Alta Comisionada Michelle Bachelet: “la crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático” en Nicaragua

Ginebra, 2 de julio de 2020. La crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático en Nicaragua, afirmó hoy la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su actualización oral durante el 44 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

“El discurso oficial estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales (…) Existe también poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos. Aunque el Gobierno ha señalado que ha estado trabajando para fortalecer la salud pública, la salud comunitaria, visitando casa a casa para detectar casos, algunas medidas gubernamentales no se ajustan a las recomendaciones de la OMS, la OPS y la comunidad médica nicaragüense, especialmente respecto al distanciamiento físico”, detalló la Alta Comisionada.

La OACNUDH también ha recibido denuncias de al menos 16 médicos que habrían sido despedidos “sin respetar los procedimientos legales, por criticar la respuesta estatal ante la pandemia”.

Además, mencionó como efecto consecuente de la pandemia el incremento de la violencia contra las mujeres, particularmente de los femicidios, de los que se registraron 32 entre enero y mayo de este año, 5 más que el año pasado.

Esta actualización es parte del mandato de la recién aprobada resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua (A/HRC/43/L.35)”, misma que permitirá que se realice una nueva actualización oral en el 45 periodo de sesiones en septiembre de este año y un informe escrito en el 46 periodo de sesiones en marzo de 2021.

Por su parte, la Procuradora General de Nicaragua, Wendy Carolina Morales, tildó de “campañas de desinformación y odio” a las informaciones que se han divulgado sobre la inadecuada respuesta gubernamental ante la pandemia, asegurando que se adoptaron una serie de medidas preventivas para preparar al sistema de salud público ante la llegada del nuevo coronavirus. Morales además descalificó el informe de la Alta Comisionada y tildó de “injerencista” a la resolución L.35 aprobada a finales de junio pasado.

Violaciones a derechos humanos

La Alta Comisionada también aseguró que desde su último informe ante el Consejo sobre la situación en Nicaragua, en febrero pasado, “se siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos contra quienes el Gobierno percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y exdetenidos políticos”.

De acuerdo con la OACNUDH, el derecho a la reunión pacífica en Nicaragua continúa siendo sistemáticamente coartado: entre marzo y junio de este año documentaron 43 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra personas percibidas como opositoras.

Mientras, Bachelet alertó que aún no se conocen investigaciones o procesos penales para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos dos años, también debido a la Ley de Amnistía.

Ataques en zonas rurales

Otro tema de preocupación para la OACNUDH son los ataques y homicidios en zonas rurales. Bachelet mencionó los ataques con armas de fuego que dejaron cuatro indígenas muertos y dos heridos en el territorio Tuahka, Región Autónoma Costa Caribe Norte, en 26 y 27 de marzo; así como los incidentes violentos del 19 y 20 de abril en la Isla de Ometepe, que dejaron al menos dos residentes y tres policías heridos; y el homicidio de un opositor en Jinotega en marzo.

“Esta persistente impunidad erosiona la confianza en las autoridades, y junto con la falta de reformas legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos”, resaltó Bachelet.

Señaló además que desde 2018 el Gobierno ha cancelado la personalidad jurídica de 10 organizaciones de la sociedad civil sin las garantías del debido proceso, afectado el derecho a la libertad de asociación en el país. La última fue la Asociación de Hermanamiento Municipal (ASODHERMU), que desarrollaba actividades sociales en Camoapa, cancelada el 25 de junio.

Por otro lado, la Alta Comisionada recomendó la liberación de todas las personas detenidas en el contexto de las protestas durante los últimos dos años.

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno a una mayor apertura al diálogo con la sociedad civil, así como a cooperar con las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano. “Esto es fundamental para fortalecer la respuesta a la pandemia, implementar medidas consensuadas que contribuyan a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos, y preparar un proceso electoral justo y transparente”.

Concluyó instando al Consejo de Derechos Humanos a seguir monitoreando la situación.

Sociedad civil

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), participaron del debate en el Consejo tras la actualización oral de la Alta Comisionada. “Continúa el secretismo que aumenta el riesgo y la incertidumbre ante la gran diferencia en las cifras oficiales con 83 fallecidos y las del Observatorio Ciudadano, que señala 1878 muertes sospechosas, unido a las amenazas y despidos masivos del personal médico de los hospitales y la falta de protección de que fueron objeto por lo cual fallecieron más de 40”, señaló Sonia Tancic en representación de ambas organizaciones.

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