{"id":13233,"date":"2020-10-08T20:21:33","date_gmt":"2020-10-08T20:21:33","guid":{"rendered":"http:\/\/race01.wp\/resources\/sociedad-civil-colombiana-denuncia-ante-la-cidh-desproteccion-de-comunidades-indigenas-afrodescendientes-y-campesinas-y-de-lideres-y-lideresas-sociales-victimas-del-conflicto-armado\/"},"modified":"2023-05-10T11:38:15","modified_gmt":"2023-05-10T11:38:15","slug":"sociedad-civil-colombiana-denuncia-ante-la-cidh-desproteccion-de-comunidades-indigenas-afrodescendientes-y-campesinas-y-de-lideres-y-lideresas-sociales-victimas-del-conflicto-armado","status":"publish","type":"resources","link":"https:\/\/raceandequality.org\/es\/resources\/sociedad-civil-colombiana-denuncia-ante-la-cidh-desproteccion-de-comunidades-indigenas-afrodescendientes-y-campesinas-y-de-lideres-y-lideresas-sociales-victimas-del-conflicto-armado\/","title":{"rendered":"Sociedad civil colombiana denuncia ante la CIDH desprotecci\u00f3n de comunidades ind\u00edgenas, afrodescendientes y campesinas, y de l\u00edderes y lideresas sociales v\u00edctimas del conflicto armado"},"content":{"rendered":"

Bogot\u00e1, 6 de octubre 2020.-<\/strong> Organizaciones de la sociedad civil colombiana expusieron ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de denuncias sobre la desprotecci\u00f3n de comunidades ind\u00edgenas, afrodescendientes y campesinas, y de l\u00edderes y lideresas sociales v\u00edctimas del conflicto armado, y solicitaron a este organismo dar un seguimiento m\u00e1s profundo al cumplimiento del Acuerdo de Paz, especialmente al Cap\u00edtulo \u00c9tnico, as\u00ed como al Programa de Reparaci\u00f3n Colectiva que establece la Ley 1448 y el Decreto 4635, ambos de 2011.<\/p>\n

La presentaci\u00f3n se realiz\u00f3 en el marco de una audiencia p\u00fablica solicitada por diversas organizaciones, entre ellas el Instituto sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), a prop\u00f3sito del 177 periodo de sesiones de la CIDH. La audiencia se denomin\u00f3 \u201cDenuncias de desprotecci\u00f3n de los colectivos v\u00edctimas del conflicto armado en Colombia: comunidades ind\u00edgenas, afrodescendientes y campesinas y l\u00edderes sociales<\/em>\u201d<\/strong><\/a> y cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de representantes del Estado colombiano.<\/p>\n

Gran rezago en el Cap\u00edtulo \u00c9tnico<\/strong><\/p>\n

Raza e Igualdad, junto con la Comisi\u00f3n \u00c9tnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, present\u00f3 un an\u00e1lisis sobre el bajo estado de implementaci\u00f3n del Cap\u00edtulo \u00c9tnico del Acuerdo de Paz<\/strong>, destacando las consecuencias de ello en t\u00e9rminos de graves violaciones a los derechos humanos. \u201cEl actual gobierno de Colombia ha estado saboteando la implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz, y con ello, negando la consolidaci\u00f3n de la paz territorial a la que tienen derecho los pueblos \u00e9tnicos\u201d, apunt\u00f3 Pedro Le\u00f3n Cort\u00e9s, asesor de la oficina de Raza e Igualdad en Colombia.<\/p>\n

En la ponencia se se\u00f1al\u00f3 que, seg\u00fan el \u00faltimo informe del Instituto Kroc\u2014ente internacional que da seguimiento al cumplimiento integral del Acuerdo de Paz\u2014, el Cap\u00edtulo \u00c9tnico tiene una implementaci\u00f3n de apenas un 8%<\/strong> y se observa un retroceso en la ejecuci\u00f3n de las pol\u00edticas contenidas en los puntos del Acuerdo, siendo uno de ellos la falta de mecanismos para la protecci\u00f3n y seguridad de los territorios ancestrales.<\/p>\n

Las organizaciones denunciaron que, ante la falta de condiciones para detener la disputa del control territorial por parte de grupos armados ilegales, se registra el desplazamiento forzado de 30, 000 personas entre noviembre 2019 y junio de 2020.<\/strong> \u201cEn cuanto al Programa Nacional de Sustituci\u00f3n de Cultivos de Uso Il\u00edcito (PNIS), hay evidencias sobre una estrategia para detener la pol\u00edtica de erradicaci\u00f3n voluntaria y sustituci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos\u201d, a\u00f1adieron.<\/p>\n

A criterio de las y los actores de la sociedad civil, todos estos retrasos, fallas y omisiones evidencian la no aplicaci\u00f3n del principio fundamental del Cap\u00edtulo \u00c9tnico: garantizar el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Valoraron, sin embargo, que hay esfuerzos significativos para aplicar el enfoque \u00e9tnico en la Comisi\u00f3n para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), as\u00ed como en las garant\u00edas para las victimas \u00e9tnicas ante la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP).<\/p>\n

Sobre el Programa de Reparaci\u00f3n Colectiva<\/strong><\/p>\n

Luz Marina Becerra, secretaria general de la Asociaci\u00f3n Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y presidenta de Las Comadres (Coordinaci\u00f3n de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia), expuso datos oficiales sobre la implementaci\u00f3n del Programa de Reparaci\u00f3n Colectiva de acuerdo con lo establecido en la Ley 1448 o Ley de V\u00edctimas de 2011<\/strong>. La lideresa indic\u00f3 que, a marzo de 2020, en el Registro de V\u00edctimas estaban inscritos 755 sujetos de reparaci\u00f3n colectiva, de los cuales 482 son pueblos \u00e9tnicos y que, tras nueve a\u00f1os de la implementaci\u00f3n de la Ley, el 78% de los sujetos \u00e9tnicos se encuentran en las etapas iniciales de la ruta de reparaci\u00f3n colectiva y solo el 10% cuenta con un plan de reparaci\u00f3n en proceso de implementaci\u00f3n.<\/p>\n

\u201cA la fecha, ning\u00fan sujeto \u00e9tnico ha finalizado la implementaci\u00f3n de su plan de reparaci\u00f3n colectiva. Consideramos que la implementaci\u00f3n del Programa de Reparaci\u00f3n Colectiva es grave y preocupante y, por tanto, se encuentra comprometida la garant\u00eda y el goce efectivo de los derechos de las victimas colectivas del conflicto armado\u201d, dijo Becerra.<\/p>\n

Entre las barreras institucionales del Programa de Reparaci\u00f3n Colectiva<\/strong>, Becerra mencion\u00f3: debilidad en la articulaci\u00f3n interinstitucional y la coordinaci\u00f3n naci\u00f3n-territorio para la implementaci\u00f3n de los planes integrales de reparaci\u00f3n colectiva, dificultades en la elaboraci\u00f3n t\u00e9cnica de los planes de reparaci\u00f3n colectiva, tiempos excesivos en la implementaci\u00f3n de la ruta de reparaci\u00f3n colectiva, ausencia de un enfoque transformador del programa, y falta de presupuestos adecuados y suficientes.<\/p>\n

La secretaria general de Afrodes denunci\u00f3 que en el periodo de post-acuerdo se han registrado 392 desplazamientos, para un total de 130,079 personas desplazadas forzosamente<\/strong>, de las cuales el 47% corresponde a comunidades \u00e9tnicas. Asimismo, tienen conocimiento de 1,203 agresiones a l\u00edderes y lideresas sociales en el ejercicio de su labor.<\/p>\n

Situaci\u00f3n en Choc\u00f3<\/strong><\/p>\n

El activista y defensor de derechos humanos y territorios de poblaciones afrodescendientes, Luis Ernesto Olave, brind\u00f3 un informe sobre la crisis humanitaria en el departamento de Choc\u00f3<\/strong>, destacando que la llamada pol\u00edtica de Paz con Legalidad del Gobierno de Iv\u00e1n Duque \u201cha impedido acceder a la b\u00fasqueda de la convivencia pac\u00edfica mediante la salida negociada al conflicto, permitiendo que efectivos de las FARC sigan delinquiendo, sumado a la presencia del ELN y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia\u201d.<\/p>\n

Olave detall\u00f3 que en las comunidades afrodescendientes e ind\u00edgenas de este departamento registran el aumento de confinamiento y desplazamiento de sus poblaciones, reclutamiento forzado de menores de edad por parte de la guerrilla del ELN y oferta econ\u00f3mica de parte de las Autodefensas Gaitanistas, incremento de cultivo de hoja de coca, control territorial por las rutas de narcotr\u00e1fico, armas y trata de personas, especialmente en los afluentes de los r\u00edos Atrato; asesinatos sistem\u00e1ticos, amenazas a l\u00edderes sociales, entre otras situaciones de inseguridad. Se\u00f1al\u00f3 que solo este a\u00f1o se han desplazado de manera forzada 350 familias en Alto Baud\u00f3, 66 familias en Medio Baud\u00f3 y 10 familias en Bajo Baud\u00f3.<\/p>\n

RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES<\/strong><\/h4>\n

Respecto al Cap\u00edtulo \u00c9tnico<\/strong><\/p>\n

Las organizaciones recomendaron al Estado colombiano adoptar de forma inmediata las medidas para asegurar la aplicaci\u00f3n efectiva del Cap\u00edtulo \u00c9tnico del Acuerdo de Paz<\/strong>, como fortalecer condiciones para el funcionamiento de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos \u00c9tnicos (IEANPE) y cumplir las \u00f3rdenes vigentes de la Corte Constitucional que reconocen la violencia y riesgos que enfrentan los pueblos \u00e9tnicos, entre otras. Mientras que a la CIDH le pidieron adoptar el seguimiento al Cap\u00edtulo \u00c9tnico como una prioridad.<\/p>\n

Respecto al Programa de Reparaci\u00f3n Colectiva<\/strong><\/p>\n

Al Estado, solicitaron desarrollar una estrategia integral de fortalecimiento del Programa, que permita ampliar su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n, aumentar el ritmo de implementaci\u00f3n y superar las barreas que afronta<\/strong>, as\u00ed como desarrollar mecanismos para la supervisi\u00f3n y cumplimiento del enfoque reparador de los planes de desarrollo con enfoque territorial y la inclusi\u00f3n de la reparaci\u00f3n colectiva en los planes de desarrollo local, y desarrollar una estrategia especial de acompa\u00f1amiento a los colectivos v\u00edctimas en el contexto de la reactivaci\u00f3n econ\u00f3mica posterior a la pandemia. A la CIDH le pidieron que dentro del seguimiento a la situaci\u00f3n de derechos humanos en Colombia se incluya una estrategia para el seguimiento al cumplimiento del derecho a la reparaci\u00f3n de los colectivos v\u00edctimas del conflicto.<\/p>\n

Respecto a situaci\u00f3n en Choc\u00f3<\/strong><\/p>\n

Solicitaron a la CIDH instar al Estado a hacer presencia estatal en todo el departamento<\/strong>, que se reinicien los acuerdos de paz con el ELN, un acuerdo humanitario en el Choc\u00f3 que involucre a todos los actores armados, agilizar las solicitudes de protecci\u00f3n colectiva e individual y hacer estudios que realmente atiendan las situaciones de riesgo de comunidades, as\u00ed como exigir el cumplimiento de los acuerdos del paro c\u00edvico por la salvaci\u00f3n y la dignidad del Choc\u00f3 firmados en el 2007 y de la sentencia T622 de 2016 que le concede al r\u00edo Atrato derecho de reparaci\u00f3n, mantenimiento, protecci\u00f3n y conservaci\u00f3n.<\/p>\n

Reacci\u00f3n de la CIDH<\/strong><\/p>\n

Las y los comisionados mostraron su preocupaci\u00f3n por el bajo avance en la implementaci\u00f3n tanto del Cap\u00edtulo \u00c9tnico como del Programa de Reparaci\u00f3n Colectiva<\/strong>, por lo que plantearon preguntas sobre los obst\u00e1culos que impiden una aplicaci\u00f3n integral y efectiva de dichos mecanismos. Hicieron eco, adem\u00e1s, de la falta de consulta previa, el recrudecimiento de la violencia en los territorios, la persecuci\u00f3n a los liderazgos sociales y la falta de coordinaci\u00f3n del gobierno nacional con los gobiernos locales.<\/p>\n

La comisionada Margarette May Macaulay pidi\u00f3 la palabra para rechazar el cont\u00ednuum de violencias de los pueblos \u00e9tnicos<\/strong> en medio del conflicto armado y de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de Covid-19. La tambi\u00e9n Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminaci\u00f3n Racial, y sobre los Derechos de la Mujer, plante\u00f3 la necesidad que el Estado provea informaci\u00f3n precisa y espec\u00edfica sobre las afectaciones a las comunidades afrodescendientes y sobre las razones de la demora en la aplicaci\u00f3n del Acuerdo de Paz y la Ley de V\u00edctimas y el Decreto 4635.<\/p>\n

La secretaria ejecutiva interina de la CIDH, Mar\u00eda Claudia Pulido, aprovech\u00f3 la ocasi\u00f3n para se\u00f1alar que este organismo incluir\u00e1 el seguimiento al informe pa\u00eds de Colombia en su informe anual 2020, por lo que la semana pasada envi\u00f3 una carta al Estado solicitando m\u00e1s informaci\u00f3n e informando sobre su decisi\u00f3n de enfocar su seguimiento en la implementaci\u00f3n del Cap\u00edtulo \u00c9tnico<\/strong>.<\/p>\n

Respuesta del Estado<\/strong><\/h4>\n

Por parte del Estado, el embajador de Colombia ante la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordo\u00f1ez, no respondi\u00f3 directamente a los planteamientos de la sociedad civil, sino que se refiri\u00f3 a los dos a\u00f1os de la llamada pol\u00edtica de Paz con Legalidad del Gobierno de Iv\u00e1n Duque. Adem\u00e1s, al ser consultado por el presidente de la CIDH, comisionado Joel Hern\u00e1ndez, sobre el reclutamiento de menores de edad de parte de grupos armados ilegales, el funcionario se excus\u00f3 de contestar la pregunta se\u00f1alando que ese tema no era parte de la audiencia.<\/p>\n

En tanto, Emilio Archila, Consejero para la Estabilizaci\u00f3n y Consolidaci\u00f3n, expuso principalmente sobre el alcance y resultados de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que son un instrumento de planeaci\u00f3n de proyectos prioritarios para las comunidades m\u00e1s afectadas por la violencia y la pobreza en 170 municipios de pa\u00eds.<\/p>\n

Tres funcionarios m\u00e1s de la Unidad de V\u00edctimas, del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n, respectivamente, brindaron reportes sobre un gran n\u00famero de actividades, pero sin mencionar acciones en t\u00e9rminos de evitar y sancionar la violaci\u00f3n de derechos humanos que la sociedad civil ha venido denunciando de forma constante.<\/p>\n

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