Washington D.C., 7 de octubre de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su condena ante la serie de detenciones, agresiones e interrogatorios que el Gobierno de Cuba está ejecutando en contra de personas que—en el legítimo ejercicio de su derecho a la protesta pacífica—se encuentran convocando a una marcha programada para el próximo 20 de noviembre, la cual han denominado Marcha Cívica por el Cambio. Respaldamos a la sociedad civil independiente en la Isla en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y llamamos al Estado a respetar el derecho a la reunión y manifestación pacífica.

Desde el pasado 20 de septiembre, día en que se dio a conocer la convocatoria a la manifestación, han sido detenidos al menos siete activistas independientes, entre ellos tres integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) que cuentan con medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A medida que se han hecho públicas las cartas con las que la sociedad civil notifica a las autoridades locales sobre la realización de la manifestación, las y los firmantes de las mismas han sufrido detenciones, agresiones e interrogatorios de parte de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y de la Seguridad del Estado.

El rapero e integrante del CIR, Osvaldo Navarro, fue detenido el viernes 24 de septiembre en las afueras de su casa en La Habana y estuvo privado de libertad alrededor de cuatro horas, mientras que el domingo 26 de septiembre, el coordinador nacional de dicha organización, Juan Antonio Madrazo, fue interceptado e introducido a una patrulla policial con la cual recorrieron varios puntos de la capital, incluyendo los alrededores de la prisión Valle Grande, y finalmente fue llevado a una estación policial. En ambos casos, los oficiales de la Seguridad del Estado cuestionaron y amenazaron a los activistas por su participación en la Marcha Cívica por el Cambio.

El lunes 27 de septiembre, fue detenida en la vía pública la activista Nairobis Scheri Suárez, pareja del coordinador del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), Manuel Cuesta Morúa, quien también fue detenido el miércoles 29 de septiembre. Scheri Suárez estuvo privada de libertad por tres horas, y Cuesta Morúa fue puesto en libertad después de 11 horas de arresto, tiempo durante el cual también fue interrogado por su involucramiento en la organización y convocatoria a la manifestación del 20 de noviembre. Desde entonces, su casa se encuentra bajo asedio policial.

El domingo 3 de octubre, Osvaldo Navarro volvió a sufrir una detención arbitraria, esta vez junto a su pareja y también integrante del CIR, Marthadela Tamayo, quien un día después denunció por redes sociales la advertencia que recibieron de parte de oficiales de la Seguridad del Estado: “De aquí al 20 de noviembre al CIR y al CTDC les vamos a hacer la vida un asco”.

El lunes 5 de octubre, medios independientes informaron sobre la detención y agresión en contra de la activista Elsa Isaac Reyes cuando intentaba entregar a las autoridades una notificación sobre la realización de la Marcha Cívica por el Cambio en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba. La activista se presentó por la mañana a la Intendencia y tras dar a conocer la razón de su visita, agentes de la Seguridad del Estado la interceptaron, le rompieron los documentos que llevaba, le arrebataron su celular y su cartera, y la llevaron a la estación policial de la localidad, donde la mantuvieron alrededor de tres horas y la amenazaron con llevarla a juicio por “desobediencia”.

Ese mismo día, el miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), Dariem Columbié, fue detenido por oficiales del Ministerio del Interior cuando se dirigía al Gobierno Provincial de Santiago de Cuba a presentar una solicitud para llevar a cabo la manifestación del 20 de noviembre. Columbié estuvo privado de libertad por más de tres horas, y también fue interrogado durante ese tiempo.

Sobre la marcha

La iniciativa de la Marcha Cívica por el Cambio fue propuesta inicialmente por el dramaturgo Yunior García Aguilera, y se oficializó el pasado 20 de septiembre cuando varios activistas entregaron a las autoridades de La Habana una carta informando sobre la realización de la misma. En esa ocasión, la activista y curadora Anamely Ramos, dijo que “luego de amplios y profundos debates con varios miembros de la sociedad civil se decidió realizar la marcha el primer sábado luego de que el país se abra al turismo internacional”.

Desde entonces, activistas han replicado la acción en al menos siete ciudades del país, entre ellas Pinar del Río, Guantánamo, Holguín, Santa Clara y Camagüey. Según sus organizadores, la manifestación exigirá que se “respeten los derechos de todos los cubanos, la liberación de los presos políticos” y abogará por la “solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas”. Las y los activistas involucrados en esta iniciativa apelan al artículo 56 de la Constitución cubana, el cual contempla los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos.

Raza e Igualdad reafirma su respaldo a la sociedad civil independiente en Cuba en esta acción ciudadana, a la vez que exhorta al Estado a cesar la persecución en contra de las personas que participan en la misma y a permitir el desarrollo de la Marcha Cívica por el Cambio sin ningún tipo de acoso o violencia de parte de entidades estatales o grupos afines al Gobierno, en correspondencia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Cabe señalar, además, que al otorgar las medidas cautelares a los tres integrantes del CIR, la CIDH solicitó al Estado cubano adoptar “las medidas necesarias para que Juan Antonio Madrazo, Marthadela Tamayo y Oswaldo Navarro puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación, y hostigamientos en el ejercicio de sus labores”. Por otra parte, la Comisión manifestó en su momento su preocupación por las denuncias de detenciones arbitrarias, incomunicación, falta de defensa y otras violaciones al debido proceso, en el marco de las protestas del 11 de julio.

Recordamos que la represión contra las históricas protestas del 11 de julio dejó al menos una persona muerta, cientos de detenidos y acentuó la persecución y asedio contra voces críticas, por lo que solicitamos a la comunidad internacional seguir de cerca la situación en la Isla y llamar a las autoridades a respetar el derecho a la manifestación, reunión, y pacífica, derechos que están respaldados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, específicamente por el artículo 20 de la misma.

Foto: Una patrulla policial asedia la casa del activista y defensor de derechos humanos, Manuel Cuesta Morúa. Twitter / Marthadela Tamayo.