Delegación nicaragüense expone la situación de su país ante el Consejo de Derechos Humanos de cara al próximo EPU

Ginebra, 3 de abril de 2019. Antes de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realice el Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua en mayo próximo, un grupo de defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil nicaragüense describieron en Ginebra ante la comunidad internacional la situación actual del país, que está sumido en una profunda crisis de derechos humanos desde hace casi un año.

En esta pre-sesión EPU participaron representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), de Ipas Centroamérica, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) de Nicaragua, de la Fundación del Río, de la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) y de la Fundación Marista por la Solidaridad Internacional (FMSI), quienes expusieron violaciones de derechos humanos cometidas en el país para sensibilizar a los Estados que evaluarán a Nicaragua próximamente.

El EPU ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar cada cinco años qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia. Sin embargo, a la pre-sesión realizada hoy no se presentaron representantes del Estado de Nicaragua.

Al evento asistieron 43 misiones diplomáticas presentes en Ginebra, y de ellas participaron las misiones de Chile, Colombia, Bélgica, Canadá y Argentina con preguntas enfocadas en la situación de los más de 700 presos políticos, la independencia judicial o los avances de las negociaciones que actualmente sostiene el gobierno con la sociedad civil.

Exposición

“Existe un profundo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, caracterizada por la represión iniciada en abril de 2018 y sus efectos: muertes, personas heridas, desaparecidas y centenares de personas que ahora enfrentan procesos sin que se respeten las garantías del debido proceso”, dijo Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, durante su ponencia.

Desde el Palacio de las Naciones en Ginebra, Mayte Ochoa de Ipas, Vilma Núñez del Cenidh, Lottie Cuningham de CEJUDHCAN, Amaru Ruiz de Fundación del Río y Juanita Jiménez del MAM.

“El gobierno actual: autoritario, represor y violador de derechos humanos ha sumido al país en una profunda crisis, marcada por el descontento social y la caída de la economía que ha traído desempleo, ocasionado la migración de miles de nicaragüenses y empobrecido a amplios sectores de la población”, agregó Núñez.

Desde el mes de abril de 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos que se ha ido intensificando. Durante los últimos meses, el gobierno ha ido desarticulando los espacios de crítica y la violencia se manifiesta de forma más selectiva hacia defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, periodistas, medios de comunicación independientes, personas LGBTI y organizaciones de la sociedad civil a las que les cancela su personalidad jurídica.

Por su parte, Juanita Jiménez, del MAM, recalcó que en Nicaragua “se han debilitado las garantías fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación, caracterizándose todo el periodo entre 2014 y 2019 por: agresiones, represión e intimidación, detenciones arbitrarias, vigilancia policial, escuchas telefónicas a los periodistas independientes y en el caso de las mujeres, han sido víctimas de reiterados actos de violencia institucional, registrándose ataques a mujeres periodistas impregnados de violencia y misoginia”.

Sobre los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de Nicaragua, Lottie Cuningham de CEJUDHCAN señaló que “estos continúan viviendo bajo inaceptables condiciones de desigualdad en una realidad muy marcada por: la violencia, la invasión de sus territorios, el irrespeto a las elecciones de sus autoridades tradicionales, la instalación de mega proyectos sin su previo consentimiento, la corrupción e impunidad”.

Recomendaciones

Cada uno de los defensores de derechos humanos presentes en la pre-sesión del EPU expuso sus recomendaciones al Estado de Nicaragua, mismas que podrían ser retomadas por los Estados que evaluarán al país en mayo. Entre ellas, están:

– Garantizar la investigación pronta, exhaustiva, independiente y transparente de todas las denuncias de violación, tortura y otros malos tratos presuntamente cometidos por la autoridad y quienes actúan como agentes de autoridad, exigir las debidas responsabilidades y proporcionar a las víctimas reparación e indemnización.

– Respetar el derecho a la protesta social, y abstenerse de continuar criminalizando la protesta. Las personas privadas de su libertad por cuestionar con sus ideas y acciones al régimen deben ser puestas inmediatamente en libertad.

– Elaborar, en conjunto con defensores y defensoras de derechos humanos, un Protocolo de Protección para Defensores de Derechos Humanos en Nicaragua a fin de superar las actuales condiciones de inseguridad, hostigamiento, estigmatización y criminalización.

– Promover junto a un equipo de apoyo internacional, que se investiguen a fondo todas las denuncias contra los hospitales y otras entidades que no brindaron la atención debida durante la represión a las protestas de abril y meses subsiguientes.

– Demandar al Estado que permita el ingreso, permanencia y acceso ilimitado a la información pertinente a los órganos internacionales para que analicen, verifiquen y señalen las responsabilidades y se definan las medidas correctivas y sanciones para los responsables de violentar el derecho a la salud de la población.

– Garantizar un sistema de registro de la información que permita conocer la situación real de la violencia, violencia sexual y la mortalidad materna en el país para desarrollar acertadas estrategias y acciones de prevención y atención oportunas.

– Crear una política de Estado de atención a otras víctimas del femicidio, incluyendo: hijos, hijas y otros familiares, así como la creación de un Fondo Especial para el resarcimiento de las familias víctimas del femicidio.

– Restituir los derechos territoriales de las comunidades indígenas protegiéndoles frente a las invasiones de “colonos” o personas no indígenas y terceros mediante el establecimiento de un diálogo con las autoridades tradicionales para concertar el procedimiento de saneamiento de los 23 territorios indígenas titulados.

– Consultar previamente a los pueblos indígenas cuando se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente, tales como megaproyectos, actividades extractivas u obras de infraestructura.

Estado no cumplió recomendaciones

Las recomendaciones que fueron hechas al Estado de Nicaragua en el EPU anterior, el de 2014, “no fueron implementadas”, aseguró Mayte Ochoa, de Ipas Centroamérica, quien sostuvo que el Gobierno “en unos casos asumió compromisos que no cumplió y en otros, rechazó emprender las reformas requeridas y adecuar la legislación a los estándares internacionales”.

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