Washington D.C. (22 de octubre); En el marco de su 70º período de sesiones, el pasado 7 y 8 de octubre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas revisó la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por el Estado de Nicaragua. 

Durante estas sesiones, el Estado de Nicaragua se negó a entablar un intercambio con el Comité y decidió limitarse a participar “en calidad de escucha”. Esta actitud es contraria a su compromiso como Estado Parte del pacto, que implica someterse a revisión, hacer declaraciones sobre los informes periódicos presentados y contestar a las preguntas de los y las expertas del comité. 

Pese a la negativa del representante de Nicaragua, el Comité reiteró su deseo de entablar un diálogo constructivo con el Estado y aclaró que la “calidad de escucha” lo imposibilitaba. El experto Mikel Mancisidor expresó que “admitir lo contrario supondría un gravísimo precedente que pondría en cuestión todo el sistema de diálogo con los Estado” y comunicó la decisión del Comité de proceder al  “estudio del informe periódico en ausencia de diálogo con el Estado”.

De acuerdo a sus reglas de procedimiento, el pasado miércoles 20 de octubre, el Comité dio a conocer un informe público con observaciones finales sobre las cuestiones que preocupan a las y los expertos. Entre estas preocupaciones, el Comité consideró especialmente prioritarias las relativas a la persecución y represalias contra personas defensoras de derechos humanos, la violencia en torno a la posesión y utilización de territorios de pueblos indígenas y la falta de acceso a información sobre la evolución de la pandemia de la COVID-19. 

Asimismo, se refirió al cierre de espacios participativos y de diálogo; la falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y los altos niveles de corrupción e impunidad que persisten en Nicaragua; las alegaciones de discriminación por motivos de opinión política y orientación sexual; los despidos injustificados por la participación en protestas sociales de 2018; la expulsión de estudiantes como represalia y la denegación de asistencia médica a las personas lesionadas durante las manifestaciones.

Ante estas preocupaciones, el Comité procedió con las siguientes recomendaciones al Estado de Nicaragua:

1. 1. Garantizar la imparcialidad e independencia del poder judicial y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
   2. Restablecer el diálogo y cooperación a nivel internacional con los mecanismos de protección de derechos humanos 
   3. Prevenir actos de violencia contra todos los defensores de derechos humanos y para la protección efectiva de su vida e integridad personal.
   4. Readmitir y restituir a estudiantes, maestros universitarios y personal médico que hubieran sido injustamente removidos, en sus puestos de trabajo o estudio.
   5. Investigar imparcial y exhaustivamente los casos de usurpación de territorios indígenas.
   6. Brindar una protección efectiva a las víctimas de los casos de corrupción. sus abogados, los defensores que la combaten, los denunciantes de irregularidades y los testigos.
   7. Garantizar que nadie sea discriminado en el acceso a los DESC, incluso mediante la adopción de una legislación integral contra la discriminación.
   8. Combatir la discriminación por motivos de opinión política y garantizar que todas las víctimas de estos actos tengan acceso a recursos judiciales y administrativos efectivos.
   9. Garantizar que las víctimas de despidos injustificados tengan acceso a un recurso judicial efectivo, indemnización y en su caso a su restitución en el puesto de trabajo, entre otras recomendaciones.

Pronunciamiento

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, lamentamos profundamente la negativa estatal de dialogar y proporcionar la información necesaria al Comité respecto de sus preocupaciones. Una vez más, llamamos al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Recordamos que la implementación de estas recomendaciones es necesaria para cumplir con las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.