Persecución a defensores de derechos humanos en Nicaragua: cancelan personería jurídica del CENIDH, Hagamos Democracia, IEEPP, CISAS y otras cinco ONGs

Washington, D.C. 12 de diciembre, 2018. El Gobierno de Nicaragua escaló en las últimas dos semanas la persecución y criminalización contra defensores de derechos humanos en el país y utilizó a la mayoría parlamentaria del FSLN, partido de gobierno, para cancelar la personalidad jurídica de cuatro organizaciones con larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la institucionalidad democrática en el país, siendo las últimas dos: el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Asociación Hagamos Democracia.

Se trata de “una decisión de eliminar todo aquello que se opone, que critica la perversidad de la represión que están impulsando” las autoridades, dijo Vilma Núñez, Presidenta del CENIDH, tras conocer la decisión de la Asamblea Nacional (AN), aunque aseguró que el “compromiso de seguir acompañando al pueblo nicaragüense en la forma que sea, no lo disuelve una ilegal y arbitraria resolución de órganos que no tienen autonomía, que no tienen independencia”.

El pasado 29 de noviembre, la AN canceló la personalidad jurídica del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), luego de que las autoridades migratorias despojaran de su nacionalidad nicaragüense a su directora, la defensora de derechos humanos y feminista, Ana Quirós Víquez y la deportaran a Costa Rica. Posteriormente, el 11 de diciembre  le fue cancelada la personalidad jurídica al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), un centro de pensamiento dirigido por el académico y activista Félix Maradiaga, quien debió autoexiliarse en Estados Unidos por la criminalización a la que se vio expuesto.

A las cuatro organizaciones, las cuales han tenido un rol aún más determinante durante los últimos ocho meses de crisis sociopolítica y de derechos humanos, se les acusa de forma infundada de haber cometido actos ilícitos, haber violentado el orden público y haber realizado actividades que no corresponden a los fines para los que fueron constituidas. Sin embargo, las autoridades incurrieron en arbitrariedades tales como procesos secretos, expeditos y no permitieron que los representantes legales de dichas organizaciones alegaran nada en su defensa.

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“Hay CENIDH para rato”

El CENIDH nació en 1990 como un centro por la defensa y la promoción de los derechos humanos en Nicaragua y dos años después obtuvo su personería jurídica. Hoy, 12 de diciembre por la mañana, a solicitud del director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, Gustavo Sirias, la Asamblea Nacional recibió con trámite de urgencia la propuesta para cancelar la personería jurídica de esta organización.

Según la exposición de motivos de Sirias, el CENIDH se encontraba acéfalo porque su Junta Directiva estaba vencida, tampoco reportó sus estados financieros para el año 2017 y además “utilizó el esquema organizacional para gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país”.

Aunque los anteriores argumentos fueron respaldados por diputados del FSLN, en el pleno parlamentario los diputados opositores negaron dichas acusaciones e insistieron en que se trata de una arbitrariedad más del Gobierno nicaragüense contra defensores de derechos humanos.

María Fernanda Flores, diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), sostuvo que la Asamblea nicaragüense estaba “dejando indefensa a toda una población que a través del CENIDH denuncia a diario los atropellos y las violaciones a sus derechos”, mientras el diputado Brooklyn Rivera, del partido indígena Yatama, expresó que con la cancelación de la personería jurídica del CENIDH se está más bien profundizando la crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril. “Desde los pueblos indígenas hemos sido testigos del trabajo arduo y totalmente dedicado de la doctora Núñez con su equipo, realmente ha defendido a todos los nicaragüenses, sandinistas, liberales, conservadores, campesinos, mujeres, indígenas, a todos”, afirmó Rivera.

Finalmente, la cancelación de la personalidad jurídica del CENIDH se aprobó con 70 votos a favor y 17 en contra. Núñez, presidenta de la organización, calificó de “perversa” la iniciativa y se mostró indignada ante los medios de comunicación que la acompañaron en la sede de la institución luego que se aprobara el decreto.

Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, presentó el lunes 10 de diciembre un informe sobre los seis meses de resistencia cívica ante la represión gubernamental en Nicaragua.

“Hay CENIDH para rato, hay compromiso de todos y cada uno de los defensores de derechos humanos, de su Consejo Directivo, de sus miembros fundadores, pero sobre todo el equipo que a diario se enfrenta a la violencia, a la discriminación, a los atropellos que comete el Gobierno”, dijo Núñez acuerpada por los defensores y defensoras del CENIDH.

Sobre las razones presentadas hoy por el Ministerio de Gobernación (MIGOB) ante la Asamblea Nacional, Núñez reveló que el 23 de marzo entregaron al MIGOB su estado financiero relativo al año fiscal del 2017 aunque no se les brindó una constancia de legalidad; y con respecto a la Junta Directiva, dijo que ésta venció el 25 de abril y que la asamblea para elegir a las nuevas autoridades tuvo que ser suspendida por la crítica situación en la que se encontraba el país en esos días en que recién empezaba la crisis.

“Se elige la Junta Directiva y el 30 de noviembre de 2018 se les manda el acta certificada y los requisitos. Ellos no quisieron firmar, no quisieron ponerle presentado y nos entregaron una lista de 15 requisitos que decían que para que pudieran aceptarla teníamos que cumplir”, dijo Núñez, quien expresó que el CENIDH no ha violado ninguno de sus estatutos y todas sus acciones han estado enmarcadas dentro de la ley.

“Estamos preparados para enfrentar y rechazar cualquier acción arbitraria, cualquier invasión de nuestra institución física que quieran hacer, con esto no van a coartar nuestro compromiso”, enfatizó la Presidenta del CENIDH, quien recientemente cumplió 80 años.

Persecución a defensores

El CENIDH presentó en esta semana, en conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un informe titulado “Graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado de Nicaragua” en el que describe los derechos violentados durante seis meses de resistencia cívica frente a la represión gubernamental.

En el informe refleja que el Estado de Nicaragua violentó el derecho humano a defender derechos”, porque existe un patrón de ataques dirigidos a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios, abogados, estudiantes y activistas, los cuales han sido víctimas de acciones de intimidación, amenazas, asesinatos, detenciones, allanamientos ilegales, campañas de desprestigio, difamaciones, criminalización, entre otras, con el objetivo de “silenciar sus voces e impedir el ejercicio del derecho a informar, de manifestarse, de expresarse y de defender los derechos humanos”.

El CENIDH había solicitado días atrás permiso para marchar en conmemoración al Día de los Derechos Humanos, acatando la inconstitucional disposición policial en relación con las manifestaciones. El permiso no sólo fue denegado, sino que la Policía alegó como uno de los supuestos argumentos que la organización estaba siendo investigada por los hechos de abril.

Un día después de que la Asamblea de Nicaragua cancelara la personalidad jurídica del CENIDH y Hagamos Democracia, esta institución canceló la representación legal de otras cinco organizaciones defensoras de derechos humanos, de la naturaleza y de la libertad de prensa: el Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), cuya directora, Haydeé Castillo, ha sufrido múltiples persecuciones, amenazas e incluso le fue impuesta una retención migratoria; la ambientalista Fundación del Río, la cual ya había sido amenazada por difundir información y denunciar arbitrariedades con relación al incendio en la Reserva Indio Maíz; el Instituto para el desarrollo y la democracia (IPADE), una de las organizaciones nacionales e independientes más capacitadas para observar comicios; la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal Popol Na, líder en la lucha anticanal y cuya directora, Mónica López Baltodano, debió autoexiliarse en Costa Rica por las constantes amenazas a las que se enfrentaba en el país; y el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO).

PRONUNCIAMIENTO

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) enérgicamente condena y rechaza la arbitraria decisión del Estado de Nicaragua expresada el día de hoy en el pleno de la Asamblea Nacional de cancelar la personalidad jurídica a organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos y la democracia.

El decreto legislativo de cancelación de la personalidad jurídica del ILLS, Fundación del Río, IPADE, Fundación Popol Na, CINCO, así como el que le antecedió para el CENIDH, Hagamos Democracia, IEEPP y CISAS evidencian el estado de represión y grave vulneración a la libertad de expresión, participación asociación y reunión pacífica de la que hoy es víctima el pueblo nicaragüense, defensores y defensoras de derechos humanos y medios de comunicación independientes, disidentes del proyecto dictatorial que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo están imponiendo al pueblo nicaragüense. 

Rechazamos los señalamientos de diputados del FSLN en la  Asamblea Nacional, que irresponsablemente acusan de “terroristas” y “golpistas” a organizaciones defensoras de derechos humanos que incansablemente, como el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional lo conoce, han reclamado por justicia, democracia y verdad por las víctimas del régimen. 

Con preocupación observamos las gravísimas consecuencias que tiene la inexistencia de un Estado de Derecho de Nicaragua por el accionar del gobierno de turno, que lejos de garantizar, velar y proteger los derechos humanos del pueblo, con obstinada persistencia ha coartado a la sociedad civil sus legítimas posibilidades de participar libremente de la construcción social, lo que abre nuevas, repugnantes  y deliberadas brechas de desigualdad, exclusión y discriminación.

Así mismo, denunciamos que esta determinación del régimen de Ortega y Murillo  nunca logrará invisibilizar  el terror, la vulnerabilidad y violencia que atraviesa el país desde hace ocho meses, y se orienta a perpetuar la impunidad en que continúan  las graves violaciones a los derechos fundamentales de las y los nicaragüenses tras los asesinatos, persecuciones e intimidaciones a las que han sido sometidos a causa de su denuncia. 

En Raza e Igualdad estamos convencidos de que sin un nuevo acuerdo político y social no habrá resolución pacífica de la crisis, por tanto, demandamos al Estado de Nicaragua respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión de los nicaragüenses; así como, exigimos respetar  las garantías al debido proceso y derecho a la defensa hoy transgredidos de forma desvergonzada por la Asamblea Nacional al sancionar a dichas organizaciones basados en informes unilaterales que acusan arbitrariamente a las instituciones de realizar actividades distintas a sus objetivos y misión. 

Todos estos hechos nos motivan a elevar la alerta internacional respecto de la situación de Nicaragua, invitando a la comunidad internacional y a los  órganos de protección de los derechos humanos y a distintas expresiones de sociedad civil a que redoblemos  esfuerzos para que la democracia, la justicia y la paz retornen muy pronto a Nicaragua.

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Recuazo totalmente lo q este genocida está haciendo con todos los organismos y las ong

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