Sociedad civil de Nicaragua expone ante la CIDH la situación de 110 personas prisioneras políticas

Washington, D.C., 10 de diciembre de 2020. Un grupo de personas defensoras de derechos humanos expuso hoy ante comisionados y relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) graves violaciones a sus derechos humanos a la que se enfrentan actualmente 110 personas privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua, durante una audiencia celebrada en el marco del 178 periodo de sesiones de la Comisión.

Por parte de las organizaciones solicitantes, participaron: Ana Bolaños, Oficial Legal de Raza e Igualdad, Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM); Rosario Flores de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras); Georgina Ruíz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y Elton Ortega y Alexandra Salazar, ambos de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).

En la audiencia las personas expositoras resaltaron que de las 110 personas presas políticas apresadas a partir de abril de 2018, 14 se encuentran en celdas de máxima seguridad, El Infiernillo, celdas de castigo y aislamiento, en condiciones altamente deplorables; mientras que el resto de las personas prisioneras por motivos políticos sufre una deficiente atención médica, trato diferencial y discriminatorio, golpizas, amenazas, falta de alimentación y agua potable, negación de visitas familiares e incluso torturas.

Durante la audiencia se destacó que las detenciones y los procesos contra las personas presas políticas han estado marcados por graves violaciones a las garantías judiciales, en un esquema de coordinación entre la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Sistema Penitenciario, instalado para la represión y persecución de toda disidencia política.

Las organizaciones identificaron también como graves amenazas a la libertad individual y la seguridad jurídica tres leyes aprobadas recientemente: La Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la reforma que plantea establecer la prisión perpetua, orientadas a criminalizar a las organizaciones de sociedad civil, a los periodistas y medios independientes y a la disidencia en general.

Los peticionarios urgieron a la CIDH que exhorte al Estado de Nicaragua a cesar de inmediato la represión, las detenciones arbitrarias y toda forma de hostigamiento hacia las personas presas políticas, sus familias y las personas excarceladas; a liberar de inmediato a todas las personas presas políticas; a investigar de forma exhaustiva las denuncias de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

También pidieron al Estado que suministre información sobre la situación de la pandemia en los centros de reclusión, informe las medidas que estaría tomando para atender los problemas urgentes de salud, y de prevención ante el Covid-19, y que autorice el regreso al país de la OACNUDH, CIDH, el MESENI, para monitorear y documentar in situ la situación de derechos humanos.

Reacción de la CIDH

La representación del Estado de Nicaragua, aunque fue invitada por la CIDH para asistir a la audiencia, no se presentó. El comisionado Stuardo Ralón lamentó la inasistencia estatal y resaltó que dicha conducta “denota una actitud de negación total a cumplir obligaciones internacionales”, puesto que los gobiernos tienen una responsabilidad de rendir cuentas a sus ciudadanos y un compromiso de defender los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación.

La comisionada Esmeralda Arosemena, por su parte, invitó al Estado de Nicaragua a acercarse a la CIDH para buscar puntos de apoyo y acuerdos para librarse de términos que se utilizaron en la exposición para ilustrar la conducta estatal: violencia, perversidad, represión, crueldad, inhumanos, ilegales, estigmatizantes, criminalizantes, aludiendo a los hechos denunciados en la audiencia por los peticionarios.

Los comisionados, comisionadas y relatores de la CIDH resaltaron el valor y la constancia de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense que se dedican a representar legalmente a las personas privadas de libertad por motivos políticos, a acompañar a sus familiares, y a documentar las violaciones de sus derechos humanos.

“Mi mensaje es de instar a que puedan seguir esa lucha, a reconocer la valiosa información que nos han brindado. De nuestro lado ustedes encontrarán la convicción de poder actuar de acuerdo a todos nuestros instrumentos para que sea una realidad vivir una cultura de derechos humanos en Nicaragua”, señaló el comisionado Ralón.

La comisionada Antonia Urrejola, primera vicepresidenta de la CIDH y relatora de país para Nicaragua, recordó que un reciente informe publicado por la Comisión logró establecer que 1,614 personas habían sido privadas de la libertad arbitrariamente por su participación o apoyo a las manifestaciones sociales iniciadas en abril de 2018. Sin embargo, destacó que están conscientes de que esa cifra es un subregistro, por lo que instó a los peticionarios a seguir trabajando para saber cuál es la verdadera cifra.

Además, resaltó como un tema de preocupación para la CIDH la falta del debido proceso y de imparcialidad del Sistema Judicial en Nicaragua. “Nos preocupa la falta de independencia de los poderes del Estado, algo esencial considerando que el próximo año Nicaragua enfrenta un proceso electoral y la importancia de tener poderes del Estado que funcionen con independencia del Ejecutivo y que den garantías de espacios democráticos y de libertad de expresión son fundamentales”, afirmó.

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