Primer Foro de las Américas sobre las minorías reúne recomendaciones para proteger a poblaciones históricamente marginados y vulnerables de cara al Foro Mundial

Washington D.C., 13 de mayo de 2021.– El primer Foro Regional de las Américas sobre la prevención de conflictos y la protección de los derechos humanos de las minorías en la región se llevó a cabo los días 27 y 28 de abril de 2021, y contó con la participación de autoridades estatales, organismos internacionales y regionales, entidades de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil en las Américas, entre ellas el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), que apoyó su realización.

Este evento, que se celebró de manera virtual debido a las restricciones derivadas de la crisis sanitaria, fue convocado por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes, y es uno de los cuatro foros regionales (Europa, Asia, África y Américas) que aportarán insumos al informe temático que el Relator Especial presentará en la sesión número 49 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2022.

Además, los debates servirán de base para las recomendaciones que saldrán de la sesión número 14 del Foro sobre Cuestiones de las Minorías, que tendrá lugar en diciembre de 2021 en Ginebra, Suiza.

¿Qué discutieron?

Este espacio contribuyó al entendimiento de la importancia de la protección de los derechos humanos de las minorías en la prevención de conflictos. Para esto, se abordaron los desafíos legales, institucionales y políticos para el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las minorías a la hora de abordar las injusticias prolongadas que pueden derivar en tensiones e incluso conflictos armados internos. Los derechos de las minorías están estrechamente relacionados con las casusas estructurales de los conflictos, sin embargo, sus demandas son frecuentemente ignoradas para la búsqueda de soluciones y superación de conflicto.

La primera sesión temática del Foro se denominó “Causas fundamentales de los conflictos contemporáneos que afectan a las minorías”, que tuvo como moderador al Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada. Quesada mencionó que las dos Convenciones del Sistema Interamericano—la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia—complementan y refuerzan la Convención Americana de Derechos Humanos y la protección de los derechos humanos de las minorías. Recordó también que ambas convenciones fueron posibles gracias a la presión y las demandas de la sociedad civil.

En dicha sesión, Lottie Cunningham, fundadora y presidenta del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), expuso que “el racismo estructural es la ideología sobre la cual se sustenta la dominación étnica basada en la creencia de que las desigualdades entre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y el resto de la población es normal y natural, en lugar de ser el resultado de la estructuración injusta de la sociedad”, señaló.

En ese sentido, Cunningham hizo las siguientes recomendaciones: a) que las agencias de Naciones Unidas promuevan campañas de educación a los Estados, empresas privadas y a la sociedad civil sobre el impacto del racismo ambiental, b) desarrollar programas de sensibilización y divulgación sobre los derechos humanos colectivos de pueblos indígenas y afrodescendientes, en particular sobre sus territorios y bienes naturales, antes de aprobar préstamos a inversiones de parte de bancos unilaterales y bilaterales, y c) requerir a los Estados diseñar mecanismos electorales que garantice la participación ciudadana de pueblos de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.

En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), Marino Córdoba, recordó que Colombia es país firmante de diversos acuerdos internacionales sobre los derechos de las minorías, pero que se desconoce el impacto que estos han tenido en la protección y promoción de sus derechos, y más bien los líderes y lideresas de grupos étnicos se cuentan entre las víctimas del conflicto que atraviesa el país sin que haya verdad y justicia.

Córdoba hizo un llamado a la comunidad internacional para exigir al Estado colombiano que cumpla con los compromisos adquiridos y garantice los derechos fundamentales de la población. El líder afrocolombiano recomendó invertir en la prevención de los conflictos, incluyendo particularmente la prevención de las amenazas percibidas por los pueblos afrodescendientes a sus tradiciones, cultura, religión, y su lengua.

En la segunda sesión del Foro, denominada “Marco normativo: los derechos humanos de las minorías y la prevención de conflictos”, intervino María Luisa Acosta, coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), de Nicaragua. Acosta señaló que los pueblos indígenas y afrodescendientes enfrentan masacres, violencia, desplazamiento y despojo, y que es obligación del Estado proteger los derechos de todas las personas, sin discriminación. Añadió que cuando esto falla, la comunidad internacional es indispensable e hizo énfasis en la importancia de las visitas de las Relatorías Especiales, como Relator Especial sobre las cuestiones de las minorías o la de los derechos de los pueblos indígenas, además de la labor de monitoreo del Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La tercera sesión temática del Foro giró en torno a los obstáculos para la aplicación de los derechos de las minorías y la prevención temprana de conflictos, mientras que en la cuarta y última sesión temática se discutieron las formas de abordar las deficiencias de los mecanismos de derechos humanos para proteger a las minorías y prevenir los conflictos.

El Experto Independiente de Naciones Unidas sobre orientación e identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, participó en dicha sesión y destacó el lenguaje inclusivo promovido por Naciones Unidas a través de varias resoluciones de sus diferentes órganos, como un factor clave para la prevención de conflictos. También se refirió a la necesidad de una compresión amplia del concepto de género para entender los impactos diferenciados sobre las poblaciones LGTBI.

Madrigal-Borloz enfatizó que la violencia es continua para las poblaciones LGTBI antes, durante y después de los conflictos y que está ligada a estereotipos de género fuertemente arraigados en la sociedad. Tras este análisis, resaltó la poca participación de la comunidad LGTBI en las agendas de justicia transicional y construcción de la agenda de paz. El experto se refirió a varias experiencias de comisiones de la verdad en la región, entre ellas la conformada en Colombia, sobre la cual se espera que contemple un análisis y un reconocimiento de los patrones de violencia específicos contra las comunidades LGTBI en el marco del conflicto armado colombiano.

El foro finalizó con la lectura de una serie de recomendaciones que tomaron como base la información enviada por escrito de manera previa al inicio del foro, los debates, y participación del público. Las recomendaciones se agruparon de manera preliminar en los siguientes bloques temáticos: i) Implementación de la educación en derechos humanos; ii) Lucha contra la desigualdad, la discriminación y la interseccionalidad iii) Reconocer y acomodar la diversidad etnocultural; iv) Garantizar la participación efectiva en la vida pública, política, económica, social y cultural; iv) Educar sobre las minorías, los pueblos indígenas y los afrodescendientes; vi) Tierra/medio ambiente; vii) Salud; viii) Religión; ix) Acceso a la justicia; x) Erradicación de la violencia; xi) Recogida de datos, y xii) Prevención de conflictos.

Las recomendaciones de este Foro regional de las Américas, junto con las que resulten del resto de foros regionales, estarán disponibles y serán documentos de referencia para el 14º Foro de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías. Además, estos insumos servirán para la elaboración de unas directrices sobre la cuestión de la prevención de conflictos y las minorías que se prepararán bajo el mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías.

Los derechos de las minorías son derechos humanos y los Estados tienen la obligación de protegerlos y garantizar su proyecto de vida desde una perspectiva individual y también colectiva culturalmente adecuada. La Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas debe ser interpretada junto las obligaciones adquiridas por los Estados en materia de derechos humanos, la prohibición de toda discriminación y protección igual y efectiva frente a cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

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