El asesinato de lideres afrocolombianos, la discriminación racial en Estados Unidos, la lucha del pueblo garífuna en Honduras y la amenaza de extinción de la cultura gullah son algunos de los temas que surgieron en el diálogo que impulsó Raza e Igualdad la semana pasada en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.  El coloquio centrado en los retos y oportunidades que ofrece la entrada en vigor el mes pasado de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia se organizó en el marco de un foro auspiciado por la Comisión y la Corte Interamericana. 

Desde el 11 de noviembre, esta convención es vigente para los dos estados que la ratificaron hasta la fecha: Costa Rica y Uruguay. Junto a representantes de estos dos Estados ante la OEA, en el panel de este martes participaron varios representantes de la sociedad civil.  

Entre ellos, Erlendy Cuero Bravo, de AFRODES, destacada organización que aboga por los derechos de los afrocolombianos desplazados por el conflicto armado, denunció como el difícil acceso a la educación de calidad para los jóvenes afrocolombianos se refleja en un aumento en adicciones a sustancias y en una pérdida de identidad. “Nuestra niñez siente vergüenza de ser afro”, dijo la vicepresidenta de AFRODES. 

Erlendy también denunció los asesinatos y la persistente persecución de líderes comunitarios afrocolombianos. Ella misma recibe medidas de protección especiales del gobierno de Colombia desde agosto, después de que la CIDH las otorgara ocho meses antes. Aun así, su seguridad y la de muchos otros líderes y lideresas no ha sido garantizada. Su hermano Bernardo fue asesinado en junio. 

Una representante de la misión de Colombia ante la OEA, que asistió al evento, aseguró que su país tiene la intención de ratificar la nueva Convención. 

Otra de las panelistas fue Mirtha Colón, fundadora de ONECA, una organización que aboga por los derechos de los afrodescendientes en América Central, desde Guatemala hasta Panamá, incluyendo a los que residen en los Estados Unidos. Mirtha denunció la falta de compromiso real hacia la defensa de la comunidad garífuna en Honduras, citando como ejemplo el cierre de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. 

Como moderadora del evento, Margarette Macaulay, Relatora de la CIDH sobre los Derechos de los Afrodescendientes agregó que algunos Estados ignoran o hasta niegan la existencia de ciudadanos afrodescendientes en sus países. 

De allí se discutió sobre el papel crucial de los censos nacionales en proporcionar información para la elaboración de políticas públicas afirmativas. República Dominicana y Chile son los únicos países de la región que no incluyen una variable racial en sus censos.  

Esta invisibilidad se refleja también en la propia identidad de la región, explicó el panelista Doudou Diene, ex Relator Especial de la ONU, al enfatizar la importancia de que la región refleje sus orígenes afrodescendientes y amerindios: “Al decir América Latina le damos a la región la identidad del conquistador”.  

Entre otros temas destacados en el diálogo posterior al panel, un representante de Venezuela Diversa resaltó la doble discriminación que sufren las personas negras homosexuales en su país. Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, aprovechó para anunciar el reciente lanzamiento de la Red Afro LGBTI de América Latina. 

Pero la discriminación puede existir hasta en los pasillos de las instituciones de derechos humanos. En ese sentido, la Comisionada Macaulay hizo un llamado a una mayor diversidad racial entre los propios miembros de la Comisión y la Corte. “No recuerdo haber visto ningún miembro indígena en estas instituciones de derechos humanos”, denunció la Comisionada con su ironía habitual. 

El representante de Uruguay cerró advirtiendo que tan sólo dos países habían ratificado la Convención contra el Racismo desde la aprobación del texto por la Asamblea  General de la OEA en el 2013. Frente a un panorama actual poco favorable al reconocimiento de los derechos afrodescendientes, la adecuación de la legislación a la Convención dependerá de la voluntad política de los Estados.  

Tal como lo dijo la Comisionada Macaulay: “La Convención está en vigor. Ahora tenemos que esforzarnos por conseguir más ratificaciones”.


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Milli Legrain es consultora de comunicación para Raza e Igualdad.

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