Bogotá, 4 de septiembre de 2020.– Con el objetivo de obtener propuestas para el esclarecimiento de la verdad, acceso a la justicia y garantías de no repetición sobre la masacre de cinco jóvenes afrocolombianos ocurrida el pasado 11 de agosto en el barrio Llano Verde, en Cali, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó un seminario virtual con líderes sociales, representantes de la institucionalidad y la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El webinar se denominó Masacres de Jóvenes Afrocolombianos Víctimas del Conflicto: Análisis y Propuestas para la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – CASO LLANO VERDE y contó con el apoyo de la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés). Las y los panelistas se refirieron a las afectaciones particulares de las comunidades afrocolombianas víctimas del conflicto armado que residen en contextos urbanos desde una perspectiva étnico-racial, destacando cómo la discriminación y el racismo estructural son factores que permean estos hechos y deben ser tomados en cuenta para la búsqueda de soluciones.

Estas fueron las propuestas que plantearon para que la masacre de Llano Verde no quede en la impunidad y tanto las familias de las víctimas como la población afrocolombiana en general no permanezca vulnerable ante este tipo de crímenes.

Apelan a la CIDH para presionar al Gobierno a ofrecer respuestas

Erlendy Cuero Bravo, coordinadora de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, capítulo Cali, solicitó a la comisionada Margarette May Macaulay realizar una visita a Llano Verde, como lo hizo junto a la comisionada Esmeralda Arosemena Troitiño en octubre de 2018, y que “a través de sus buenos oficios se pronuncie y haga recomendaciones al Estado” para que la comunidad pueda conocer la verdad y acceder a la justicia, pero también a la reparación y a las garantías de no repetición. “La paz no se puede construir desde lo nacional, se debe construir desde lo territorial para que esta pueda ser de acuerdo con las necesidades de las comunidades”, expresó.

Escuchar a la juventud y asegurarles educación

El joven Yeison Tobar, coordinador de la iniciativa Semillero Afrodes Cali, planteó la importancia que tanto las entidades de Gobierno como las organizaciones de la sociedad civil se acerquen a las y los jóvenes para escuchar sus inquietudes y necesidades, y les inviten a ser partícipes de proyectos de desarrollo, pero dejando que sea la juventud la protagonista de estos procesos. “Muchas veces la respuesta que se da es ‘los jóvenes no quieren hacer nada’, pero no se dan a la tarea de indagar un poco más sobre la vida, los sentimientos y las emociones de los jóvenes”, apuntó.

Tobar también dijo que entre las y los jóvenes existe la necesidad de acceder a la educación y completar sus estudios, incluyendo la educación técnica, tecnológica y superior. «La apuesta principal de los jóvenes es la educación», aseguró.

Mejorar condiciones de vida y ratificar Convención contra la Discriminación Racial

La Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la CIDH, se mostró dispuesta a acompañar el proceso de esclarecimiento de la verdad y acceso a la justicia sobre la masacre de Llano Verde, e hizo hincapié en la necesidad que el Estado otorgue una “reparación comprensiva”, que no se trata necesariamente de dar dinero a la comunidad afectada, sino de brindar condiciones para mejorar sus vidas, como escuelas, universidades, centros de salud, hospitales, servicio de transporte eficiente, etc.

También llamó al Gobierno a investigar a fondo todos los actos de violencia contra las y los afrocolombianos para llegar a la verdad y castigar a los responsables. Para Macaulay, es fundamental que se garanticen los derechos de las poblaciones afrodescendientes e indígenas en Colombia, lo cual incluye trabajar para combatir y eliminar la discriminación contra estos grupos. En ese sentido, la Comisionada recordó que Colombia es uno de los países que no ha ratificado la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Dinamización económica y presencia institucional

El concejal de Santiago de Cali, Fernando Tamayo, destacó que esta masacre no debe quedar como un hecho aislado y recordó que ya se habían lanzado alertas sobre la presencia de estructuras criminales y desplazamiento intraurbano. Desde su punto de vista, un paso importante para evitar que estos crímenes se repitan es la dinamización económica del sector, y en ese sentido señaló dos proyectos pendientes en el Plan de Desarrollo: una central de abastos para el Oriente del municipio y la Universidad Distrital. Asimismo, insistió en la inversión en presencia institucional.

Respetar los Acuerdos de Paz

Luz Marina Becerra, secretaria general de Afrodes, afirmó en primer lugar que la falta de oportunidades para estudiar y trabajar convierte a los jóvenes afrocolombianos en “presa fácil” de grupos delictivos que se dedican principalmente al microtráfico de drogas, y esto desemboca en un patrón de violencia sistemático. Para Becerra, es fundamental que se respeten los Acuerdos de Paz y que la población afrodescendiente obtenga mejores condiciones de vida para salir de las condiciones que la hacen vulnerable. También habló de la importancia del trabajo de las mujeres negras y los saberes ancestrales en los procesos de sanación y duelo de las familias. El proyecto “Tonga de mujeres que sanamos mujeres”, de AFRODES, es una de esas iniciativas enfocadas en la sanación y cuidados de las mujeres afrocolombianas.

Aplicación de la Ley 70 y la Ley Antidiscriminación en contextos urbanos

Alí Bantú Ashanti, abogado afrocolombiano asociado al Colectivo Justicia Racial, planteó la necesidad de ajustar la aplicación de la Ley 70 para contextos urbanos, pues esta ley fue formulada pensando en contextos rurales. De igual forma, señaló que la Ley 1482 –conocida como Ley Antidiscriminación—no ha tenido la relevancia esperada porque en principio no recoge los postulados de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).

En alusión al hecho que en algunos medios de comunicación se ha intentado justificar el asesinato de los cinco jóvenes en Llano Verde relacionándolos con actividades delictivas, el abogado señalo que ello se debe al racismo estructural y a la desvalorización de las vidas negras. “El modelo económico capitalista ha situado al sujeto negro como el perfecto sujeto matable, la vida que no importa, el delincuente”, subrayó.

Acompañamiento internacional

Alexander López, Senador de la República, dijo que es necesario el acompañamiento internacional para el proceso de esclarecimiento de la verdad, acceso a la justicia y garantías de no repetición en el caso de la masacre de Llano Verde. En cuanto a combatir el racismo y la discriminación estructural existentes en el país, afirmó que es necesario respetar y aplicar toda la estructura legal que contiene los derechos de la población afrocolombiana, entre la que están la Ley 70 y el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.

El Senador aprovechó para referir que en el Registro Único de Víctimas aparecen 9 millones de víctimas del conflicto armado, de las cuales el 14% son afrocolombianos y afrocolombianas. Además, denunció que el censo de 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) “desapareció” a casi 1 millón 400 mil afrodescendientes en comparación al censo de 2005. “Esto tiene una connotación especial porque mientras más se reduzca la población afro, menos políticas públicas y menos derechos se le entrega a la población afro”, apuntó.

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