Más de 60 presas políticas han sido sometidas a distintas formas de violencia en Nicaragua

14 de febrero, 2019. Las presas políticas del Gobierno de Nicaragua, alrededor de 68 hasta el mes de febrero, han tenido que enfrentarse a distintas formas de violencia durante su detención, entre ellas violación a las garantías del debido proceso, tratos crueles e inhumanos, discriminación, violencia sexual, falta de atención médica, amenazas y hostigamiento, denunciaron hoy representantes de la sociedad civil durante la audiencia privada “Situación de derechos de las mujeres privadas de libertad en Nicaragua”, celebrada en Bolivia en el marco del 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Entre los ponentes de la audiencia privada estuvieron representantes del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), del Centro de Información y Servicios de asesoría en Salud (CISAS) y del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), estas últimas dos organizaciones cuya personería jurídica fue cancelada arbitrariamente por la Asamblea Nacional de Nicaragua, lo que ha dejado en la indefensión a las víctimas de la represión que estas organizaciones atendían.

Debido a la falta de información por parte de autoridades, las cifras sobre las presas de conciencia en Nicaragua son inexactos. Pero datos recogidos por la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras y la Comisión de Registro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), sostienen que 102 mujeres fueron apresadas arbitrariamente por policías y paramilitares desde que iniciaron las protestas contra el Gobierno, de las cuales se tiene información de 68 que aún se encuentran detenidas. De estas últimas, 40 están siendo judicializadas y 17 ya han sido condenadas con penas que van de los 6 meses hasta los 40 años de prisión.

Además, 26 mujeres se encuentran detenidas en el Penal de Mujeres La Esperanza, 3 tienen casa por cárcel y las demás están en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, o en delegaciones policiales departamentales.

Tratos inhumanos y degradantes

“El centro penitenciario La Esperanza  ha sido una celda de aislamiento y de castigo. El chantaje y el maltrato verbal y en algunos casos físicos, han sido recurrentes por parte de las autoridades carcelarias”, relató la madre de una de las presas políticas, quien aseguró que “allá dentro están totalmente aisladas del resto de presas y son tratadas como si tuvieran peste”.

Con ese relato coincidió Ana Quirós, directora de CISAS, señalando que las veintiséis presas políticas de La Esperanza se encuentran hacinadas en dos celdas con espacio para 8 presas con un solo baño.

Según Quirós, todas las presas políticas “viven en zozobra permanente, con amenazas constantes y visitas de hombres uniformados, armados y con perros”. Además, muchas veces son sacadas de la penitenciaría sin decirles a dónde las llevan, “por lo que viven con el temor de ser desaparecidas”.

Violencia sexual

Otra manifestación represiva de las autoridades, especialmente dirigida hacia las mujeres, es la violencia sexual. Quirós explicó que a las presas políticas las han obligado a desnudarse, realizar sentadillas frente a sus captores hombres, les han realizado tocamientos de forma obscena, han recibido amenazas de violación e incluso violaciones con penetración. Todo lo anterior como método de tortura, para obtener información o para obligarlas a filmar videos incriminatorios hacia otras personas opositoras.

Ana Bolaños (izquierda), de Raza e Igualdad, y Ana Quirós (derecha), de CISAS, durante la audiencia sobre mujeres privadas de libertad.

Restricciones a la salud

Por otra parte, las autoridades penitenciarias han negado la atención médica y acceso a tratamientos médicos a las presas que presentan problemas de salud como depresión y problemas tensionales, infecciones por hacinamiento y malas condiciones de higiene, migrañas, gastritis e hipertensión arterial.

“Hay algunas compañeras con problemas más serios y cuyo tratamiento es urgente, como Ruth Matute, que tiene cardiopatía congénita; Brenda Muñoz, que sufre de enfermedad poliquística hepática y renal; Delmis Portocarrero, quien tiene lupus eritematoso e hipertensión”, relató Quirós a los relatores de la CIDH.

También mencionó otros casos como el de Mercedes Chavarría, quien tiene medio cuerpo paralizado, Ana Hooker, que tiene insuficiencia venosa, o el de Irlanda Jerez que sufre de problemas cardíacos y tuvo una valvuloplastía mitral.

Discriminación a personas LGBTI

Un representante de la diversidad sexual nicaragüense denunció ante los relatores de la CIDH que hasta la fecha se contabilizan 3 mujeres transgénero que se encuentran encarceladas en cárceles de hombres, entre ellas la estudiante Victoria Obando y Kysha López.

“A estas mujeres se les ha negado su derecho a la identidad de género, relegándolas a cárceles de hombres donde sufren discriminación, acoso, violencia, torturas, son obligadas a desnudarse frente a cientos de varones del penal, se les grita ‘acá solo hay huevones’ por parte de los oficiales del sistema penitenciario”, expuso el activista.

Violaciones al debido proceso

Ana Bolaños, abogada de Raza e Igualdad, expuso las violaciones al debido proceso al que han sido sometidas las presas políticas en Nicaragua.

Las mujeres “han sido arrestadas sin órdenes de detención judicial, acusación previa por parte del Ministerio Público ni denuncia previa en su contra”, señaló Bolaños, añadiendo que posterior a su detención, las presas son ilegalmente remitidas en su calidad de detenidas a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional en Managua, donde han sido sometidas a extensos y reiterados interrogatorios y a distintas formas de violencia.

“Estas actuaciones han puesto en evidencia el actuar coordinado entre los órganos que conforman el Sistema de Justicia Penal de Nicaragua, particularmente la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder judicial”, puntualizó.

Más de 700 presos políticos

Además de las 68 mujeres privadas de libertad, la Comisión de Registro de la UNAB y el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos contabilizan 700 hombres apresados en el contexto de la crisis actual de derechos humanos en ese país centroamericano.

Desde el mes de abril de 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos que se ha ido intensificando. Durante los últimos meses, el gobierno ha ido desarticulando los espacios de crítica y la violencia se manifiesta de forma más selectiva hacia defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, periodistas, medios de comunicación independientes, personas LGBTI y organizaciones de la sociedad civil a las que les cancela su personalidad jurídica.

Petitorio

Después de describir todas las violaciones a los derechos humanos de las privadas de libertad, las defensoras presentes en la audiencia solicitaron a la CIDH que exhorte al Estado de Nicaragua a liberar a todas las presas y presos políticos, a que establezca un corredor humanitario que facilite atención médica, humanizada, de calidad y de confianza a todos los detenidos, a que traslade a las personas transgénero a celdas de acuerdo con su identidad de género y a que cumpla con las medidas cautelares otorgadas a más de ocho presas políticas.

Además, pidieron directamente a los relatores de la CIDH que hagan uso del espacio al que tienen derecho en la próxima plenaria de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para exponer los principales hallazgos de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), y que incluyan a Nicaragua en el capítulo IV de su próximo informe anual.

Los comisionados, por su parte, reiteraron su compromiso de seguir denunciando las violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua a través de diferentes instancias internacionales; y anunciaron que dentro de los próximos 10 meses trabajarán en la realización de un informe temático sobre las personas privadas de libertad en ese país.

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