Con extrema preocupación por las recientes objeciones que el Presidente de la República de Colombia Iván Duque presentó ante la Corte Constitucional en relación a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un especial llamado al Congreso de la República de Colombia, a preservar lo acordado y garantizar el funcionamiento de la JEP, para que las objeciones dadas por el gobierno nacional no sean un obstáculo y desconocimiento de las decisiones y avances que en materia de este compromiso garantizarían la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición al pueblo colombiano, especialmente las víctimas involucradas.

A través de un documento radicado este lunes 11 de marzo por el presidente Iván Duque ante la Corte Constitucional, se oficializaron las declaraciones realizadas por el mandatario colombiano en el que advierte la necesidad de objetar 6 de los 149 artículos que integran la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Dichas objeciones no sólo representan un retroceso en materia del cumplimiento del acuerdo para una paz estable y duradera; y de los compromisos internacional que en esta materia presenta hoy el país; sino que constituye en sí misma, graves consecuencias a la seguridad jurídica de los más de 13.000 excombatientes de las FARC – EP, miembros del Ejército y Policía Nacional que se acogieron a la JEP y dejaron las armas tras la firma del acuerdo de paz; lo que claramente indicaría un proceso incierto de aporte a la verdad en el llamado a la construcción de la paz que involucra a millones de colombianos y colombianas, sobre todo, los más de 8.376.463 víctimas del conflicto armado reportados por el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos el año pasado.

Unimos nuestra voz al llamado que congresistas, activistas, defensores de derechos humanos, académicos y periodistas realizaron al Secretario General de las Naciones Unidas, el señor António Guterrez , en el que reiteran su preocupación por los intentos de la decisión del gobierno nacional de lesionar y entorpecer la implementación del acuerdo de paz, la estructura y funcionamiento de la JEP como administrador de los protocolos que integran un proceso de justicia transicional; y del sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas.   “Buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley. En otras palabras, recurriendo a la figura de la objeción por inconveniencia, se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica”, anotan los defensores del acuerdo de paz que firman la carta.

Reiteramos nuestro llamado al Gobierno Nacional Colombiano, al Congreso de la República y todas las partes involucradas para continuar apostando a la construcción de una nación en democracia, justicia y paz.  Urgimos al Estado colombiano respetar los acuerdos internacionales pactados en el marco de este proceso de paz para que con su obrar se apueste de todas las maneras a garantizar el respeto de los derechos fundamentales del pueblo, especialmente de las víctimas del conflicto.  Finalmente solicitamos a la comunidad internacional pronunciarse frente a esta decisión, que representa un estancamiento en el proceso de paz, así como instamos a la Organización de las Naciones Unidas dar cuenta en el próximo informe de la Misión de Verificación de la ONU al Consejo de Seguridad los hechos aquí mencionados.