{"id":13051,"date":"2020-06-12T02:00:32","date_gmt":"2020-06-12T02:00:32","guid":{"rendered":"http:\/\/race01.wp\/resources\/pronunciamiento-en-ocasion-de-la-resolucion-a-ser-votada-en-el-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu-promocion-y-proteccion-de-los-derechos-humanos-en-nicaragua\/"},"modified":"2023-05-10T11:42:09","modified_gmt":"2023-05-10T11:42:09","slug":"pronunciamiento-en-ocasion-de-la-resolucion-a-ser-votada-en-el-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu-promocion-y-proteccion-de-los-derechos-humanos-en-nicaragua","status":"publish","type":"resources","link":"https:\/\/raceandequality.org\/es\/resources\/pronunciamiento-en-ocasion-de-la-resolucion-a-ser-votada-en-el-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu-promocion-y-proteccion-de-los-derechos-humanos-en-nicaragua\/","title":{"rendered":"Pronunciamiento en ocasi\u00f3n de la resoluci\u00f3n a ser votada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU \u201cPromoci\u00f3n y protecci\u00f3n de los derechos humanos en Nicaragua\u201d"},"content":{"rendered":"

12 de junio de 2020.<\/strong> Organizaciones de la sociedad civil queremos expresar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU nuestra alarma por la represi\u00f3n que contin\u00faa en Nicaragua, el r\u00e1pido deterioro de la situaci\u00f3n frente a la expansi\u00f3n del COVID-19, la ausencia de respuesta del Estado, y la renuencia del Estado a dar respuesta a los llamados realizados por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en cumplimiento de la resoluci\u00f3n \u201cPromoci\u00f3n y protecci\u00f3n de los derechos humanos en Nicaragua\u201d (A\/HRC\/40\/L.8).<\/p>\n

En vista de lo cual una nueva resoluci\u00f3n \u00a0(A\/HRC\/43\/L.35)<\/a> fue propuesta durante la 43\u00aa sesi\u00f3n del Consejo de Derechos Humanos, sesi\u00f3n que se suspendi\u00f3 por la situaci\u00f3n derivada del COVID-19 y que se ha decidido reanudar el 14 de junio con la votaci\u00f3n de la misma entre los puntos de la agenda. En este marco, las organizaciones que suscribimos el presente, hacemos un llamado a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, y en particular los Estados Latinoamericanos y Caribe, a adoptar una posici\u00f3n de principios y a apoyar activamente la adopci\u00f3n de dicha resoluci\u00f3n, teniendo en consideraci\u00f3n:<\/p>\n

    \n
  1. Las continuas denuncias de graves violaciones a los derechos humanos desde abril de 2018<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    A\u00fan durante la emergencia sanitaria de la COVID-19, en Nicaragua contin\u00faan utiliz\u00e1ndose de manera sistem\u00e1tica m\u00e9todos represivos como asedio<\/a>, hostigamiento, detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza, especialmente contra excarcelados pol\u00edticos, defensores de derechos humanos, ind\u00edgenas, afrodescendientes, mujeres, familiares de las v\u00edctimas de la represi\u00f3n y ciudadanos que ejercen su derecho a disentir.<\/p>\n

      \n
    1. Las restricciones al espacio c\u00edvico y la represi\u00f3n de la disidencia en Nicaragua<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

      En el marco de la pandemia, desde las altas esferas del Gobierno no se han atendido las propuestas de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, l\u00edderes comunitarios y religiosos sobre la implementaci\u00f3n de medidas<\/a> de distanciamiento social y aislamiento para prevenir la propagaci\u00f3n del nuevo coronavirus. M\u00e1s bien, se han reportado represalias, amenazas<\/a> y despidos<\/a> en contra de m\u00e9dicos que han exigido al Gobierno medidas para enfrentar a la COVID-19 y que han compartido p\u00fablicamente la situaci\u00f3n en hospitales p\u00fablicos.<\/p>\n

        \n
      1. El irrespeto a los derechos a la libertad de reuni\u00f3n pac\u00edfica, de asociaci\u00f3n y de expresi\u00f3n<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

        En el marco del segundo aniversario desde las protestas de abril 2018, varios ciudadanos fueron fuertemente reprimidos por la Polic\u00eda, especialmente en la Isla de Ometepe<\/a> y la ciudad de Masaya. Al menos once personas fueron arrestadas y remitidas a juicio<\/a> bajo acusaciones de tr\u00e1fico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego, homicidio frustrado y da\u00f1os. Adem\u00e1s, mientras el Ejecutivo incita la participaci\u00f3n en eventos masivos<\/a> en el espacio p\u00fablico en plena crisis sanitaria, a\u00fan contin\u00faa vigente la restricci\u00f3n policial para ejercer el derecho a la manifestaci\u00f3n.<\/p>\n

          \n
        1. Las detenciones y reclusiones arbitrarias para reprimir a la disidencia<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

          El Gobierno tampoco ha atendido el llamado de la comunidad internacional a poner en libertad a las personas detenidas arbitrariamente. La cifra de presos pol\u00edticos es de 86 hasta el mes de mayo<\/a>, seg\u00fan la Alianza C\u00edvica por la Justicia y la Democracia. Estas personas son criminalizadas por su oposici\u00f3n al gobierno y por su trabajo de denuncia y protecci\u00f3n de los derechos humanos. El 13 de mayo, el Gobierno excarcel\u00f3 bajo el r\u00e9gimen de convivencia familiar a 2,815 reos comunes, pero ninguno<\/a> de ellos era prisionero pol\u00edtico. Los familiares de los opositores encarcelados temen que un brote de COVID-19 sea letal dentro del Sistema Penitenciario Nacional, donde seg\u00fan afirman los familiares de prisioneros pol\u00edticos, habr\u00eda m\u00e1s de treinta prisioneros<\/a> que presentan los s\u00edntomas del COVID.<\/p>\n

            \n
          1. La falta de garant\u00edas de entorno seguro y propicio para defensores de derechos humanos y periodistas<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

            A pesar de las comunicaciones enviadas por varios mandatos de Procedimientos Especiales, hasta la fecha no se ha restablecido la personer\u00eda jur\u00eddica de nueve organizaciones no gubernamentales que desde diciembre de 2018 fueron cerradas arbitrariamente y sus bienes siguen bajo ocupaci\u00f3n de la Polic\u00eda. Los defensores de derechos humanos siguen trabajando a pesar de las represalias, bajo prohibiciones y acusaciones de terrorismo. Los medios de comunicaci\u00f3n Confidencial y 100% Noticias, contin\u00faan sin poder transmitir en televisi\u00f3n abierta y sus oficinas y equipos de trabajo fueron ocupados ilegalmente desde hace casi un a\u00f1o. Las autoridades contin\u00faan empleando un discurso estigmatizante en contra de los periodistas y opositores, como en el reci\u00e9n publicado \u201cLibro blanco<\/a> Nicaragua ante la pandemia de Covid-19: una estrategia singular\u201d.<\/p>\n

              \n
            1. La falta de garant\u00edas de independencia e imparcialidad del sistema de justicia<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

              Con las \u00faltimas detenciones arbitrarias y el inicio de nuevos juicios irregulares para ciudadanos opositores, queda en evidencia que el sistema judicial sigue cooptado por el partido en el gobierno, y contin\u00faa siendo una pieza clave en la impunidad de las violaciones de derechos humanos. Recientemente, uno de los jueces que proces\u00f3 a decenas de manifestantes en juicios carentes de garant\u00edas del debido proceso, Edgar Altamirano<\/a>, fue ascendido por la Corte Suprema de Justicia a magistrado del Tribunal de Apelaciones de Granada.<\/p>\n

                \n
              1. La necesidad de adoptar un plan de acci\u00f3n integral orientado hacia la rendici\u00f3n de cuentas, de forma inclusiva y centrado en las v\u00edctimas<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                A la fecha, las iniciativas emprendidas por el Gobierno el a\u00f1o pasado orientadas a la rendici\u00f3n de cuentas no se han desarrollado de forma inclusiva y centrada en las v\u00edctimas y los sobrevivientes<\/a> de la violencia letal ocurrida desde abril de 2018. La Ley de Amnist\u00eda fue adoptada de forma unilateral por las autoridades y perpet\u00faa la impunidad, mientras que la Ley de Atenci\u00f3n Integral a V\u00edctimas no recoge el derecho de las v\u00edctimas para interponer recursos ante las autoridades judiciales, y se\u00f1ala a las personas opositoras al gobierno como autores de un golpe de estado fallido y no como v\u00edctimas de la represi\u00f3n. Tampoco ha rendido cuentas sobre los m\u00e1s de 300 asesinatos ocurridos en 2018 ni se ha procesado judicialmente a los autores materiales e intelectuales de dichos cr\u00edmenes, como recoge el informe<\/a> de la OACNUDH \u201cViolaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua\u201d. Esto ha impedido que se garantice el acceso a la verdad, justicia y reparaci\u00f3n.<\/p>\n

                  \n
                1. La falta de cooperaci\u00f3n con la Oficina de la Alta Comisionada, los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos y los \u00f3rganos creados en virtud de tratados competentes, as\u00ed como con la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA) y la CIDH<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                  El Gobierno tampoco ha reanudado su cooperaci\u00f3n con los \u00f3rganos internacionales de derechos humanos y sus mecanismos, sin responder a comunicaciones de los Procedimientos Especiales desde noviembre de 2018. Inclusive, se ha negado a informar<\/a> sobre la situaci\u00f3n de la pandemia a trav\u00e9s del reglamento sanitario internacional y ha presentado informaci\u00f3n estad\u00edstica de manera irregular. Esto<\/p>\n

                  ha provocado que los representantes de la Organizaci\u00f3n Panamericana de la Salud (OPS) no tengan a\u00fan acceso a hospitales ni informaci\u00f3n detallada<\/a> sobre las personas contagiadas, en seguimiento o fallecidas.<\/p>\n

                    \n
                  1. La continuaci\u00f3n de actos de intimidaci\u00f3n o represalia para quienes cooperan o intentan cooperar con los \u00f3rganos internacionales y regionales<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                    En el \u00faltimo informe<\/a> sobre represalias de la OACNUDH se documentaron al menos 23 casos de acoso y persecuci\u00f3n contra personas que comparten informaci\u00f3n sobre violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Un caso emblem\u00e1tico fue el de Amaya Coppens, arrestada en diciembre de 2019 junto con 15 personas que llevaban agua a madres de presos pol\u00edticos en huelga de hambre. Coppens hab\u00eda asistido tres meses antes al Consejo<\/a> para denunciar violaciones de derechos humanos en su pa\u00eds.<\/p>\n

                      \n
                    1. La renuencia a reanudar el di\u00e1logo nacional<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                      El Gobierno ha descartado su participaci\u00f3n futura en una mesa de di\u00e1logo, y tampoco ha mostrado disposici\u00f3n a dar cumplimiento a la hoja de ruta que se hab\u00eda aprobado en el di\u00e1logo anterior iniciado en febrero de 2019. Si bien la Asamblea de Nicaragua aprob\u00f3 la Ley 985<\/a> en enero de este a\u00f1o, que tiene por objeto \u201cestablecer el marco jur\u00eddico general que garantiza una Cultura de Di\u00e1logo\u201d, esta ley no contempla las m\u00faltiples violaciones de los derechos humanos desde abril de 2018, ni considera como sujetos de di\u00e1logo a los miembros de la oposici\u00f3n o defensores de derechos humanos.<\/p>\n

                        \n
                      1. La falta de implementaci\u00f3n de reformas jur\u00eddicas e institucionales para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y cre\u00edbles <\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                        Durante este a\u00f1o preelectoral, no se han implementado, discutido ni iniciado negociaciones sobre las reformas<\/a> electorales, aun cuando a inicios del 2020 la Asamblea Nacional agend\u00f3 este tema. A pesar de que decenas de organizaciones sociales dise\u00f1aron una propuesta<\/a> de reforma electoral en diciembre de 2019, esta no fue atendida por las autoridades. Siendo que las elecciones est\u00e1n previstas a desarrollarse en el 2021, es fundamental que se retome dicha reforma y la misma se consens\u00fae con amplios sectores pol\u00edticos y sociales, y con el apoyo de la OEA.<\/p>\n

                          \n
                        1. Otros asuntos de preocupaci\u00f3n <\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                          Preocupa la situaci\u00f3n en el Caribe de Nicaragua, donde las comunidades afro e ind\u00edgenas han sido hist\u00f3ricamente discriminadas, v\u00edctimas de actos de violencia e invasi\u00f3n de sus territorios con la aquiescencia y\/o cooperaci\u00f3n del Estado. En el contexto de la COVID-19, el acceso a servicios de salud es limitado, hay desabastecimiento de medicinas y falta personal de salud entrenado. Adem\u00e1s, desde 2018 m\u00e1s de 100,000 personas<\/a> se han visto forzadas a salir de Nicaragua, principalmente a Costa Rica, sin que hasta el d\u00eda de hoy existan las garant\u00edas para un retorno pronto y seguro.<\/p>\n

                          Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento pedimos a las misiones en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que copatrocinen y aprueben esta nueva resoluci\u00f3n, teniendo en cuenta que esta cumple con los \u201ccriterios objetivos para la acci\u00f3n del Consejo\u201d, los que se toman en cuenta para decidir cu\u00e1ndo este debe \u201ccomprometerse con un Estado para prevenir, responder o abordar violaciones y ayudar a reducir la escalada de una situaci\u00f3n de preocupaci\u00f3n\u201d. Esta resoluci\u00f3n permitir\u00e1 que la OACNUDH y la comunidad internacional sigan monitoreando la grave situaci\u00f3n de derechos humanos en Nicaragua, y refuercen su rol de prevenci\u00f3n frente al r\u00e1pido deterioro de la situaci\u00f3n nacional.<\/p>\n

                          Suscriben: <\/strong><\/span><\/p>\n