4 de junio de 2019. El pasado 29 de mayo la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una Ley de Atención Integral a Víctimas de las graves violaciones a derechos humanos ocurridas desde el inicio de la actual crisis política, social y de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018.

La Ley de Atención Integral, aprobada de manera exprés, incluye en su articulado brindar acceso de las víctimas a servicios y programas gubernamentales de atención de salud, educación, trabajo, vivienda, ocio y recreación, como parte de las reparaciones de las víctimas.

Las organizaciones firmantes señalamos que, las pretendidas reparaciones, no son otra cosa que prestación de servicios públicos esenciales a las cuales el Estado está obligado para garantizar los derechos básicos de la población nicaragüense en general y, por tanto, en ningún caso pueden entenderse como una atención integral y específica ante las graves violaciones a los derechos que han sufrido miles de víctimas de la represión gubernamental.

Además, en su artículo tercero, la Ley establece que las victimas que podrán acogerse a la misma serán identificadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución que ha sido cuestionada por diversos actores por su falta de independencia del gobierno. En este sentido, el pasado mes de marzo de 2019, el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) recomendó degradar a calificación B a la PDDH de Nicaragua debido a la “falta de voluntad para abordar cuestiones fundamentales de derechos humanos de una manera completa e independiente”.

Cabe recordar que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), establecido por acuerdo entre la OEA y el Gobierno de Nicaragua en junio del pasado año, tenía dentro de su mandato el desarrollo de recomendaciones para la reparación de las víctimas de los hechos acontecidos después del 18 de abril de 2018. El informe que hicieron público en diciembre del mismo año, incluye amplias recomendaciones sobre el acceso a la justicia de las víctimas, la restitución de derechos, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado o el acceso a salud y educación entre otros. Además, indica expresamente que “es fundamental la participación de la población en la toma de decisiones y definiciones de sus propios procesos de construcción y reconstrucción social, del cual el PIR [Plan Integral de Reparaciones] debe ser parte integrante”.

Los estándares internacionales establecen que las reparaciones a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos deben fundamentarse en devolver a las víctimas, en lo posible, a la situación anterior en la que se encontraban, otorgar medidas de satisfacción, garantías de no repetición, medidas de rehabilitación, así como indemnizaciones justas que compensen el daño físico y moral, así como la afectación al proyecto de vida de las víctimas. Además, un paso esencial en todo proceso de reparaciones es que los responsables de las graves violaciones de derechos humanos reconozcan su responsabilidad en los hechos, lo cual aún no ha ocurrido en Nicaragua.

A partir de lo anterior, las organizaciones firmantes:

Primero: Denunciamos que la legislación aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, no cumple con los estándares internacionales en materia de reparación a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

Segundo: Manifestamos que el proceso de elaboración de la Ley de Atención Integral a Victimas, no ha contado con la participación de las víctimas y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

Tercero: Exhortamos a la Asamblea Nacional a emitir nueva legislación acorde a las obligaciones internacionales del Estado que garantice a las víctimas verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, precedida de un amplio proceso de consulta con víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Solicitamos se valore el acompañamiento y asesoría técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), para la construcción de una legislación.

Cuarto: Manifestamos nuestra preocupación por la posible aprobación de una ley de amnistía a los crímenes de lesa humanidad ocurridos, tal y como ha circulado en medios de comunicación.  Nos permitimos recordar que esta amnistía vulneraria los estándares internacionales que exigen que estos graves crímenes sean juzgados.

Quinto: Demandamos nuevamente un cese de la represión a la protesta ciudadana y cualquier otra forma de reivindicación democrática, así como la liberación de todas las personas presas por motivos políticos, como requisito necesario para avanzar hacia una verdadera reparación de las víctimas.

Sexto: Hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad internacional para no cesar en la exigencia de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las miles de víctimas que ha dejado la actual crisis en el país.

Organizaciones Firmantes
Asociadas por lo Justo (JASS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fondo de Acción Urgente – América Latina (FAU)
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM – Defensoras)
International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race & Equality)
Oxfam Internacional
Plataforma Internacional Contra la Impunidad (Pi)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA)

Foto: Roberto Fonseca