Crisis en Nicaragua se agrava: ejecuciones extrajudiciales, detenciones y persecución continúa

Un recrudecimiento de la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril de 2018 ha tenido lugar en las últimas semanas, en las que se han denunciado casos de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias a opositores cometidas por policías y grupos armados paraestatales, especialmente en áreas rurales, así como persecución a defensores de derechos humanos y periodistas.

Ejecuciones extrajudiciales

La persecución selectiva de campesinos y líderes sociales en áreas rurales no es reciente, puesto que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), ha documentado su ocurrencia desde el año 2007. Sin embargo, la directora ejecutiva de dicha organización, Marlin Sierra, señala que este tipo de casos ha sido una continuación de las acciones que ya se realizaban en años anteriores.

“El patrón que están utilizando es el mismo, son personas que las asesinan en los caminos, con armas de fuego, aduciendo que eran delincuentes comunes, la militarización se mantiene en el campo”, asegura Sierra, aclarando que en su mayoría los asesinados son personas que eran opositoras antes de la crisis o que se unieron a las manifestaciones una vez que estalló la crisis en abril del año pasado.

Desde julio 2018 hasta junio 2019, el CENIDH ha registrado 21 de estos asesinatos solamente en la ciudad de Jinotega, al norte del país, específicamente en las comunidades de Wiwilí, El Cuá y Pantasma.

Con los datos del CENIDH concuerda un informe realizado por la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra, quien en entrevista con el diario La Prensa, reveló que desde octubre de 2018 hasta el 15 de julio de este año “es posible observar un incremento de asesinatos en las zonas rurales del país, una buena parte de ellos tienen como víctimas a líderes sociales y políticos vinculados con el movimiento cívico o partidos políticos de oposición”.

En el tiempo documentado por Cuadra, se reportaron 29 asesinatos selectivos cometidos por grupos paramilitares con la complacencia de la Policía, de los cuales en 28 casos se utilizaron armas de fuego.

Un caso que no se incluye en esta lista es el de José Alejandro Martínez, de 27 años, puesto que logró sobrevivir al ataque armado. El hombre, quien fue preso político del Gobierno y excarcelado hace cuatro meses, fue atacado a balazos cerca de su casa en Wiwilí, presuntamente por un paramilitar. Tras el ataque, los médicos comunicaron a Martínez que no podrá volver a caminar.

Otro caso preocupante, aunque no ocurrió en una zona rural, fue el asesinato de Bryan Murillo López, un joven de 22 años a quien agentes policiales mataron dentro de su propia vivienda en la ciudad de León al irrumpir violentamente a las 4 y 30 am del miércoles 17 de julio. Murillo murió producto de tres disparos en el pecho. Los familiares del joven presumen que puede haber razones políticas detrás del ataque puesto que éste participó en tranques y marchas que se realizaron el año pasado.

En el mismo hecho, producto de la violencia policial, resultaron heridos otros dos miembros de la misma familia, Kenner Murillo López y su cuñado Javier Cortez Castillo. La Policía divulgó un comunicado en que se refería a las víctimas como delincuentes, sin embargo, las madres de los jóvenes presentaron evidencias de que la misma policía no tenía registrados antecedentes penales en ninguno de los casos.

Detenciones arbitrarias

Otra de las formas de represión que ha continuado tras 15 meses de iniciada la crisis de derechos humanos, son las detenciones arbitrarias tanto a manifestantes como a ex prisioneros políticos.

Uno de los casos más recientes es el de Jaime Enrique Navarrete, quien fue secuestrado frente a su casa por agentes de la Policía el miércoles 24 de julio, y quien ahora está siendo procesado por los delitos de posesión de estupefacientes y portación ilegal de armas de fuego. Según los medios locales, Navarrete fue presentado ante el juez con la nariz quebrada y moretones en todo el cuerpo por las palizas que recibió en la delegación policial.

También Edwin Altamirano, otro excarcelado político, fue detenido el jueves 17 de julio en su casa en Managua. De acuerdo con sus familiares, agentes policiales entraron a la vivienda con violencia y sin orden judicial y se lo llevaron detenido sin explicar el motivo de su detención.

Otros dos jóvenes, Kevin Orlando López, de la ciudad de Estelí, y Brayan Cruz Calderón, de Managua, ambos ex prisioneros políticos, fueron capturados en junio y julio y están siendo acusados por delitos comunes como posesión de droga y robo con intimidación.

Este tipo de capturas también se han cometido a ciudadanos reconocidos públicamente como opositores en distintas ciudades del país, aunque en varios casos se han reportado liberaciones un par de días después de las detenciones arbitrarias.

“Nosotros diario estamos recibiendo denuncias de amenazas, ya no solo de agresión o vigilancia, sino amenazas directas de muerte”, explica Marlin Sierra, quien ha recibido denuncias de todo el país, especialmente de las ciudades de Matagalpa, Jinotega, Estelí y Managua.

Persecución a defensores de derechos humanos

Los defensores de derechos humanos y abogados de prisioneros políticos han sido igualmente blanco de persecuciones y amedrentamiento por parte de grupos policiales.

El último caso ocurrió el viernes 26 de julio, con la detención de la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), María Oviedo, por parte de agentes policiales de la ciudad de Masaya, quienes la acusaron ante el juez por “obstrucción de funciones”. Tras dos días de estar detenida, la judicial otorgó medidas alternas a Oviedo, por lo que podrá enfrentar el proceso en libertad.

En Managua, el pasado 15 de julio, unas 7 patrullas de agentes antimotines rodearon las instalaciones de la CPDH luego de que un grupo de jóvenes realizara una “piquete exprés” de 5 minutos. Esta es la única organización no gubernamental de derechos humanos aún facultada por ley para brindar atención pública, misma que recibió medidas provisionales de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en este mes, junto con el CENIDH.

“La vigilancia y la persecución y la campaña de desprestigio contra nosotros es permanente”, denunció la directora ejecutiva del CENIDH, quien opina que “el Estado ignora totalmente la disposición de la CorteIDH”.

Solamente un día después, el 16 de julio, el grupo de abogados conocido como Defensores del Pueblo denunció que unas seis patrullas de la Policía se encontraban rodeando las vías de acceso a sus instalaciones. Y el 20 de julio, sin dar explicaciones, la Policía envió al depósito vehicular el carro de la abogada Yonarquis Martínez,  defensora de varios presos políticos. Un par de días después, la abogada logró recuperar su vehículo y licencia de conducir.

La crisis que enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos también se ha profundizado, porque el estatus legal, de las nueve ongs (CISAS, CENIDH, IEEPP, Hagamos Democracia, Ipade, Cinco, Popol Na, Fundación del Río y el Instituto de Liderazgo de las Segovias) despojadas arbitrariamente de su personería jurídica, no ha sido reestablecido luego de siete meses, ni tampoco sus bienes fueron regresados. Las amenazas y la intención de criminalizarles y llevarles ante los tribunales, siempre está presente, como ha quedado demostrado en el caso de la abogada de la CPDH, María Oviedo.

El periodismo independiente continúa bajo la violencia del régimen

El periodista de Confidencial, Juan Carlos Bow resultó herido en su mano derecha mientras entrevistaba a un familiar de una persona detenida en la protesta, producto de una canica de vidrio disparada por la policía que reprimió el plantón que se desarrollaba el 25 de julio pasado, en protesta por la represión gubernamental, en el sector de Movistar, en la ciudad de Managua.

El sitio web de la radio La Costeñísima  fue objeto de un ciber ataque para con el propósito de afectar su página web, mientras las instalaciones de 100% Noticias y Confidencial, Esta Semana, Esta Noche y Niú continúan tomadas por la policía.

Los principales medios escritos también continúan enfrentando obstáculos para desaduanar sus materias primas y el Diario La Prensa no ha logrado desaduanar nada del papel y las materias primas que arbitrariamente se le retienen desde hace 48 semanas.

Pronunciamiento

Los hechos descritos evidencian que la crisis nicaragüense se ha agudizado y que incluso, no cesan sus efectos letales en la humanidad de personas que son identificadas como opositores al régimen.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, Raza e Igualdad hace un vehemente llamado al Estado de Nicaragua a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y a respetar las disposiciones de la Declaración sobre Defensores. Además, demandamos al Estado que cumpla con las medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH en favor del CENIDH y la CPDH.

Demandamos también que el Estado garantice investigaciones exhaustivas e independientes respecto de las ejecuciones sumarias y otros hechos de violencia letal en que han participado agentes policiales y para estatales.

De igual forma, instamos a la Organización de Estados Americanos (OEA) a conformar con la urgencia del caso, la Comisión de Alto Nivel prevista en la Resolución aprobada por la Asamblea General en Medellín, Colombia, para buscar una solución pacífica a la grave crisis que agobia a Nicaragua desde abril del año 2018.

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