Después de la emisión el 29 de agosto de 2018 del contundente informe “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”,  de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) que evidencia sistemáticas violaciones de los derechos humanos y pide la creación de una Comisión Internacional que asegure la justicia y reparación para las víctimas, Daniel Ortega, a través de la Cancillería nicaragüense, ha ordenado la salida del país del  los miembros de la Misión en Nicaragua de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

 Raza e Igualdad condena rotundamente esta decisión del gobierno de turno que se constituye como un precedente negativo de cara a la situación actual que vive el país y que además pone en evidencia la renuencia del gobierno al escrutinio internacional acerca de su desempeño en materia de derechos humanos y su afán de evadir la justicia por las gravísimas violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido del 18 de abril a la fecha.Con extrema preocupación vemos como las decisiones del régimen de Ortega contribuyen a la impunidad en el país y afianzan lógicas de miedo y muerte que confirman el estado de indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentra el pueblo nicaraguense, especialmente aquellos hoy perseguidos, amenazados, señalados y detenidos arbitrariamente por el régimen.  

 Esta declaración del gobierno evidencia el desinterés del mismo para reanudar un diálogo nacional pacífico y democrático que permita superar la crisis y sus consecuencias, como también, pone de manifiesto un claro rechazo a las recomendaciones hasta la fecha propuestas por los grupos de trabajo de los organismos internacionales presentes en el territorio que instan, entre otros, a poner fin al acoso, intimidación, persecución, represión a defensores de derechos humanos, políticos, periodistas y manifestantes en contra de la represión  por parte del régimen.   

 Instamos al gobierno de Daniel Ortega poner fin a la represión y  flagrantes violaciones a los derechos humanos para superar la crisis que ha dejado en los últimos cuatro  meses más de 300 muertos, más de 2000 personas heridas, centenares de detenidos arbitrariamente  y miles de  desplazados.