Junio 27 de 2018 – Los resultados de las elecciones presidenciales de Colombia del pasado 17 de Mayo tendr\u00e1n efectos sobre las condiciones pol\u00edticas, institucionales y sociales que determinan la garant\u00eda de los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas, especialmente aquellas que han sido v\u00edctimas del conflicto armado, la discriminaci\u00f3n racial y la exclusi\u00f3n hist\u00f3rica.<\/p>\n
La elecci\u00f3n de Ivan Duque como nuevo presidente de Colombia para el periodo 2018-2022 con el 53,98% de los votos (10.372.730) y la votaci\u00f3n de 8.034.089 ciudadanos (41.81%) por Gustavo Petro, configuran un escenario pol\u00edtico con significativas implicaciones para estas comunidades. Duque, como nuevo jefe del poder ejecutivo tiene unas responsabilidades espec\u00edficas frente a los derechos de los afrocolombianos, derivadas de compromisos del Estado consagrados en la Constituci\u00f3n y las leyes internas (incluido el Acuerdo de Paz), as\u00ed como con los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados. Gustavo Petro, como representante que encarna la oposici\u00f3n y que tendr\u00e1 una curul en el Senado, deber\u00eda liderar los procesos legislativos y de control pol\u00edtico que tengan que ver con la protecci\u00f3n de los derechos de las comunidades afrocolombianas. Este rol se configura en una obligaci\u00f3n \u00e9tica teniendo en cuenta su compromiso como candidato con las principales demandas de las comunidades afrocolombianas que precisamente llev\u00f3 a un apoyo de la mayor\u00eda de ellas a su candidatura, el cual se tradujo en su victoria en todo el Pac\u00edfico colombiano.<\/p>\n
La elecci\u00f3n de Duque como nuevo presidente ha sido recibida con frustraci\u00f3n y temor por parte de las comunidades afrocolombianas afectadas por el conflicto armado; inclusive la desesperanza se siente en algunas de ellas. La frustraci\u00f3n se ha producido como consecuencia de la derrota electoral del candidato que apoyaron, y \u00a0quien interpret\u00f3 adecuadamente e incorpor\u00f3 sus visiones y propuestas. Pero tambi\u00e9n por sentir que este resultado refleja la persistencia de la indiferencia de gran parte de la sociedad para asumir un compromiso que proteja a quienes el conflicto armado ha despojado del disfrute de sus derechos. Y los temores est\u00e1n asociados a las expectativas de una intensificaci\u00f3n de la violencia contra l\u00edderes, lideresas y comunidades tanto en las \u00e1reas rurales como en las ciudades, as\u00ed como con la continuidad de los desplazamientos y los confinamientos de las comunidades en territorios que han seguido en disputa armada despu\u00e9s de la desmovilizaci\u00f3n de las FARC.<\/p>\n
Los temores frente a la continuidad de la violencia no es infundada. La campa\u00f1a del hoy presidente estuvo apoyada por sectores y personalidades pol\u00edticas que demandaban la modificaci\u00f3n sustancial del Acuerdo de Paz que las comunidades afrocolombianas, amplios sectores de la sociedad y la comunidad internacional han apoyado y valorado como la ruta para la garant\u00eda de los derechos de las comunidades afrocolombianas y la construcci\u00f3n de una paz sostenible y justa para toda la sociedad. Si el nuevo presidente mantiene posiciones y asume decisiones para incumplir lo pactado en el Acuerdo, esto debilitar\u00e1 su implementaci\u00f3n. Sectores de la opini\u00f3n p\u00fablica est\u00e1n llamando a dar el \u201cbeneficio de la duda\u201d al nuevo presidente. Sin embargo, las primeros signos no son alentadores: el 19 de junio, la bancada de congresistas del partido de Ivan Duque y legisladores de otros partidos que apoyaron su candidatura, \u00a0aprobaron el aplazamiento para avanzar en la reglamentaci\u00f3n legislativa de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP) que es una de las piezas fundamentales del Acuerdo.<\/p>\n
El respeto a lo pactado en el Acuerdo, que se consolid\u00f3 como un mandato constitucional y una pol\u00edtica de Estado, deber\u00eda ser el camino a seguir del nuevo presidente, pero esa no parece que fuera a ser su hoja de ruta. Las consecuencias de esto para las comunidades afrocolombianas ser\u00e1n muy negativas. No solamente porque se pondr\u00eda en riesgo el cumplimiento de lo estipulado en el Cap\u00edtulo \u00c9tnico del Acuerdo. Modificaciones sustantivas al Sistema Integral de Verdad, Justica, Reparaci\u00f3n y No Repetici\u00f3n o de los mecanismos de la Reforma Rural Integral impondr\u00e1n obst\u00e1culos significativos para la restituci\u00f3n de derechos de las comunidades afrocolombianas.<\/p>\n
Pero la decisi\u00f3n de desconocer, modificar o no garantizar las condiciones de implementaci\u00f3n del Acuerdo no exime a la nueva administraci\u00f3n de las responsabilidades y deberes del Estado frente a la situaci\u00f3n de derechos humanos de las comunidades afrocolombianas. Se debe recordar que el Acuerdo incorpor\u00f3 demandas y derechos consagrados igualmente en otras normas constitucionales y legislativas, as\u00ed como en compromisos internacionales que mantienen vigencia. La terminaci\u00f3n de la reglamentaci\u00f3n de la Ley 70 de 1993, las sentencias y \u00f3rdenes constitucionales, las medidas cautelares de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y las recomendaciones de organismos internacionales como el Comit\u00e9 CERD, que monitorea la Convencion Internacional contra Toda Forma de Discriminacion racial; todas ellas configuran obligaciones que el nuevo presidente debe cumplir.<\/p>\n
La garant\u00eda a las comunidades afrocolombianas del derecho a la consulta previa, libre e informada, tambi\u00e9n mantiene su preeminencia en todas las decisiones que adopte la nueva administraci\u00f3n y el Congreso. La garant\u00eda de este derecho en el marco de la formulaci\u00f3n del pr\u00f3ximo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 es un deber para el nuevo presidente que ser\u00e1 exigido y vigilado por parte de las comunidades y la comunidad internacional. El modelo de desarrollo que el presidente electo revel\u00f3 durante la campa\u00f1a no reconoce adecuadamente los derechos de las comunidades afrocolombianas y promueve la continuidad de pol\u00edticas econ\u00f3micas que obstaculizan los derechos \u00e9tnico-culturales y la superaci\u00f3n de la exclusi\u00f3n. Aunque como presidente electo tendr\u00e1 la capacidad de buscar que el nuevo plan de desarrollo instrumentalice su visi\u00f3n de desarrollo, dicho plan tendr\u00e1 que ser consultado con las comunidades y no podr\u00e1 desconocer los derechos ya reconocidos a las mismas. Todas las administraciones pasadas no han garantizado en forma adecuada el derecho a la consulta previa en la elaboraci\u00f3n de Plan Nacional de Desarrollo. El nuevo presidente tiene la obligaci\u00f3n de corregir esta pr\u00e1ctica.<\/p>\n
El Congreso de la Rep\u00fablica tambi\u00e9n est\u00e1 obligado a expedir las leyes que garanticen los derechos de las comunidades afrocolombianas, as\u00ed como a ejercer el control pol\u00edtico sobre la nueva administraci\u00f3n liderada por Duque. El record hist\u00f3rico del poder legislativo colombiano en esta materia tampoco ofrece antecedentes positivos. De ah\u00ed la importancia que reviste el rol que deben jugar Gustavo Petro desde su curul en el Senado, as\u00ed como los congresistas que apoyaron su candidatura. El apoyo masivo de la mayor\u00eda de comunidades afrocolombianas a la candidatura de Gustavo Petro, y el compromiso demostrado por este a sus demandas ofrecen condiciones id\u00f3neas para corregir la exclusi\u00f3n estructural de los afrocolombianos del proceso legislativo. Las expectativas y el entusiasmo que han expresado estas comunidades luego de las elecciones deben ser correspondidas en esta perspectiva.<\/p>\n
El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, ante esta nueva coyuntura pol\u00edtica e institucional que enfrentaran las comunidades afrocolombianas, continuar\u00e1 apoyando los procesos de promoci\u00f3n y protecci\u00f3n sus derechos fundamentales. Estaremos especialmente atentos para apoyar los procesos conducentes a que el Estado colombiano cumpla con los compromisos internacionales que tiene frente a estas comunidades. En esta perspectiva, de manera espec\u00edfica ofrecemos las siguientes recomendaciones:<\/p>\n
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