{"id":17032,"date":"2023-04-28T21:50:03","date_gmt":"2023-04-28T21:50:03","guid":{"rendered":"https:\/\/racenadequapro.wpengine.com\/?post_type=resources&p=17032"},"modified":"2023-07-30T21:52:01","modified_gmt":"2023-07-30T21:52:01","slug":"comunicado-a-dos-anos-del-estallido-social-de-2021-exigimos-una-reforma-policial-ya","status":"publish","type":"resources","link":"https:\/\/raceandequality.org\/es\/resources\/comunicado-a-dos-anos-del-estallido-social-de-2021-exigimos-una-reforma-policial-ya\/","title":{"rendered":"COMUNICADO: A dos a\u00f1os del Estallido Social de 2021 \u00a1exigimos una Reforma Policial ya!"},"content":{"rendered":"

Colombia, 28 de abril de 2023.<\/strong>-El Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021, marc\u00f3 un punto de quiebre en la historia reciente de Colombia. Durante m\u00e1s de tres meses, en todo el territorio nacional, amplios sectores de la sociedad civil expresaron de diversas formas, en las plazas y en las calles, en los barrios y comunas, una serie de\u00a0 exigencias de condiciones de vida digna. A esta masiva expresi\u00f3n de descontento social se sumaron banderas, movimientos, organizaciones sociales y la poblaci\u00f3n colombiana en general, para la reivindicaci\u00f3n del goce efectivo de derechos fundamentales.<\/p>\n

La leg\u00edtima expresi\u00f3n social fue respondida con violencia policial y m\u00faltiples violaciones a los derechos humanos, como la criminalizaci\u00f3n de la protesta pac\u00edfica y el perfilamiento racial. En cifras reportadas por organizaciones como la Campa\u00f1a Defender la Libertad Asunto de Todas, se documentaron 89 homicidios, 1.929 personas heridas, 116 lesiones oculares, 343 agresiones a personas defensoras de derechos humanos y 106 denuncias por violencias basadas en g\u00e9nero[1]<\/sup><\/a>. Algunas de est\u00e1s Violencias tuvieron impactos diferenciales; as\u00ed de acuerdo con el\u00a0 Proceso de Comunidades Negras y otras organizaciones afrodescendientes, se presentaron hechos de 15 violencias basadas en g\u00e9nero contra mujeres afrodescendientes a nivel nacional, 26 desapariciones forzadas, 7 detenciones arbitrarias y 36 asesinatos contra personas afrodescendientes.[2]<\/sup><\/a><\/p>\n

Por otra parte, cinco relatoras y relatores de la ONU[3]<\/sup><\/a> divulgaron en marzo de este a\u00f1o una comunicaci\u00f3n con su preocupaci\u00f3n por la existencia de \u201cun patr\u00f3n de uso indiscriminado del derecho penal y del poder fiscalizador del Estado con la finalidad de judicializar a personas que participaron en la protesta\u201d <\/em>con dos modalidades: aplicaci\u00f3n indiscriminada de la captura en flagrancia y el traslado por protecci\u00f3n en una primera etapa y; judicializaciones sustentadas en posibles montajes y apelando al uso de tipos penales desproporcionados, como el de terrorismo y concierto para delinquir a partir de junio de 2021.\u00a0 Adem\u00e1s, las detenciones y los traslados por protecci\u00f3n fueron utilizados para la comisi\u00f3n de otras agresiones (violencias sexuales, agresiones f\u00edsicas, torturas, tratos crueles e inhumanos) por lo que se recuerda que el Estado asume un deber de protecci\u00f3n reforzado cuando una persona se encuentra privada de libertad y bajo su control efectivo.<\/p>\n

Al elevado n\u00famero de v\u00edctimas se suma el alto nivel de impunidad. Seg\u00fan datos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Procuradur\u00eda, de las denuncias recibidas por abusos de autoridad, tan solo 1.34% se encuentran en investigaci\u00f3n, 4.2% en juicio, 0.54% en ejecuci\u00f3n de pena, 0.02% en terminaci\u00f3n anticipada y tan s\u00f3lo 0.7% de los casos se han emitido fallos[4]<\/sup><\/a>. Esta preocupaci\u00f3n es compartida por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, quien en su primer informe de seguimiento de recomendaciones de su visita de trabajo a Colombia en 2021, expres\u00f3 la necesidad de realizar una rendici\u00f3n de cuentas sobre lo ocurrido en el contexto del Paro Nacional, especialmente asegurando medidas de reparaci\u00f3n integral y oportuna para las v\u00edctimas.<\/p>\n

En ese sentido, no hay garant\u00edas efectivas a los derechos a la verdad, la justicia, la reparaci\u00f3n y la no repetici\u00f3n cuando a las v\u00edctimas de violencia policial se les niega el acceso a la justicia. A la vez se afecta la materializaci\u00f3n de otras exigencias como la creaci\u00f3n de una ruta de atenci\u00f3n integral a v\u00edctimas, el acompa\u00f1amiento jur\u00eddico y psicosocial, la atenci\u00f3n m\u00e9dica oportuna y otras acciones relacionadas al goce de derechos fundamentales, que adem\u00e1s tengan en cuenta\u00a0 enfoques diferenciales como el \u00e9tnico-racial y de g\u00e9nero. El estado de impunidad aumenta las condiciones para la continuidad de los casos de violencia policial, por lo que el tr\u00e1mite de dichos procesos en su mayor\u00eda han significado un perjuicio para las v\u00edctimas y han terminado en hechos de revictimizaci\u00f3n, afectando de forma desproporcionada a grupos hist\u00f3ricamente discriminados como la poblaci\u00f3n afrodescendiente, ind\u00edgena y LBGTIQ.<\/p>\n

A ra\u00edz de estos procesos movilizatorios y los intentos de autorreforma en la Polic\u00eda Nacional durante el Gobierno de Duque, las consignas por una reforma policial integral con participaci\u00f3n amplia de la sociedad civil y el desmonte del ESMAD (Escuadr\u00f3n M\u00f3vil Antidisturbios) tomaron fuerza. Dos a\u00f1os despu\u00e9s de la oleada de vulneraciones a los derechos humanos en el Paro Nacional, estas exigencias contin\u00faan pendientes.<\/p>\n

En el \u00faltimo a\u00f1o, la Polic\u00eda y el Ministerio de Defensa han impulsado un proceso de transformaci\u00f3n del ESMAD hacia la consolidaci\u00f3n de la UNDMO (Unidad Nacional de Di\u00e1logo y Mantenimiento del Orden), una vez m\u00e1s, sin contar con la sociedad civil y con las v\u00edctimas de violencia policial para establecer di\u00e1logos y generar propuestas de manera conjunta y vinculante. Esto ha llevado a que la nueva Unidad conserve problemas estructurales, tales como: a. conservar la doctrina; b. actuar en contextos de ri\u00f1as, miner\u00eda ilegal, en centros penitenciarios y carcelarios y en la sustituci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos, cuando es una Unidad para la atenci\u00f3n de manifestaciones; c. no incluir enfoques diferenciales; d. desarrollar acciones de inteligencia y perfilamiento de l\u00edderes y lideresas de las movilizaciones; y por \u00faltimo, e. continuar con el uso de armas potencialmente letales sin tener en cuenta sus impactos m\u00e9dicos, psicosociales y ambientales.<\/p>\n

A lo anterior se suma la preocupaci\u00f3n por la no difusi\u00f3n,<\/strong> amplia y clara, de la Resoluci\u00f3n 1091 del 31 de marzo de 2023<\/strong>, que expide el Manual para la atenci\u00f3n a la Reuni\u00f3n y Manifestaci\u00f3n P\u00fablica y Pac\u00edfica y Control de Disturbios de la Polic\u00eda Nacional de Colombia y que, de cara a la creaci\u00f3n de la UNDMO, es clave que la sociedad civil conozca sus principios y funcionamiento.<\/p>\n

Hacemos un llamado a que el Gobierno Nacional para que reconozca p\u00fablicamente los hechos cometidos durante el Paro Nacional por la Fuerza P\u00fablica, y as\u00ed mismo se haga responsable de establecer rutas de atenci\u00f3n y acompa\u00f1amiento para las v\u00edctimas de la violencia policial en todo el pa\u00eds, adelantar acciones para su reparaci\u00f3n y para la no repetici\u00f3n de hechos que puedan poner en riesgo la vida y la integridad de la poblaci\u00f3n colombiana, en especial aquella que merece especial protecci\u00f3n constitucional.<\/p>\n

Es necesario que el proceso de reforma a la Polic\u00eda no est\u00e9 basado en acciones de autorreforma, sino que su transformaci\u00f3n sea fruto del consenso con la sociedad civil organizada y poniendo en el centro las perspectivas de las v\u00edctimas.<\/p>\n

Exigimos a la Fiscal\u00eda General: (i) Cesar la persecuci\u00f3n judicial a quienes participan en protestas sociales, (ii) Tramitar procesos judiciales con transparencia, el adecuado uso del derecho penal y con plenas garant\u00edas al debido proceso y el derecho a la defensa, (iii) Ordenar la liberaci\u00f3n de las personas judicializadas y privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social.<\/p>\n

Firmamos:<\/p>\n

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