en la reglamentación legislativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que es una de las piezas fundamentales del Acuerdo.

El respeto a lo pactado en el Acuerdo, que se consolidó como un mandato constitucional y una política de Estado, debería ser el camino a seguir del nuevo presidente, pero esa no parece que fuera a ser su hoja de ruta. Las consecuencias de esto para las comunidades afrocolombianas serán muy negativas. No solamente porque se pondría en riesgo el cumplimiento de lo estipulado en el Capítulo Étnico del Acuerdo. Modificaciones sustantivas al Sistema Integral de Verdad, Justica, Reparación y No Repetición o de los mecanismos de la Reforma Rural Integral impondrán obstáculos significativos para la restitución de derechos de las comunidades afrocolombianas.

Pero la decisión de desconocer, modificar o no garantizar las condiciones de implementación del Acuerdo no exime a la nueva administración de las responsabilidades y deberes del Estado frente a la situación de derechos humanos de las comunidades afrocolombianas. Se debe recordar que el Acuerdo incorporó demandas y derechos consagrados igualmente en otras normas constitucionales y legislativas, así como en compromisos internacionales que mantienen vigencia. La terminación de la reglamentación de la Ley 70 de 1993, las sentencias y órdenes constitucionales, las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y las recomendaciones de organismos internacionales como el Comité CERD, que monitorea la Convencion Internacional contra Toda Forma de Discriminacion racial; todas ellas configuran obligaciones que el nuevo presidente debe cumplir.

La garantía a las comunidades afrocolombianas del derecho a la consulta previa, libre e informada, también mantiene su preeminencia en todas las decisiones que adopte la nueva administración y el Congreso. La garantía de este derecho en el marco de la formulación del próximo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 es un deber para el nuevo presidente que será exigido y vigilado por parte de las comunidades y la comunidad internacional. El modelo de desarrollo que el presidente electo reveló durante la campaña no reconoce adecuadamente los derechos de las comunidades afrocolombianas y promueve la continuidad de políticas económicas que obstaculizan los derechos étnico-culturales y la superación de la exclusión. Aunque como presidente electo tendrá la capacidad de buscar que el nuevo plan de desarrollo instrumentalice su visión de desarrollo, dicho plan tendrá que ser consultado con las comunidades y no podrá desconocer los derechos ya reconocidos a las mismas. Todas las administraciones pasadas no han garantizado en forma adecuada el derecho a la consulta previa en la elaboración de Plan Nacional de Desarrollo. El nuevo presidente tiene la obligación de corregir esta práctica.

El Congreso de la República también está obligado a expedir las leyes que garanticen los derechos de las comunidades afrocolombianas, así como a ejercer el control político sobre la nueva administración liderada por Duque. El record histórico del poder legislativo colombiano en esta materia tampoco ofrece antecedentes positivos. De ahí la importancia que reviste el rol que deben jugar Gustavo Petro desde su curul en el Senado, así como los congresistas que apoyaron su candidatura. El apoyo masivo de la mayoría de comunidades afrocolombianas a la candidatura de Gustavo Petro, y el compromiso demostrado por este a sus demandas ofrecen condiciones idóneas para corregir la exclusión estructural de los afrocolombianos del proceso legislativo. Las expectativas y el entusiasmo que han expresado estas comunidades luego de las elecciones deben ser correspondidas en esta perspectiva.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, ante esta nueva coyuntura política e institucional que enfrentaran las comunidades afrocolombianas, continuará apoyando los procesos de promoción y protección sus derechos fundamentales. Estaremos especialmente atentos para apoyar los procesos conducentes a que el Estado colombiano cumpla con los compromisos internacionales que tiene frente a estas comunidades. En esta perspectiva, de manera específica ofrecemos las siguientes recomendaciones:

• La nueva administración debe priorizar la adopción de medidas para proteger la vida y la integridad personal de los líderes y lideresas afrocolombianas en riesgo.
• El presidente electo debe expresar con urgencia su aval para que el Congreso de la República expida la Ley de Procedimiento de la Justicia Especial para la Paz.
• En la formulación del Plan de Desarrollo 2018-2022, la nueva administración debe garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades afrocolombianas víctimas del conflicto armado.
• En el nuevo Plan de Desarrollo se debe priorizar la inclusión y financiación de las políticas públicas para dar cumplimiento a lo estipulado por la Corte Constitucional en los Autos 05 de 2009 y Auto 092 de 2008, y en el Decreto 4635 de 2011.
• La nueva administración y el Congreso de la República deben priorizar la terminación de la reglamentación de la Ley 70 de 1993.
• El Estado colombiano debe cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos relacionadas con los derechos de las comunidades afrocolombianas.