Organizaciones denuncian ante la CIDH la falta de independencia del sistema judicial en Nicaragua

Quito, Ecuador, 11 de noviembre de 2019. En el marco del 174 período de sesiones de la CIDH, nueve organizaciones de la sociedad civil expusieron sobre el profundo deterioro de la independencia judicial en Nicaragua, que no ha logrado garantizar los derechos de los nicaragüenses al acceso a la justicia, al debido proceso y a las garantías judiciales en el contexto de la crisis democrática que vive el país desde el 18 de abril de 2018.

Durante la audiencia “Desafíos para la autonomía e independencia judicial en Nicaragua”, las organizaciones destacaron cómo el poder judicial nicaragüense se constituyó como una pieza más del esquema de violación a los derechos humanos, facilitando la criminalización de la protesta y la defensa de los derechos humanos, y generando condiciones que garantizan la impunidad de las violaciones a derechos humanos perpetradas por funcionarios ligados el régimen.

“En Nicaragua, no existe independencia ni autonomía de poderes. La cooptación del poder judicial por el régimen Ortega- Murillo ha llevado a la actuación de éste bajo control partidario, construida a través de procesos de selección y nombramientos viciados, con ausencia de publicidad, transparencia y participación ciudadana; privilegiándose la afinidad política en lugar de favorecer la designación conforme méritos y capacidades profesionales que garanticen un ejercicio judicial objetivo, independiente y sujeto a la ley”, recalcó Georgina Ruiz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

También se señaló la responsabilidad de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal, por no cumplir con sus obligaciones, permitir la comisión de violaciones a derechos humanos y facilitar la impunidad de las cometidas por el Estado o grupos paramilitares. 

Estado ausente

Tal y como ha sido su costumbre en las últimas audiencias, el Estado nicaragüense no se hizo presente en la audiencia. Para las organizaciones esto ejemplifica cómo el régimen de Ortega sigue negando su responsabilidad en la grave crisis de derechos humanos que enfrenta el país, así como su obligación de garantizar la autonomía e independencia de las instituciones operadoras de justicia.

“Lamentamos una vez la ausencia del Estado de Nicaragua, tampoco hemos recibido ninguna información que la justifique, cosa que sí había sucedido antes” dijo la Comisionada Antonia Urrejola, al inicio de su intervención. Urrejola saludó especialmente a las madres de jóvenes asesinados y a las víctimas presentes, reconociendo el arduo trabajo que hacen en búsqueda de justicia y no repetición.

Para finalizar la audiencia, las organizaciones solicitaron a la CIDH exhortar al Estado de Nicaragua para que:

  • Cese la represión y criminalización; y garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos, incluyendo el acceso a la justicia de las víctimas de asesinatos, torturas y violaciones.
  • Restituya las plenas garantías constitucionales para ejercicio de los derechos ciudadanos.
  • Devuelva los bienes incautados o sustraídos a todas las víctimas de la represión.
  • Resuelva los recursos de amparo e inconstitucionalidad presentados por las organizaciones que fueron canceladas durante la represión.
  • Garantice la autonomía e independencia de las instituciones operadoras de justicia y su apego a los procedimientos establecidos en la Constitución de la Republica y los tratados internacionales de derechos humanos, así como a la ratificación de instrumentos internacionales específicos, entre ellos los referidos a la administración de justicia.

La audiencia fue convocada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND), el instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), JASS Mesoamérica (Asociadas por lo Justo), el Movimiento Autónomo de Mujeres-Nicaragua (MAM) y la Unidad de defensa Jurídica de Nicaragua.

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