Mientras que la Iniciativa Nicaragüense de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IND) ha contabilizado más de 370 agresiones a mujeres, de las cuales 2 denuncian haber sido víctimas de violación sexual, 2 mujeres trans fueron asesinadas, y otras 102 fueron detenciones arbitrarias. 48 mujeres aún permanecen detenidas, algunas con condena, otras detenidas sin acusación y otras apenas en proceso, detalló Caracas.

La joven resaltó también la continua persecución a defensoras de derechos humanos, y puso por ejemplo los casos de Ana Cecilia Juguer, promotora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y quien lleva 20 días apresada en El Chipote, Haydeé Castillo, quien fue retenida en el aeropuerto y a quien se le impuso una retención migratoria, y el caso más reciente de Ana Quirós, expulsada del país, despojada arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense y a cuya organización (Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud) le fue cancelada su personería jurídica.

“Es evidente y preocupante que las personas que defendemos derechos humanos en Nicaragua somos uno de los principales objetivos de la estrategia de represión implementada por el gobierno Ortega-Murillo. No nos permiten realizar nuestra labor de defensa, se nos persigue, se nos estigmatiza, se nos niega información, entre otras agresiones”, denunció Caracas.

Marcos Carmona, de la CPDH, detalló las detenciones ilegales, los procesos penales contra los manifestantes y las violaciones de las garantías al debido proceso.

“CPDH lleva 72 procesos a los que están sometidas 178 personas, de las cuales 35 han sido condenadas a penas mayores de 24 años por terrorismo, 20 personas han logrado su libertad, 102 personas esperan fallos”, expresó Carmona, quien afirmó que “todos estos procesos han sido violatorios a las garantías constitucionales y el debido proceso y todos sus derechos humanos, desde la detención, la desaparición forzada, hasta las violaciones de los derechos a la legítima defensa y a los principios de presunción de inocencia”.

Carmona además enfatizó en que “ningún policía, ningún paramilitar, ningún dirigente partidario afín al gobierno ni funcionario han sido procesados” por los delitos que se cometieron desde abril como parte de la respuesta represiva del Gobierno a las manifestaciones cívicas.

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), denunció que a los presos y presas políticas se les mantiene sin acceso a sus abogados, no se les permite el acompañamiento de defensores de derechos humanos, se les niega el acceso a recibir atención médica y sus familiares enfrentan obstáculos para visitarlos y acompañarlos durante el juicio.

Asimismo, Núñez denunció que seis líderes campesinos están “recluidos en celdas de máxima seguridad, sin acceso a luz ni ventilación, conviviendo con plagas y sin acceso a retretes adecuados” y otros han sido forzados a autoexiliarse producto de la persecución.

También destacó la censura y criminalización a la que se enfrentan distintos medios y periodistas nicaragüenses e incluso la Iglesia. “Desde el inicio de la crisis la represión se ha caracterizado por adoptar medidas represivas contra la libertad de expresión”, destacó Núñez, mencionando la escalada de ataques y agresiones hacia periodistas y hacia religiosos de la Iglesia Católica nicaragüense.

Peticiones

Las organizaciones participantes en audiencia hicieron a la CIDH siete peticiones, entre ellas que  el Estado de Nicaragua cese inmediatamente la represión, que continúe monitoreando la situación del país, que incluya a Nicaragua en el Capítulo IV de su Informe Anual del año 2018 y que exija al Estado las condiciones adecuadas para que el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realicen su trabajo sin restricciones.

Además, pidieron a la CIDH demandar pleno acceso a los procesos judiciales para familiares y organismos de derechos humanos, solicitar a los Estados Americanos información periódica sobre los desplazados nicaragüenses, y solicitar al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) la realización de sesiones periódicas sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua.

Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH, respondió que el monitoreo sobre la situación de Nicaragua se mantendrá constante, que esta semana discutirán la introducción de Nicaragua en el Capítulo IV, que pronto se publicará un informe sobre la situación de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, que fortalecerán el Meseni, que los Comisionados y Relatores Especiales continuarán haciendo visitas al país y que ya cuentan con una planificacion al respecto para el primer trimestre de 2019.

“Simplemente quiero insistir en que no vamos a cesar en acompañar a las organizaciones de derechos humanos y al pueblo nicaragüense en la situación que hoy día están viviendo en Nicaragua y que van a contar con nosotros de manera permanente, no tengan duda”, concluyó Urrejola.

Por su parte, Edison Lanza, Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó que en Nicaragua se ha dado una supresión absoluta de las libertades fundamentales instalándose un Estado de Terror que busca la demolición moral de los líderes y lideresas de la sociedad civil y que también pretende alcanzar a la CIDH.

OACNUDH volverá a Nicaragua

Tres meses después de que la misión de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH), se retirara de Nicaragua porque el Gobierno dio por concluida su misión, representantes de esa oficina volverán a Managua a mediados de diciembre, reveló hoy Marlene Alejos, Representante Regional de la OACNUDH para América Central, Panamá y República Dominicana.

“La Oficina realizará una visita a Managua a mediados de este mes, para explorar con el Gobierno la existencia de condiciones adecuadas que permitan volver a trabajar en el país, tanto en el monitoreo de la situación de derechos humanos como en la asistencia técnica”, explicó Alejos.

Dos días antes de su expulsión, la OACNUDH publicó un informe sobre la crisis de Nicaragua en el concluye que “la respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de manifestaciones, en violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

De igual forma, Alejos recordó que en marzo de 2019 se desarrollará una Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos en la que los Estados Miembros evaluarán la situación de Nicaragua y que otra oportunidad importante será  en el mes de mayo durante el Examen Periódico Universal.