{"id":14730,"date":"2023-01-26T19:50:59","date_gmt":"2023-01-26T19:50:59","guid":{"rendered":"http:\/\/race01.wp\/resources\/organizaciones-internacionales-denuncian-proyecto-de-ley-que-busca-criminalizar-y-obstaculizar-el-trabajo-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-en-venezuela\/"},"modified":"2023-01-26T19:48:41","modified_gmt":"2023-01-26T19:48:41","slug":"organizaciones-internacionales-denuncian-proyecto-de-ley-que-busca-criminalizar-y-obstaculizar-el-trabajo-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-en-venezuela","status":"publish","type":"resources","link":"https:\/\/raceandequality.org\/es\/resources\/organizaciones-internacionales-denuncian-proyecto-de-ley-que-busca-criminalizar-y-obstaculizar-el-trabajo-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-en-venezuela\/","title":{"rendered":"Organizaciones internacionales denuncian proyecto de ley que busca criminalizar y obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela"},"content":{"rendered":"

Ginebra y Washington D.C. enero 26 de 2023.<\/strong>– Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupaci\u00f3n por la aprobaci\u00f3n en primera vuelta de un proyecto de ley que busca criminalizar y obstaculizar a\u00fan m\u00e1s el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela: la Ley de Fiscalizaci\u00f3n, Regularizaci\u00f3n, Actuaci\u00f3n y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines<\/strong>. Este proyecto de ley fue presentado por el partido gobernante en la Asamblea Nacional de Venezuela\u2014elegida en 2020 en un proceso electoral ampliamente cuestionado\u2014y contraviene normas y est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n

De aprobarse, esta ley tendr\u00eda el efecto de seriamente obstaculizar y potencialmente, criminalizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil<\/strong> en el pa\u00eds, y aumentar\u00eda el cierre del espacio c\u00edvico. Se trata de una estrategia m\u00e1s del gobierno para limitar la labor fundamental de las organizaciones de la sociedad civil, que leg\u00edtimamente defienden derechos y trabajan en favor de las v\u00edctimas de violaciones de derechos humanos, y la emergencia humanitaria en Venezuela.<\/p>\n

El proyecto de ley fue debatido y aprobado en sesi\u00f3n legislativa el 24 de enero de 2023<\/strong>. Propone la creaci\u00f3n de un \u00abr\u00e9gimen uniforme\u00bb para la constituci\u00f3n, registro, funcionamiento y administraci\u00f3n de las organizaciones no gubernamentales (ONG), oblig\u00e1ndolas, entre otras cosas, a solicitar autorizaci\u00f3n para su creaci\u00f3n y acreditaci\u00f3n para poder funcionar en el pa\u00eds. Las organizaciones no podr\u00e1n operar sin dicha autorizaci\u00f3n, y quienes lo hicieran podr\u00e1n ser objeto de sanciones. Esto implica una restricci\u00f3n inaceptable a la libertad de asociaci\u00f3n y otros derechos relacionados.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el proyecto de ley integra \u00abobligaciones\u00bb establecidas en la Ley Org\u00e1nica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo<\/em>, con un amplio lenguaje jur\u00eddico, lo cual es particularmente preocupante, dada la potencial criminalizaci\u00f3n de la capacidad de las ONG de recibir financiamiento extranjero<\/strong>.<\/p>\n

Esta legislaci\u00f3n obliga a las personas o entidades a inscribirse en el Registro Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, indicando y divulgando peri\u00f3dicamente la recepci\u00f3n de financiaci\u00f3n extranjera. Quienes no se inscriban o no revelen sus fuentes de financiaci\u00f3n podr\u00edan enfrentarse a multas, a la cancelaci\u00f3n de su inscripci\u00f3n oficial y a acciones penales en virtud de la citada ley contra la delincuencia organizada. Adem\u00e1s, el amplio lenguaje jur\u00eddico del proyecto de ley exacerbar\u00eda la actual persecuci\u00f3n a las personas defensoras de los derechos humanos<\/strong>. Por ejemplo, el art\u00edculo 15.2 del proyecto de ley proh\u00edbe que las ONG lleven a cabo \u00abactividades pol\u00edticas<\/em>\u00ab, sin definir claramente qu\u00e9 se considerar\u00eda como tal. El art\u00edculo 15.3 del proyecto de ley establece que las OSC tienen prohibido \u201cPromover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la Rep\u00fablica<\/em>\u201d, y el art\u00edculo 15.4 a\u00f1ade la frase omnicomprensiva \u00abcualquier otro acto prohibido por la legislaci\u00f3n venezolana<\/em>\u00ab. La violaci\u00f3n de este art\u00edculo podr\u00eda acarrear la suspensi\u00f3n de las actividades de la organizaci\u00f3n, o incluso su disoluci\u00f3n, tanto de oficio por parte de la autoridad competente o por un tribunal, si se abre un proceso penal y se declara la existencia de un delito.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el lenguaje utilizado en el proyecto de ley es muy problem\u00e1tico, particularmente el \u00e9nfasis que se hace contra la financiaci\u00f3n extranjera, y la categorizaci\u00f3n de las ONG que acceden a dicho financiamiento como \u00abagentes extranjeros\u00bb<\/strong> destinados a desestabilizar la \u00absoberan\u00eda nacional.\u201d<\/p>\n

Seg\u00fan las normas y est\u00e1ndares<\/a> internacionales, las OSC deben tener la capacidad de realizar su trabajo sin indebidas limitaciones y obst\u00e1culos basadas en onerosos requisitos administrativos destinados a limitar su acci\u00f3n e impedir su existencia<\/strong>. Uno de los elementos esenciales del derecho a la libertad de asociaci\u00f3n, es la posibilidad de acceder a financiaci\u00f3n extranjera por parte de las ONGs nacionales, que, en muchos casos, es vital para su labor en materia de derechos humanos.<\/p>\n

Recordamos que, ya en 2021 se aprob\u00f3 una providencia administrativa<\/a> que les obligaba a revelar todos sus beneficiarios y donantes en una plataforma digital gubernamental, bajo el velo de la \u00ablucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada\u00bb. Esta medida fue rechazada en una carta abierta<\/a> por m\u00e1s de 600 ONGs venezolanas. En julio de 2010, el Tribunal Supremo ya hab\u00eda atacado el financiamiento de las OSC al determinar que la obtenci\u00f3n de recursos provenientes de estados extranjeros con la intenci\u00f3n de emplearse en perjuicio de la Rep\u00fablica podr\u00eda configurar traici\u00f3n.<\/p>\n

Dado el complejo contexto en Venezuela, en relaci\u00f3n con el estado de derecho, la democracia, el funcionamiento de los poderes del Estado, y en particular la falta de un poder judicial independiente, de aprobarse este proyecto de ley, varios derechos fundamentales est\u00e1n en a\u00fan m\u00e1s riesgo, incluyendo, los derechos a la privacidad, la libertad de asociaci\u00f3n y de expresi\u00f3n, as\u00ed como el derecho a defender derechos humanos<\/strong>. M\u00e1s a\u00fan, podr\u00eda convertirse en una herramienta para legitimar lo que es esencialmente la persecuci\u00f3n y criminalizaci\u00f3n de los defensores de los derechos humanos.<\/p>\n

Adem\u00e1s, esta legislaci\u00f3n es preocupante en el contexto de la investigaci\u00f3n de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela<\/strong>, porque al restringir el trabajo de las ONG que documentan violaciones de derechos humanos y cr\u00edmenes de lesa humanidad, se estar\u00eda restringiendo una fuente vital de informaci\u00f3n y pruebas para este tribunal. Esto, a su vez, se podr\u00eda interpretar como una acci\u00f3n de obstrucci\u00f3n a la justicia, que socavar\u00eda las obligaciones internacionales del Estado venezolano.<\/p>\n

Finalmente, con elecciones presidenciales programadas para 2024 y elecciones legislativas y regionales para 2025, Venezuela encara un periodo electoral que en el pasado ha resultado en picos de la pol\u00edtica de represi\u00f3n del gobierno. Las organizaciones son las que, en el pasado, han monitoreado e identificado patrones de represi\u00f3n del gobierno y cualquier ofensiva contra el espacio c\u00edvico.<\/p>\n

Las organizaciones firmantes destacamos que el avance de este proyecto de ley est\u00e1 acompa\u00f1ado de una estrategia sostenida en el tiempo para limitar el trabajo de las OSC<\/strong>, as\u00ed como de un discurso oficial que, durante a\u00f1os, ha estigmatizado a las organizaciones que trabajan en derechos humanos. Al mismo tiempo, esta ley se da en un contexto de impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos y de persecuci\u00f3n y represi\u00f3n en contra de personas, voces y organizaciones consideradas disidentes por el gobierno y a una completa falta de independencia judicial.<\/p>\n

Por lo tanto, instamos a la comunidad internacional de pa\u00edses democr\u00e1ticos, en particular a los de Am\u00e9rica Latina, a que rechacen este proyecto de ley y hagan un llamado al gobierno de Venezuela a poner fin a la criminalizaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de las personas defensoras de los derechos humanos y las OSC<\/strong>. Finalmente, invitamos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien visita el pa\u00eds esta semana, a rechazar y exigir a las autoridades el archivo de esta propuesta ley, y a destacar durante su visita la importancia de garantizar un ambiente propicio para que las organizaciones de la sociedad civil puedan operar libres de presiones.<\/p>\n

Organizaciones:<\/strong><\/p>\n

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)<\/p>\n

Robert F. Kennedy Human Rights<\/p>\n

Fundaci\u00f3n para el Debido Proceso (DPLF)<\/p>\n

Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P)<\/p>\n

Oficina en Washington Para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)<\/p>\n

Organizaci\u00f3n Mundial contra la Tortura (OMCT)<\/p>\n

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos<\/p>\n

Human Rights Watch (HRW)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ginebra y Washington D.C. enero 26 de 2023.– Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupaci\u00f3n por la aprobaci\u00f3n en primera vuelta de un proyecto de ley que busca criminalizar […]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":14731,"parent":0,"menu_order":0,"template":"","format":"standard","categories":[1154],"resources_country":[],"resources_language":[],"resources_audience":[],"resources_format":[],"resources_topic":[],"resources_year":[],"class_list":["post-14730","resources","type-resources","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-espanol"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/raceandequality.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/resources\/14730","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/raceandequality.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/resources"}],"about":[{"href":"https:\/\/raceandequality.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/resources"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raceandequality.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raceandequality.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14731"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/raceandequality.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14730"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/raceandequality.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14730"},{"taxonomy":"resources_country","embeddable":true,"href":"https:\/\/raceandequality.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/resources_country?post=14730"},{"taxonomy":"resources_language","embeddable":true,"href":"https:\/\/raceandequality.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/resources_language?post=14730"},{"taxonomy":"resources_audience","embeddable":true,"href":"https:\/\/raceandequality.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/resources_audience?post=14730"},{"taxonomy":"resources_format","embeddable":true,"href":"https:\/\/raceandequality.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/resources_format?post=14730"},{"taxonomy":"resources_topic","embeddable":true,"href":"https:\/\/raceandequality.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/resources_topic?post=14730"},{"taxonomy":"resources_year","embeddable":true,"href":"https:\/\/raceandequality.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/resources_year?post=14730"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}