{"id":11456,"date":"2017-11-24T20:51:37","date_gmt":"2017-11-24T20:51:37","guid":{"rendered":"http:\/\/race01.wp\/resources\/acuerdo-de-paz-y-afrocolombianos-as-un-ano-despues-la-paz-nos-esta-costando-la-vida\/"},"modified":"2017-11-24T19:41:24","modified_gmt":"2017-11-24T19:41:24","slug":"acuerdo-de-paz-y-afrocolombianos-as-un-ano-despues-la-paz-nos-esta-costando-la-vida","status":"publish","type":"resources","link":"https:\/\/raceandequality.org\/es\/resources\/acuerdo-de-paz-y-afrocolombianos-as-un-ano-despues-la-paz-nos-esta-costando-la-vida\/","title":{"rendered":"Acuerdo de Paz y Afrocolombianos\/as, un a\u00f1o despu\u00e9s: \u201cLa paz nos est\u00e1 costando la vida\u201d"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Despu\u00e9s de un a\u00f1o de firmado el Acuerdo de Paz que puso fin al conflicto armado interno colombiano de m\u00e1s de 50 a\u00f1os con la guerrilla de las FARC-EP, los avances de la implementaci\u00f3n del mismo no ofrecen un balance favorable para las comunidades afrocolombianas. La violaci\u00f3n a sus derechos humanos contin\u00faa y los desarrollos legislativos e institucionales requeridos para la implementaci\u00f3n del Acuerdo no est\u00e1n aplicando en forma adecuada lo estipulado por el Cap\u00edtulo \u00c9tnico que hace parte integral del mismo. Los conflictos del post-acuerdo, que fueron identificados en diverso an\u00e1lisis, incluyendo el ofrecido por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos [1<\/span>] , no han venido siendo resueltos adecuadamente por el gobierno colombiano. El presente art\u00edculo analiza algunas de las dificultades y factores que han impedido que las condiciones que configur\u00f3 la firma del Acuerdo se hayan potenciado como oportunidades para garantizar los derechos de las comunidades afrocolombianas.<\/em><\/p>\n

La firma del Acuerdo Final para la Terminaci\u00f3n del Conflicto y la Construcci\u00f3n de una Paz Estable y Duradera (en adelante, el Acuerdo) el 24 de Noviembre de 2016, fue un momento agridulce para las organizaciones y comunidades afrocolombianas que desarrollaron acciones de incidencia intensa durante todo el proceso de negociaci\u00f3n del mismo. Celebraron el logro de un proceso que ha abierto las oportunidades para la construcci\u00f3n de una paz sostenible por v\u00edas pac\u00edficas, y que respaldaron desde el inicio, pero quedaron preocupados por los efectos de su exclusi\u00f3n del proceso. Una exclusi\u00f3n que fue parcialmente corregida a \u00faltima hora con la inclusi\u00f3n del denominado Cap\u00edtulo \u00c9tnico. Dicho \u201cajuste\u201d al texto final del Acuerdo contiene un conjunto de reconocimientos, principios, salvaguardas y garant\u00edas, y mecanismos, que de aplicarse a cabalidad, efectivamente deber\u00e1n llevar a que la implementaci\u00f3n del Acuerdo garantice la protecci\u00f3n, restauraci\u00f3n y promoci\u00f3n de los derechos \u00e9tnicos adquiridos y vulnerados. Sin embargo, y dado que el resto del Acuerdo no incorpor\u00f3 en forma adecuada un enfoque diferencial \u00e9tnico-afrocolombiano, las preocupaciones sobre el cumplimiento de lo establecido en el Cap\u00edtulo \u00c9tnico tambi\u00e9n hicieron parte de ese momento hist\u00f3rico.<\/p>\n

Un a\u00f1o despu\u00e9s de iniciada la implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz, esas preocupaciones parecen no haber sido infundadas. En el desarrollo del proceso legislativo, principal condici\u00f3n institucional para aterrizar el Acuerdo, no se ha incorporado en forma adecuada lo estipulado por el Cap\u00edtulo \u00c9tnico ni se han implementado los procesos de consulta previa con las comunidades y las organizaciones. Los avances en acciones cr\u00edticas como la sustituci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos o los Planes de Desarrollo conEnfoque Territorial tampoco han garantizado la participaci\u00f3n de las comunidades afrocolombianas m\u00e1s afectadas. La violencia (amenazas y asesinatos de l\u00edderes, nuevos desplazamientos, confinamientos) contra comunidades afrocolombianas rurales y urbanas no ha cesado. Todas estas realidades que no parecen consistentes con el esp\u00edritu del Acuerdo, y que vienen generando decepci\u00f3n y desesperanza entre las comunidades, est\u00e1n representando una amenaza para que el fin del conflicto armado contribuya a que se les garantice sus derechos a la verdad, la justicia, la reparaci\u00f3n y la no repetici\u00f3n.<\/p>\n

Un an\u00e1lisis de los avances de la implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz desde una perspectiva afrocolombiana es una tarea fundamental que el gobierno colombiano debe realizar para corregir la inadecuada adopci\u00f3n de un enfoque diferencial que ha prevalecido desde la firma del mismo. El Informe[2<\/span>] ofrecido por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, EE.UU., que es la instituci\u00f3n que el Acuerdo design\u00f3 como responsable t\u00e9cnica para la valoraci\u00f3n de la implementaci\u00f3n, ciertamente identifica el retraso y los problemas que se tienen respecto a las disposiciones del Cap\u00edtulo \u00c9tnico. Seg\u00fan este Informe, el Cap\u00edtulo \u00c9tnico est\u00e1 entre los subtemas con m\u00e1s bajos niveles de implementaci\u00f3n. En sus recomendaciones identifica algunas acciones que deben adoptarse para superar este retraso. Esta valoraci\u00f3n y recomendaciones no son suficientes para generar el marco de comprensi\u00f3n requerido para corregir el rumbo de la implementaci\u00f3n de tal forma que se garantice la adopci\u00f3n de un enfoque diferencial \u00e9tnico-afrocolombiano. Se hace necesario analizar con mayor especificidad y detalle los problemas que se han venido presentando. Para ello, los an\u00e1lisis y propuestas que comunidades y organizaciones afrocolombianas han venido planteando deben ser considerados con atenci\u00f3n.<\/p>\n

Las violencias del post-acuerdo<\/strong>
\nLa persistencia de las graves violaciones a los derechos humanos de las comunidades, las organizaciones y sus liderazgos constituye la principal problem\u00e1tica que deber\u00eda reconocerse y atenderse. \u201cLa paz nos est\u00e1 costando la vida\u201d es una afirmaci\u00f3n compartida por todos los sectores sociales comprometidos con defender lo estipulado por el Acuerdo de Paz. Los asesinatos de l\u00edderes como Jair Cort\u00e9s de Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera en Tumaco, o Bernardo Cuero de la Asociaci\u00f3n de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) en Malambo, reflejan la incapacidad y omisi\u00f3n del gobierno para enfrentar una realidad pronosticada desde diversos an\u00e1lisis: se sab\u00eda que la desmovilizaci\u00f3n de las FARC-EP conducir\u00eda a que se eliminara un factor de la violencia pero tambi\u00e9n producir\u00eda una nueva din\u00e1mica armada por la disputa del control territorial de las zonas donde operaba, por parte de los otros grupos armados ilegales (guerrilla del ELN y grupos paramilitares) y en conexi\u00f3n con las din\u00e1micas del narcotr\u00e1fico.Esta din\u00e1mica, perfectamente previsible e identificable en territorios espec\u00edficos debi\u00f3 impulsar al gobierno a reconocer la situaci\u00f3n de riesgo agravado de l\u00edderes y lideresas, y por lo tanto a garantizarles las medidas de protecci\u00f3n adecuadas, las que no se deben limitar a nivel individual sino que deben incorporar medidas de protecci\u00f3n colectiva. En muchos casos, lo que ha venido sucediendo es lo contrario. L\u00edderes y lideresas afrocolombianas en situaci\u00f3n de riesgo, que inclusive han sido v\u00edctimas de amenazas y atentados, al solicitar medidas de protecci\u00f3n, sus evaluaciones de riesgo por parte de las instituciones encargadas arrojan un \u201criesgo ordinario\u201d. Los mecanismos para la determinaci\u00f3n del nivel de riesgo de liderazgos de comunidades y organizaciones afrocolombianos requieren una revisi\u00f3n profunda que realmente reconozca los factores de riesgo asociados al contexto.<\/p>\n

En esta perspectiva, precisamente se deben valorar los factores que est\u00e1n impidiendo al gobierno colombiano garantizar el derecho a la vida y la participaci\u00f3n pol\u00edtica en regiones afrocolombianas como Tumaco, el Bajo Atrato, el r\u00edo San Juan, entre otras. Y la cuesti\u00f3n va m\u00e1s all\u00e1 de la militarizaci\u00f3n de los territorios que muchas comunidades consideran inadecuada. La expectativa de ellas, dentro del esp\u00edritu del Acuerdo era, y sigue siendo, que se iniciara una presencia estatal integral en funci\u00f3n de atender las necesidades b\u00e1sicas de las comunidades a trav\u00e9s de un proceso de consulta previa. Lo que ha pasado, como quedo demostrado con la masacre de campesinos \u201ccocaleros\u201d en territorios colectivos del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera en Tumaco, es que ha primado una visi\u00f3n que concibe la implementaci\u00f3n del punto del Acuerdo sobre el problema de las drogas desde una perspectiva exclusivamente \u201ccriminal\u201d. Por lo tanto, no hay un reconocimiento de los impactos del narcotr\u00e1fico sobre la vida colectiva de las comunidades, y de la condici\u00f3n necesaria de consultarlas para implementar el programa de sustituci\u00f3n de cultivos.<\/p>\n

La continuidad de las violaciones a los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas no se han limitado a los territorios rurales. Zonas de los contextos urbanos de Buenaventura, Quibd\u00f3, Bogot\u00e1, Cali, Cartagena, entre otros, en donde habitan miles de afrocolombianos en situaci\u00f3n de desplazamiento forzado, tambi\u00e9n son campos de disputa armada entre grupos armados ilegales articulados a la din\u00e1mica de microtr\u00e1fico.<\/p>\n

La implementaci\u00f3n normativa<\/strong>
\nEl proceso de formulaci\u00f3n y expedici\u00f3n de las leyes y decretos para la implementaci\u00f3n del Acuerdo por parte de los poderes ejecutivo y legislativo ha sido la prioridad desde la firma del mismo. De acuerdo con el Informe del Instituto Kroc, a septiembre 2017 se han aprobado 44 iniciativas legislativas a trav\u00e9s de los mecanismos especiales establecidos para la implementaci\u00f3n normativa de los puntos esenciales del Acuerdo; otras 12 iniciativas est\u00e1n en curso, y deber\u00edan aprobarse antes de finalizar la vigencia del fast-track en Noviembre 30 de 2017. Las expectativas de las comunidades y organizaciones afrocolombianas frente a este proceso era que precisamente lo estipulado por el Cap\u00edtulo \u00c9tnico se aplicara en forma rigurosa. La garant\u00eda al derecho a la consulta previa, libre e informada deb\u00eda constituirse en la principal herramienta y principio para asegurar la adopci\u00f3n de un enfoque diferencial-\u00e9tnico afrocolombiano. Al respecto, el balance es bastante negativo.<\/p>\n

Seg\u00fan reportes de miembros del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, que como parte de la Comisi\u00f3n \u00c9tnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, lider\u00f3 el proceso que llev\u00f3 a la formulaci\u00f3n e inclusi\u00f3n del Cap\u00edtulo \u00c9tnico dentro del Acuerdo, el incumplimiento de lo establecido en materia de consulta previa y progresividad en dicho cap\u00edtulo por parte del ejecutivo y el Congreso en la implementaci\u00f3n normativa ha sido pr\u00e1cticamente total. Ni la Instancia de Alto Nivel con Pueblos \u00c9tnicos definida en el Cap\u00edtulo \u00c9tnico, ni el Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, han sido consultados en forma adecuada para el tr\u00e1mite de las iniciativas legislativas hasta ahora aprobadas. No parece factible que esto se haga para lo que resta de la vigencia del fast-track.<\/p>\n

La consecuencia de este incumplimiento, obviamente ha sido que dichos actos legislativos carezcan de de un enfoque diferencial \u00e9tnico-afrocolombiano que impida la regresividad en derechos adquiridos y garantice que la implementaci\u00f3n conduzca a la reparaci\u00f3n integral de los derechos vulnerados. Se requiere de una revisi\u00f3n profunda de todos estos actos legislativos de tal forma que permita identificar los mecanismos que sean necesarios para \u201ccorregir\u201d lo omitido, pero ya en el terreno de la implementaci\u00f3n concreta. El problema que se tendr\u00e1 es que en Colombia lo que \u201cno se nombra en las leyes\u201d es muy dif\u00edcil poder exigirlo en la aplicaci\u00f3n de las mismas. Es cierto que el mismo Acuerdo, adem\u00e1s del Cap\u00edtulo \u00c9tnico, enfatiza el compromiso de aplicar enfoques diferenciales. Eso deber\u00eda ser suficiente. Sin embargo, la falta de la especificidad \u00e9tnica-afrocolombiana en los textos de los actos legislativos har\u00e1 mucho m\u00e1s dif\u00edcil la adopci\u00f3n de dicho enfoque por parte de las instituciones que tendr\u00e1n a su cargo la aplicaci\u00f3n de las leyes para la implementaci\u00f3n del Acuerdo.<\/p>\n

A manera de ejemplo. En el Decreto que crea la Comisi\u00f3n para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetici\u00f3n, se recogen textos originales del Acuerdo que mencionan las afectaciones del conflicto sobre los diferentes grupos poblaciones m\u00e1s vulnerables (mujeres, afrocolombianos, ind\u00edgenas, ni\u00f1os, etc.). Pero a la hora de crear mecanismos espec\u00edficos al interior de la Comisi\u00f3n que velen porque esos enfoques diferenciales se apliquen, el Decreto solo estipula la creaci\u00f3n de un grupo de asuntos de g\u00e9nero. Esta especificidad de los temas de g\u00e9nero es completamente adecuada y se logr\u00f3 como resultado de los procesos de incidencia durante el proceso por parte de las organizaciones de mujeres. La creaci\u00f3n de un grupo an\u00e1logo para asuntos \u00e9tnicos deber\u00eda haberse incluido en esta fase legislativa, independientemente de la incidencia de las organizaciones afrocolombianas. Si la consulta previa se hubiera garantizado, seguramente el Decreto habr\u00eda tenido que incluir una provisi\u00f3n similar a la de los temas de g\u00e9nero.<\/p>\n

Las iniciativas legislativas relacionadas con la Reforma Rural Integral tambi\u00e9n han venido siendo monitoreadas y fuertemente criticadas por organizaciones afrocolombianas, ind\u00edgenas y campesinas, einclusive por un grupo de congresistas. Algunos pronunciamientos han ofrecido argumentos s\u00f3lidos acerca de la inconsistencia de algunos actos legislativos con lo establecido por el Acuerdo. Al parecer, se est\u00e1n planteando mecanismos que pueden echar para atr\u00e1s derechos territoriales adquiridos por las comunidades \u00e9tnicas.<\/p>\n

El Plan Marco de Implementaci\u00f3n (PMI)<\/strong>
\nLa formulaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n del PMI ha sido el otro proceso institucional fundamental que se ha desarrollado durante este primer a\u00f1o de implementaci\u00f3n, y que resulta cr\u00edtico para la perspectiva de garantizar los derechos de las comunidades afrocolombianas afectadas por el conflicto. Seg\u00fan el Informe del Instituo Kroc, \u201cel PMI y el posterior CONPES, es un instrumento de pol\u00edtica p\u00fablica clave para traducir el Acuerdo Final a instrumentos program\u00e1ticos y presupuestales de pol\u00edtica p\u00fablica que integren el Acuerdo de Paz en la cotidianeidad y estructura funcional del Estado\u201d. El mencionado Informe indica que este proceso lleva un retraso de 6 meses con respecto al cronograma establecido por el Acuerdo, lo cual representa un obst\u00e1culo significativo. La inclusi\u00f3n del enfoque diferencial \u00e9tnico-afrocolombiano en el PMI ha enfrentado grandes dificultades.<\/p>\n

El componente cr\u00edtico del PMI para lograr la adopci\u00f3n de un enfoque diferencial es la formulaci\u00f3n e inclusi\u00f3n de metas e indicadores. Cualquier prop\u00f3sito establecido por el Acuerdo que no se traduzca en esos t\u00e9rminos dentro del PMI, conducir\u00e1 a que el mismo no sea de obligatorio cumplimiento por parte del gobierno colombiano, y por lo tanto no tendr\u00e1 asignaci\u00f3n presupuestal.<\/p>\n

Representantes de la Comisi\u00f3n \u00c9tnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, la cual a su vez hace parte de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos \u00c9tnicos, han estado participando activamente en los espacios creados para la elaboraci\u00f3n del PMI. Con sus propios recursos t\u00e9cnicos han elaborado y entregado la propuesta de indicadores y metas \u00e9tnicos. Sin embargo, lo que han encontrado es una resistencia sistem\u00e1tica a que sus propuestas sean incluidas. Al momento de producir este art\u00edculo, al parecer se va a llegar a una versi\u00f3n de PMI que efectivamente incorpora lo \u00e9tnico a nivel de indicadores y metas. Aun asi, el proceso de relacionamiento entre la institucionalidad y las organizaciones afrocolombianas ha evidenciado la falta de voluntad pol\u00edtica y comprensi\u00f3n sobre la importancia del enfoque diferencial \u00e9tnico como elemento constitutivo para la construcci\u00f3n de la paz.<\/p>\n

El fortalecimiento de las condiciones para la participaci\u00f3n efectiva<\/strong>
\nDesde el inicio del proceso de negociaci\u00f3n el gobierno colombiano y las FARC-EP coincidieron en que las v\u00edctimas del conflicto estar\u00edan en el centro. El texto final del Acuerdo efectivamente refleja ese compromiso. No solamente en t\u00e9rminos de que uno de sus puntos se dedica exclusivamente a los derechos de las v\u00edctimas sino que la totalidad de los puntos del Acuerdo tambi\u00e9n adoptan ese compromiso. Por lo tanto, la expectativa de las comunidades afrocolombianas a la firma del Acuerdo era que se iban a adoptar todas las medidas necesarias para que desde el inicio de su implementaci\u00f3n se garantizara su participaci\u00f3n efectiva. El principio de la consulta previa estipulado en el Cap\u00edtulo \u00c9tnico reforzaba esta expectativa. As\u00ed mismo, la creaci\u00f3n de una Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos \u00c9tnicos parec\u00eda que se convertir\u00eda en el mecanismo fundamental para velar por esa participaci\u00f3n.<\/p>\n

Las valoraciones de las comunidades y organizaciones afrocolombianas sobre las acciones del gobierno colombianos para contribuir al fortalecimiento de las condiciones para la participaci\u00f3n efectiva en la implementaci\u00f3n del Acuerdo durante su primer a\u00f1o ofrecen un balance desfavorable.<\/p>\n

La Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos \u00c9tnicos efectivamente se cre\u00f3 pero no ha contado con las condiciones log\u00edsticas y t\u00e9cnicas adecuadas para producir los insumos que se requieren participar en los procesos legislativos y de dise\u00f1o institucional que se han adelantado. Adicionalmente, en el caso de la formulaci\u00f3n del PMI, los espacios de interlocuci\u00f3n han carecido muchas veces de representantes de de la institucionalidad con poder de decisi\u00f3n. Esto \u00faltimo precisamente se ha constituido en un factor que retrasa el alcance de acuerdos para la inclusi\u00f3n de propuestas fundamentales para garantizar que se est\u00e9 adoptando un enfoque \u00e9tnico-afrocolombiano.<\/p>\n

El fortalecimiento de las condiciones para la participaci\u00f3n de las comunidades y organizaciones en los territorios (rurales y urbanos) ha sido a\u00fan m\u00e1s limitado. Principiando por la ausencia de acciones pedag\u00f3gicas sistem\u00e1ticas que realmente permitan que se tenga una comprensi\u00f3n m\u00ednima sobre los contenidos del Acuerdo y el proceso de implementaci\u00f3n.
\nEl dise\u00f1o de la arquitectura normativa e institucional es sin duda un requisito esencial para la implementaci\u00f3n exitosa del Acuerdo. Pero el fortalecimiento organizativo es igualmente una condici\u00f3n sin qua non para la aplicaci\u00f3n efectiva de las normas y la ejecuci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas que podr\u00e1n volver realidad el Acuerdo. De no atenderse dicho fortalecimiento, se corre el riesgo de que se mantenga una gran brecha entre lo que dictan las leyes y lo que efectivamente logran las pol\u00edticas p\u00fablicas que las desarrollan.<\/p>\n

El balance de un a\u00f1o de implementaci\u00f3n del Acuerdo que se presenta en este art\u00edculo en relaci\u00f3n con la generaci\u00f3n de condiciones para garantizar los derechos de las comunidades afrocolombianas afectadas por el conflicto, ciertamente resulta preocupante. El incumplimiento de lo estipulado en el Cap\u00edtulo \u00c9tnico es significativo. A pesar de ello, sigue existiendo un margen para que el marco de implementaci\u00f3n realmente sea una oportunidad para la reparaci\u00f3n integral y la superaci\u00f3n de la exclusi\u00f3n hist\u00f3rica. Las organizaciones y comunidades afrocolombianas contin\u00faan haciendo su parte a trav\u00e9s de una posici\u00f3n proactiva para contribuir a la construcci\u00f3n de la paz. Le corresponde al Estado colombiano y a las FARC-EP corregir el rumbo para garantizar una inclusi\u00f3n efectiva en la implementaci\u00f3n del Acuerdo.
\nRecomendaciones<\/p>\n

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos considera que para mejorar la adopci\u00f3n de un enfoque diferencial \u00e9tnico afrocolombiano en los procesos de implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz, deber\u00edan atenderse las siguientes recomendaciones<\/em><\/strong>:<\/p>\n

La rama ejecutiva del gobierno colombiano deber\u00eda:<\/strong><\/p>\n