La primera vez que supo de grupos de oposición en su natal Santiago de Cuba fue cuando tenía 25 años. Un domingo de agosto de 2013, Lisandra Rivera iba a la playa con sus amigas y vio que un grupo de mujeres vestidas de blanco empezaron a manifestarse en plena calle. La joven y sus amigas se detuvieron a ver qué hacían y preguntar quiénes eran estas mujeres. Al rato presenciaron la llegada de policías que las reprimieron injustificadamente.

Un par de meses después, Lisandra y su madre se unieron a las Damas de Blanco. “Con las Damas asistíamos a misa todos los domingos, a pedir la libertad de los presos políticos, del pueblo de Cuba, hacíamos actividades con los niños, llevábamos ayuda a personas mayores y enfermas”, recuerda la activista, de actualmente 32 años.

Ese mismo año Lisandra entró también a formar parte de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en donde conoció a su esposo Yordanis Chávez, también miembro de este grupo opositor al Gobierno.

Familia

La familia de Lisandra es de activistas. En su infancia, sus padres fueron arrestados y procesados por expresar su crítica al sistema político cubano, aunque no fueran miembros de una organización opositora. A mediados de los años noventa, a su padre lo condenaron a 7 años y medio, y a su madre a 3 años y medio de arresto domiciliar. “Yo tenía 4 o 5 años, pero no tenía conciencia bien de qué era lo que pasaba”.

En su adultez, su familia también se enfrentó a los riesgos que implica ser activista en Cuba. “Una vez a mi mamá la empujaron de una guagua que estaba andando, a mi marido estando en prisión le sacaron los dientes en una represión, y yo perdí una barriga (embarazo) en el 2014 en una golpiza que ellos (la Seguridad del Estado) me dieron”, relata.

Detención

El 10 de febrero de 2016, Lisandra presenció un hecho arbitrario de parte de inspectores y policías: estaban golpeando a su tío y decomisando la mercancía de su negocio como cuentapropista.

“Yo llegué, comencé a preguntar por mi tío, les dije que ningún ciudadano podía ser detenido arbitrariamente, y mucho menos golpeado. Ellos me empezaron a tratar de mala forma y como el pueblo me apoyó [al protestar publicamente], un jefe de sector mandó a un oficial a que me detuviera”, cuenta Lisandra.

Ese día la llevaron detenida a la tercera unidad de policía de Santiago y después de 9 días la dejaron en libertad, aunque le impusieron una multa. No volvió a saber de las autoridades hasta el 18 de diciembre de ese mismo año.

“A las 5:30 de la mañana vinieron a mi casa, se llevaron a mi esposo detenido y a mi mamá. Buscaron testigos del barrio vecino e hicieron un registro. Se llevaron unas cuantas cosas y a las 2 o 3 horas me llevaron detenida”, cuenta la activista. Ese día era domingo, y tanto ella como su esposo, su mamá y otros activistas iban a participar de la campaña “Todos Marchamos”. Si bien dejaron en libertad a sus familiares, ella quedó detenida por un par de días, en prisión preventiva.

El 17 de enero de 2017, Lisandra fue llevada a juicio, acusada por el delito de atentado por la supuesta agresión a un policía durante su detención en febrero del año anterior, tras el decomiso a su tío. En el proceso, no le permitieron tener testigos, porque el juez desestimó los testimonios del esposo y una prima de Lisandra, mientras que la Fiscalía puso a testificar a dos policías que no habían estado en los hechos ni sabían detalles del caso. Finalmente, la condena impuesta fue de dos años de privación de libertad.

Prisión

Inicialmente, Lisandra estuvo detenida por once meses en la penitenciaría de mujeres de Santiago de Cuba, mientras que el resto de la condena la pasó en una prisión de alta seguridad en Camagüey.

“En Santiago estuve 100 días en una celda de castigo”, cuenta, como reprimenda porque ella se negaba a ir a actos políticos dentro de la prisión o ponerse en firme ante los oficiales penitenciarios.

“Nunca hay medicamentos, nunca hay médicos, las condiciones de las celdas son pésimas, las camas son de mampostería, no hay agua, no hay corriente, no hay buena iluminación. Una sola bombilla chiquita para la celda completa. La policía es represora principalmente con los opositores. En Camagüey las camas están partidas, no hay agua potable, no hay iluminación”, describe Lisandra.

Debido al frío y por dormir en una plancha de cemento sin colchón, a la activista le dio artrosis generalizada. Aunque su familia le llevaba medicamentos, vitaminas y alimentación, los oficiales no permitían que se les hiciera llegar. Solo cuando le detectaron faringitis y laringitis crónica recibió asistencia médica dentro del penal.

Actualidad

El día que salió de prisión, a Lisandra la estaba esperando “el barrio completico”. Al siguiente día se incorporó nuevamente a la sede nacional de UNPACU. Su activismo solo se vio pausado por 9 meses, porque salió embarazada y debió guardar reposo estricto.

Actualmente, y debido a la pandemia, sigue su activismo “publicando en redes sociales, denunciando, siempre he estado firme”, asegura.