Primera detención

En 2006 Yolanda inició a trabajar por cuenta propia en la venta de artesanías, agobiada por no conseguir trabajo. Aunque había sido una de las primeras mujeres en instalar su pequeño negocio, las autoridades siempre le asignaban los espacios más alejados del centro de las plazas, en un intento por disminuir sus ventas y por alejarla de los turistas que además preguntaban sobre la situación en Cuba. “Por mi opinión en contra del sistema, a ellos no les convenía mantenerme donde estaban los turistas”, explica.

En abril de 2016, tras la decisión de las autoridades de retirar a los vendedores del monumento y boulevard del centro de la ciudad, Yolanda y otros cuentapropistas se organizaron para protestar frente a la sede provincial del Partido Comunista en Las Tunas. Tras la protesta, Yolanda recibió a una inspectora oculta que le causó problemas y la reportó con la policía.

“Me llevaron a la fuerza y a empujones a la policía. Me metieron a un calabozo junto con dos hombres. No me brindaron ni agua”, recuerda Yolanda. Por la noche, los oficiales la liberaron, pero siete meses después fue citada a un juicio en el que la acusaban por el delito de instigación a delinquir, y desacato.

En un juicio amañado y sin garantías, la condenaron a 2 años y 6 meses de prisión por instigación a delinquir y desacato. La condena fue subsidiada por limitación de libertad, una especie de arresto domiciliario.  Le indicaron que debía reportarse al Tribunal cada cierto tiempo, pero ella se rehusó a hacerlo. Apeló la sentencia poco después, pero perdió el caso.

Segunda detención

Como tenía que cumplir condena dentro de su vivienda y no podía salir a protestar, en marzo de 2018, Yolanda colgó unos letreros en las ventanas de su casa que decían: “Abajo los hermanos castro”, “Vivan los derechos humanos”, “Arriba UNPACU”. Recibió amenazas de muerte e incluso, uno de sus vecinos, entró a su casa ilegalmente y descolgó los carteles. Esa misma noche la policía la detuvo y al siguiente día la llevaron a la prisión de mujeres La Veguita. Le retiraron el beneficio de limitación de libertad y le asignaron 14 meses de prisión.

Para Yolanda, “no hay nada más cruel y devastador que las prisiones de Cuba”. Ella describe su experiencia así:

“Me quitaron los espejuelos, aunque soy dependiente de ellos. No podía tener nada que leer ni dónde escribir. Me metieron a una celda aislada de la población penal. Cuando llovía, caía más agua del techo que del cielo. El baño era turco, que es un hoyo en el piso. Yo no me podía agachar para hacer mis necesidades y llegué a coger estreñimiento y hemorroides. La cama era un pedazo de loza frío sin una sábana. Aquello es un campo lleno de hierba y venían todo tipo de insectos: ranas, cucarachas, arañas, estabas durmiendo y se te tiraban arriba. Parecía que me iba a volver loca allí. La asistencia médica insuficiente y sin ningún tipo de medicamentos. Los alimentos poco nutritivos y la cantidad poca. El agua potable embalsada. Las instalaciones de la alcantarilla permanecían estancadas, una peste terrible. Había hacinamiento. Un calor excesivo, insoportable. Había muchos mosquitos”.

Yolanda logró salir de prisión en mayo de 2019, tras cumplir su condena.

Hijo activista

En agosto de 2019 Yolanda y su hijo, Cristian Pérez Carmenate, salieron de su casa a participar en protestas, aunque en diferentes localidades. A Yolanda, la policia le propinaron una golpiza que le provocó serios problemas musculares. A su hijo lo detuvieron violentamente, provocándole una fractura en el brazo derecho, donde tiene tatuado el nombre de UNPACU. Los oficiales lo llevaron a prisión y no lo atendieron por la fractura sino hasta 10 días después, colocándole una férula. Un mes más tarde, ante las complicaciones que presentaba el recluso, las autoridades lo trasladaron a un hospital, donde lo operaron para introducirle unas varillas.

“Cristian estando allí en la sala de penados ya no podía caminar, con muletas anduvo en prisión. Cuando se logra que lo saquen bajo licencia extrapenal (en enero de 2020), lo traen para la casa en silla de ruedas. Hoy mismo no se puede ni levantar de su cama”, cuenta Yolanda, quien se ha convertido en el único sustento y apoyo de su hijo, de 42 años.

En el actual contexto de pandemia, ambos se encuentran aislados dentro de su casa, lo que ha limitado la atención médica de Cristian, quien no tiene un médico de cabecera ni ha logrado que en los hospitales públicos le vuelvan a operar para retirar las varillas, que le han provocado supuración e inflamación severos.

El serio problema de salud de su hijo y una nueva multa que recién arribó para la activista son los más recientes actos de persecución de las autoridades. Ella asegura que se mantendrá firme en sus denuncias ante las arbitrariedades del sistema cubano.