Washington, D.C., 8 de junio de 2019. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó hoy una aberrante Ley de Amnistía que condiciona la liberación de 182 presos y presas políticas que continúan en prisión y el cierre de procesos penales para quienes habiendo sido detenidos en el contexto de las protestas de abril, fueron excarcelados, a cambio de que no se realice ninguna investigación contra los responsables de la violencia letal de la que se valió el Estado para reprimir las protestas, la cual  provocó más de 325 muertes, entre ellos 24 niños, niñas y adolescentes, 21 policías  y 2 mil personas heridas.

Raza e Igualdad recuerda que el Gobierno de Nicaragua ya se había comprometido a liberar a más tardar el próximo 18 de junio a todos los y las prisioneras políticas, mediante un acuerdo suscrito en la mesa de negociaciones que contó con la presencia del Nuncio Apostólico Waldemar Sommertag en representación del Vaticano y Luis Ángel Rosadilla por la OEA, como testigos.

El proyecto de Ley de Amnistía, enviado ayer a la Asamblea Nacional con carácter de urgencia, fue aprobado con 70 votos a favor, todos de diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.), partido de Gobierno. Según el texto de la ley, la amnistía cubre todos los delitos políticos y comunes, y “se extiende a personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias”.

La propuesta, como otras decisiones tomadas unilateralmente por el Gobierno y sus operadores en el parlamento nicaragüense (como la reciente Ley de Reparación a Víctimas de Violencia en Nicaragua y la Ley de Reconciliación), no fue objeto de ninguna consulta y fue adoptada al margen del proceso de negociación entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la delegación de Gobierno, mismo que se encuentra suspendido desde que el preso político Eddy Montes Praslin murió a causa de un disparo realizado por un custodio penitenciario.

Raza e Igualdad manifiesta su enérgico rechazo a esta Ley de Amnistía, que busca dejar en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos por parte de autoridades policiales y grupos paraestatales, ocurridos en el contexto de la represión de las protestas de abril de 2018 y meses subsiguientes.

La ley aprobada insiste en la narrativa gubernamental de que lo que ocurrió en 2018 en Nicaragua fue un intento de golpe de Estado y se distancia absolutamente de los estándares internacionales en la materia de verdad, justicia y reparación, por lo que no abona al respeto de los derechos humanos ni a la paz de Nicaragua.

A la fecha, el Gobierno ha engavetado todas las denuncias presentadas por los familiares de nicaragüenses que fallecieron producto de la represión estatal, desatendiendo el justo reclamo por justicia de los familiares de las víctimas. Ahora, el Gobierno de Nicaragua pretende dotar de inaceptables rasgos de legalidad a la omisión de su deber de investigar y sancionar dichas muertes, incluídos los crímenes que  fueron cometidos con la anuencia de los más altos mandos de la estructura gubernamental como asesinatos, encarcelación, persecución, violación, tortura y desaparición forzada, según lo constató el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) respecto de las 109 muertes ocurridas entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, que logró investigar.

Consideramos que la liberación de los y las presas políticas, así como la cancelación de sus procesos y antecedentes penales, no debe de ninguna forma condicionarse a eximir al Estado de honrar las vidas de las víctimas de la represión, investigando y sancionando a los responsables de sus muertes. Desde Raza e Igualdad demandamos la liberación inmediata y sin condiciones de todas y todos los prisioneros políticos, que han sido durante meses sometidos a tratos crueles e inhumanos.

La ley aprobada hoy por la Asamblea Nacional demuestra que el Gobierno de Nicaragua continúa irrespetando sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Demandamos justicia, verdad y reparación para las víctimas de la represión. Consideramos inaceptable que las autoridades nicaraguenses continúen ignorándoles, como lo hacen en la Ley de Amnistía.