Washington D.C. 4 de noviembre de 2019. Más de 600 personas fueron liberadas entre febrero y junio de este año por el Gobierno nicaragüense, luego de haber sido detenidas y criminalizadas por haber participado en las protestas que iniciaron en abril de 2018. A quienes fueron excarcelados en junio, se les aplicó una controversial Ley de Amnistía que garantiza impunidad para los responsables de graves violaciones de derechos humanos. La ley no se aplicó a todos los prisioneros políticos por igual, ya que unas 26 personas quedaron en prisión. Teniendo en cuenta que las detenciones continuaron en julio del presente año y meses subsiguientes, el número de presos políticos se ha elevado a 139, según el último recuento de datos de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Entre estos 139 prisioneros políticos hay solamente una mujer, la joven universitaria María Guadalupe Ruiz, de 22 años. Los demás son estudiantes universitarios, campesinos, profesionales, trabajadores del sector informal e inclusive, retirados.

“Están (en prisión) incluidas personas que participaron en las protestas sociales y manifestaron su repudio hacia el Gobierno”, señala Julia Baltodano, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), organización que trabaja actualmente en la documentación de violaciones de derechos humanos de estos prisioneros. Por lo general, estas personas no tuvieron antes de su arresto exposición mediática.

La forma de criminalizar a estos prisioneros políticos se ha transformado: ya no se les acusa de haber intentado desestabilizar el país o derrocar al Gobierno a través de métodos violentos, sino que se les acusa de delitos comunes.

“Ahora tratan de disfrazarlo de delincuencia común: robo agravado, amenazas, portación ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, y ya no te acusan de diez o quince delitos, sino de uno o dos. La idea del régimen es decir: aquí no hay presos políticos, aquí hay delincuencia común”, explica Alexandra Salazar, abogada de la Unidad de Defensa Jurídica de Presos Políticos, un grupo que lleva la actual defensa de más de 20 prisioneros políticos y gestiona por la incierta situación legal de personas excarceladas.

Esta nueva modalidad ha dificultado la identificación de los prisioneros políticos, pero los defensores conocen de estos casos a través del monitoreo de medios de comunicación, denuncias de familiares a organizaciones de derechos humanos o publicaciones en redes sociales. Desde el CENIDH, por ejemplo, verifican si estas personas tuvieron alguna participación activa dentro de las manifestaciones antigubernamentales, si había amenazas de detención u hostigamiento previo, y luego se analiza la consistencia de las pruebas que presenta la Fiscalía en su contra. Desde la Unidad Jurídica de Presos Políticos, también tienen redes territoriales en otros departamentos que corroboran la información con familiares y otras organizaciones que trabajan por la liberación de los prisioneros políticos.

Otra nueva estrategia adoptada por las autoridades es abandonar el anterior patrón según el cual la gran mayoría de los prisioneros políticos eran trasladados a centros de detención en el departamento de Managua. Ahora la mayoría de los prisioneros políticos están en centros de detención departamentales con la intención de generar menor atención de la opinión pública y reducir el efecto del reclamo por libertad de sus familias y organizaciones que les acompañan.

“Ahora la mayoría quedan en sus jurisdicciones, como parte del cambio de patrón, para hacer todo esto menos visible. Si los trasladan del departamento a la Dirección de Auxilio Judicial (de Managua) eso muestra un interés evidente por esa persona”, explica Salazar, cuyo grupo defiende a personas de Managua, pero también de León, Estelí, Masaya y Granada.

Algunas irregularidades en el proceso judicial que fueron identificadas por el CENIDH incluyen: detenciones ilegales, presentación ante el juez después de 48 horas en violación de lo dispuesto por la Constitución nicaragüense, retardación de justicia, realización de audiencias privadas en vez de públicas, incumplimiento de órdenes de libertad y negación del contacto de los detenidos con abogados o familiares.

Aunque el Estado continúa negándose a reconocer la existencia de prisioneros políticos, ambas expertas consultadas por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, insisten en que es indispensable seguir denunciando a nivel nacional e internacional la existencia de prisioneros políticos en Nicaragua.

Raza e Igualdad se une a los reiterados llamados al Estado de Nicaragua para que libere de forma inmediata a los 139 prisioneros políticos, y proceda a sobreseerles definitivamente en las investigaciones y causas judiciales, así como a la cancelación de sus antecedentes penales. A ellos, así como para todas las personas que fueron detenidas arbitrariamente y procesadas irregularmente tras los hechos de abril de 2018, el Estado debe garantizarles la debida reparación por las violaciones de derechos humanos y los daños sociales, morales y materiales que han sufrido.