Seguimos exigiendo libertad, justicia y democracia para Nicaragua

Washington, D.C. 18 de abril de 2019. Un año se cumple este 18 de abril de haber empezado en Nicaragua un levantamiento popular genuino encabezado por jóvenes, el cual ha terminado por cambiar el rumbo del país en busca de tres demandas concretas: libertad para los apresados arbitrariamente y restablecimiento de las libertades, derechos y garantías constitucionales; justicia para las víctimas de la represión, garantías de reparación y no repetición y democracia para el país.

¿Qué ha pasado en Nicaragua?

Hace 12 meses, un grupo de universitarios, en su mayoría, y personas mayores, organizaron protestas en las ciudades de León y Managua por unas reformas inconsultas a la Ley de Seguridad Social. La represión de ese 18 de abril a personas mayores, jóvenes y periodistas por parte de turbas y grupos afines al partido de gobierno causó tanta indignación en la población que las protestas se extendieron por varias ciudades del país. Sin embargo, la represión también escaló, y comenzó a ejecutarse con apoyo de la Policía y paraestatales con armas de guerra. El 19 de abril se reportaron las primeras tres muertes.

Así, en los primeros seis meses de crisis la violenta represión estatal dejó como resultado al menos 325 personas muertas y otras 2 mil heridas, de acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), organismo que instaló en el país la misión en terreno más extensa en su historia: desde julio a diciembre el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) trabajaron en el registro de los hechos de violencia y en el acompañamiento a las víctimas, hasta que el Gobierno decidió dar por concluida la misión de la primera y no extender el mandato al segundo, además de instarle al inmediato abandono del país.

Hasta agosto, las misiones de la CIDH trabajaron en conjunto con una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), misma que fue expulsada tras presentar un informe en el que aseguraba que el Estado había abusado de su autoridad y causado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual.  A estos mismos hechos el GIEI los calificó como crímenes de lesa humanidad.

Por miedo a la violencia mortal, a las posibles torturas o al apresamiento, miles de personas huyeron del país: solamente en Costa Rica, se estima que se exiliaron entre 40 y 60 mil nicaragüenses.

En el segundo semestre de la crisis, la represión fue selectiva. Las autoridades procedieron a capturar a más de 700 personas y cientos de ellas fueron procesadas por delitos como terrorismo, asesinato, robos, alteración al orden público, simplemente por haber participado en las protestas. A ello le siguió la prohibición de las manifestaciones de cualquier tipo por parte de ciudadanos opositores; el cierre y confiscación de medios de comunicación independientes y el exilio impuesto a decenas de periodistas ante su inminente captura, la persecución y hostigamiento a defensores de derechos humanos de origen nicaragüense y deportación para aquellos nacionalizados; cancelación arbitraria de la personería jurídica de organizaciones no gubernamentales dedicadas a proteger derechos humanos, derechos ambientales o enfocadas en la investigación.

En febrero de este año, un nuevo intento de diálogo ha abierto las puertas a una posible salida pacífica a la crisis, pero aunque el gobierno se ha comprometido a la liberación de todos los presos políticos y a la cancelación de sus procesos judiciales, así como al respeto de derechos y garantías ciudadanas que han sido anuladas desde hace un año, estos compromisos no han sido respetados y la Policía continúa prohibiendo las manifestaciones pacíficas y manteniendo una presencia intimidatoria en las calles.

¿Qué opinan las y los defensores nicaragüenses?

“Ha sido un año de dolor, indignación e impotencia, un año donde se ha desencadenado la más cruda y perversa represión que se haya registrado en nuestra historia”, consideran defensores y defensoras del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

No obstante, aseguran que la crisis “ha revelado la capacidad incansable de los y las nicaragüenses por persistir en su demanda de justicia” y además su alta capacidad de organización “a pesar de todas las víctimas, agresiones y la amenaza latente de sufrir una agresión por parte de la Policía Nacional, paramilitares y fuerzas de choque”.

Por parte del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), también resalta que en el país continúan las violaciones a los derechos humanos, y a pesar de que los acuerdos en la actual negociación no han sido cumplidos por el Gobierno, siguen confiando en que el diálogo es necesario y urgente porque la crisis en el país es insostenible.

Desde CEJUDHCAN creen que otro de los temas que no han sido incluidos dentro de la negociación es la justicia de los pueblos indígenas y afrodescendientes, con respecto a violaciones al derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, la falta de garantía a la propiedad comunal de los pueblos indígenas, la vulnerabilidad de defensores y defensoras, líderes comunales y territoriales de las comunidades indígenas, entre otros.

La Asociación Diversidad Sexual Nicaragüense (ADISNIC), opina que tres temas sumamente importantes que deben priorizarse dentro de las actuales negociaciones son: “el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos, la restauración de personerías jurídicas de las organizaciones de sociedad civil a quienes les fueron canceladas y el cese de la persecución a defensores y activistas”.

Para cumplir estos acuerdos, los organismos de derechos humanos coinciden en que es necesario el acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos como la CIDH y el OACNUDH para que se materialicen los acuerdos establecidos por las partes, así como la creación de comisiones intersectoriales que incluyan a sociedad civil, gobierno y movimientos sociales que actúen como fiscalizadores internos del cumplimiento de los mismos.

Sin embargo, el CENIDH considera que “mientras no exista una voluntad política de garantizar y respetar los derechos humanos, todas las demandas de la población nicaragüense continuarán sin cumplirse”.

A la comunidad internacional, las organizaciones recomiendan apoyar a Nicaragua de las siguientes maneras: seguir exponiendo, denunciando y exigiendo el cese de la represión en el marco de la legislación regional e internacional en materia de derechos humanos; actuar como un puente indispensable para la búsqueda de una salida pacífica que garantice el cumplimiento de los acuerdos; continuar con las conversaciones en los diversos foros internacionales para generar mayor compromiso de otros actores internacionales; seguimiento y monitoreo constante de la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Nicaragua; acciones de apoyo y monitoreo de la situación de las personas nicaragüenses desplazadas a otros países, especialmente a países de la región centroamericana.

Otras formas en que pueden mostrar su apoyo, si las negociaciones no tiene el resultado esperado, son: impulsar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante la falta de garantía de derechos humanos y las afectaciones a la democracia nicaragüense; la activación de mecanismos extraordinarios de presión política y financiación para hacer frente a la crisis de derechos humanos  (incluida en la Costa Caribe Norte de Nicaragua) que no ha sido declarada por el gobierno nacional; y acciones de apoyo y financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil, ante el cierre de espacios y la imposición de obstáculos administrativos y financieros, para garantizar su labor en la defensa de los derechos humanos.

Nuestro posicionamiento

Raza e Igualdad en este día, une su voz al clamor por la libertad, justicia y democracia para el pueblo de Nicaragua.  Nos sumamos al llamado urgente que amplios sectores nacionales y de la comunidad internacional han hecho de forma reiterada al Estado de Nicaragua para que se comprometa con los esfuerzos emprendidos por amplios sectores sociales para restablecer la paz y el Estado de Derecho, debilitadas desde que Daniel Ortega regresó al poder en el año 2008.

Deseamos que la solución a este conflicto que ha dejado tanto dolor y pérdidas económicas al pueblo nicaragüense sea por la vía del diálogo, garantizando los indispensables espacios para la participación política, la libertad de expresión y asociación, así como el pleno y efectivo goce de los derechos humanos consagrados en la Constitución de Nicaragua y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Instamos al Estado de Nicaragua para que las garantías de reparación y no repetición sean insignia de la voluntad política necesaria para que no queden impunes los crímenes de lesa humanidad que en el marco de este conflicto han marcado para siempre la historia del pueblo nicaragüense. Por tal razón, consideramos de extrema importancia la participación de la comunidad internacional como mediadora en los espacios de negociación hoy efectivamente establecidos en el país; especialmente para garantizar que las voces de las víctimas, los nicaragüenses en el exilio y los sectores históricamente invisibilizados sean escuchadas y tenidas en cuenta como parte de un proceso de justicia que conduzca al restablecimiento de la paz y la democracia.

Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a brindar las condiciones necesarias para materializar los acuerdos ya alcanzados en la mesa de negociación para la exigibilidad de los derechos inherentes a cada nicaragüense, por tal razón, demandamos la liberación de los más de 700 presos y presas políticas, arbitrariamente detenidos e injustamente procesados. Así mismo, solicitamos el cese de la criminalización y el hostigamiento hacia los prisioneros políticos, para que su reincorporación a la vida en sociedad sea con las debidas garantías de sus derechos fundamentales y no bajo condiciones de temor y persecución que atentan contra su integridad y sus proyectos de vida.

Urgimos al Estado a garantizar el legítimo derecho a la libertad de expresión, opinión y protesta social, mecanismos de participación que garantizan el equilibrio social y por esta vía, entornos propicios para la  vida en democracia. Así mismo, demandamos que las organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, medios de comunicación independientes y demás líderes de opinión dejen de ser víctimas de persecución, criminalización y señalamientos como “incitadores del desorden social”, y se les permita en libertad participar plenamente en la discusión y el diálogo como corresponde en una nación pluralista e inclusiva.   En este sentido, solicitamos urgentemente se garantice el derecho a la libertad de asociación a través de la restitución de la personería jurídica de las organizaciones de sociedad civil independiente que son hoy víctimas de las decisiones arbitrarias del Gobierno de Daniel Ortega

Hacemos un especial llamado a la comunidad internacional a continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en el país centroamericano, especialmente en este momento de supuesta apertura al diálogo y la negociación, para que la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición reconozcan las afectaciones diferenciadas que el impacto de la crisis ha tenido en la vida de mujeres, población indígena, afrodescendiente y comunidad LGBTI; grupos sociales histórica y estructuralmente invisibilizados y marginados que se convierten en blanco de múltiples agresiones en el contexto del conflicto sociopolítico aun sin resolver.

Como institución que trabaja por la defensa y reconocimiento de los derechos humanos, desde Raza e Igualdad nos comprometemos a continuar trabajando para que la voz de las y los nicaragüenses sea escuchada, tomada en cuenta de forma efectiva y para que los crímenes contra quienes entregaron sus vidas por defender la libertad de Nicaragua, no queden en la impunidad.

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