Gobierno de Nicaragua impide el regreso de cientos de nicaragüenses a su país

Foto de Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más

Washington, D.C., 31 de julio de 2020. Desde hace más de diez días, cientos de nicaragüenses permanecen en la frontera sur de Nicaragua procedentes de Costa Rica, imposibilitados de entrar a su país puesto que las autoridades les exigen una prueba negativa de COVID-19 cuyo costo no tienen la capacidad de pagar.

Organizaciones de derechos humanos calculan que unas 300 personas se encuentran a la intemperie, sin acceso a alimentos y con servicios higiénicos limitados, varados en espacio nicaragüense, pero sin haber pasado el puesto fronterizo. Dentro del grupo hay niños, niñas, adultos mayores y mujeres embarazadas, expuestos a contraer COVID-19 por la imposibilidad para observar medidas de prevención básicas como lavarse las manos y mantener una adecuada higiene personal.

Las autoridades costarricenses anunciaron ayer que varias organizaciones de la sociedad civil lograron gestionar recursos para costear de forma privada la realización de pruebas de COVID-19 a todos los nicaragüenses varados en la frontera, cuyos resultados se espera tener en un máximo de 48 horas.

Condiciones inhumanas

“Están en condiciones completamente inhumanas, inhóspitas, no cuentan ni siquiera con la mínima garantía de vida para tener acceso al agua potable, a tener acceso a un lugar donde dormir, a tener un techo digno, están durmiendo bajo champas, bajo plástico negro que al sol calienta demasiado”, relata Braulio Abarca, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, quien ha estado en la frontera durante varios días.

Según Abarca, el Estado de Nicaragua no solo les ha impedido el paso a sus ciudadanos, sino que la Policía y miembros del Ejército, quienes tienen cercado el paso fronterizo, han golpeado a las personas para hacerlas a un lado, para impedirles que se organicen o tomen liderazgos y les han amenazado para que no hablen con periodistas ni con los defensores de derechos humanos que se han presentado al lugar.

Fabián Flores, uno de los nicaragüenses que se encuentra en la frontera sur de Nicaragua, logró hablar con un equipo periodístico de Nicaragua Actual y señaló: “Queremos ir a nuestras casas, si el problema es el tranque, ya no hay tranque, si el problema es el Minsa (Ministerio de Salud), hay que traer personal calificado para que venga, no que traen policías y antimotines que no van a resolver, son médicos los que deberían estar atendiendo esto y prestando las condiciones pertinentes para nosotros, si es que realmente se quiere demostrar un verdadero protocolo sanitario”.

Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) ha exigido al Gobierno velar por la salud de los nicaragüenses en la frontera de Peñas Blancas, que están sufriendo condiciones precarias que les hacen especialmente vulnerables y les exponen al contagio.

Forzados a encontrar otras vías de ingreso o regresar a Costa Rica

En días pasados, se había llegado a contabilizar más de 500 personas varadas, pero ante la negativa de las autoridades de dejarles pasar, han buscado otras vías para entrar al país. “Hay personas que han arriesgado su vida y que han arriesgado su integridad y han tenido que salir de manera irregular, no sabemos cómo, no sabemos en qué condiciones, ni siquiera sabemos si esas personas han podido llegar a su destino”, señaló Abarca.

Otras personas han optado por retornar a Costa Rica, luego de que el Gobierno costarricense publicara un lineamiento para que las personas “rechazadas por la República de Nicaragua”, puedan anular su egreso del país y ser admitidos nuevamente, pero esta opción se evaluará caso por caso y no es viable para todos los migrantes, muchos de los cuales han quedado sin trabajo ni medios económicos para sustentarse en ese país.

Según el Artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua, los nicaragüenses tienen derecho a entrar y salir libremente del país. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló recientemente que “cuando los migrantes desean regresar voluntariamente a sus hogares, los gobiernos tienen la obligación de recibirlos y de velar por que tengan acceso a la atención sanitaria y a otros derechos”, así mismo enfatizó en que “los migrantes que regresan a su país de origen deben ser incluidos en las estrategias de respuesta nacional, de protección social y de recuperación, sin discriminación alguna, y deben estar protegidos de la estigmatización y la marginación, lo mismo en la esfera pública que en la privada”.

La OACNUDH calculaba que unos 850 migrantes se encontraban varados hasta el 27 de julio en zonas fronterizas de Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Guatemala,

Pronunciamiento

Raza e Igualdad demanda se respete el derecho de los y las nicaragüenses de ingresar a su propio país, sobre todo en un contexto de pandemia en que la población migrante está expuesta a serias vulnerabilidades. Exigimos al Estado que realice pruebas gratuitas, garantizando así el derecho a la salud de los ciudadanos, para facilitar el cumplimiento del protocolo que ha dispuesto de forma que los nicaragüenses varados en el exterior o en las fronteras sur y norte de Nicaragua logren ingresar a la brevedad.

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