En el marco del 182 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este martes 14 de diciembre, periodistas independientes beneficiarios de medidas cautelares y representantes del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) participaron en una audiencia pública para exponer el incumplimiento absoluto de la implementación de las medidas otorgadas a favor de 49 integrantes de los medios de comunicación independientes Confidencial, Divergentes, Radio Darío y La Costeñísima. Asimismo, señalaron que los hechos de riesgo a los que han continuado sometidas las personas beneficiarias se enmarcan en los patrones sistemáticos de represión a la libertad de expresión y prensa que se vive en Nicaragua.  

Desde el año 2018, la CIDH otorgó las primeras medidas cautelares al equipo periodístico de Confidencial y Radio Darío. Posteriormente, en el año 2019, se otorgaron medidas al director de La Costeñísima Sergio Warren León (D.E.P.), su familia y otros integrantes del medio; y recientemente, hace 6 meses, la CIDH otorgó medidas a la jefa de prensa de dicho medio caribeño, Kalua Salazar y su familia. Lamentablemente, hasta la fecha el Estado de Nicaragua no ha adoptado medida alguna para proteger la vida e integridad de estas personas, no ha removido los obstáculos para que puedan ejercer su labor libres de riesgo, y no ha investigado los hechos que dieron lugar al otorgamiento de dichas medidas ni los ocurridos con posterioridad. Al contrario ha tomado acciones en contra, forzando a la mayoría al exilio.

Para el fotoperiodista de Divergentes, Carlos Herrera, “Nicaragua se ha convertido en un terreno abiertamente hostil, bajo amenaza constante, o una cárcel para quienes ejercen el periodismo independiente desde dentro del país”. Ante el peligro de agresión física, de asalto y confiscación de nuestros bienes e instrumentos de trabajo, el asedio de policías y paramilitares, e incluso la posibilidad de ser detenidos y criminalizados por ejercer su profesión, Herrera decidió salir del país hace unos meses. 

Por su parte, el Director de Confidencial Carlos Fernando Chamorro denunció que se había vuelto a ver forzado al exilio, y enfatizó que desde mayo de este año, el Ministerio Público desató una nueva ola represiva contra el periodismo independiente. Al menos 45 periodistas –entre ellos, beneficiarios de medidas cautelares– fueron sometidos a interrogatorios hostiles, e incluso fueron amenazados con abrir procesos de investigación en su contra, bajo la Ley Especial de Ciberdelitos.

Wilfredo Miranda, periodista del medio digital Divergentes, quien se encuentra en el exilio por segunda  ocasión, advirtió que las y los beneficiarios que continúan en terreno son víctimas de persecución y asedio, actos de vigilancia e intimidación tanto en sus casas de habitación como en las de sus familiares.

Aníbal Toruño, director de Radio Darío -medio que sufrió un incendio en el contexto de las protestas sociales de abril 2018- denunció que, el día posterior a las votaciones del 7 de noviembre, las instalaciones de la Radio fueron asediadas por motocicletas de simpatizantes del régimen, quienes detonaron morteros con el objetivo de amedrentar e intimidar a los trabajadores que en ese momento permanecían en las instalaciones.

Finalmente, la asesora legal de Raza e Igualdad María Luisa Gómez, señaló que las y los trabajadores de  La Costeñísima, continúan expuestos a una situación de riesgo muy grave. Además de las continuas amenazas y campañas de difamación, policías y agentes paraestatales asedian las instalaciones de la radio y las casas de habitación de sus trabajadores regularmente”.

Cabe destacar que, a mediados de este año, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH advirtió que por lo menos 65 periodistas nicaragüenses se encontraban en una situación extrema de vulnerabilidad y riesgo. 

En la audiencia, el Relator Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, expresó que, en el actual “régimen de censura” no hay garantías para la libertad de expresión; sin embargo “la reconstrucción del Estado de Derecho en Nicaragua pasa por las garantías a la libertad de expresión y el trabajo de las y los periodistas, y… la justicia para las víctimas también pasa por la prensa, que documenta las violaciones a los derechos humanos”, razón por la cual un reconoce la importancia del periodismo nicaragüense que, en circunstancias adversas, “no solo persiste, sino que también con estándares de calidad y rigurosidad”.

Petitorio

Las personas beneficiarias y sus representantes solicitaron a la Comisión emitir una resolución de seguimiento, urgiendo al Estado la implementación de las medidas otorgadas, y utilizar el mecanismo de peticiones para examinar las violaciones a la Convención Americana en que ha incurrido el Estado.

Asimismo, pidieron que se intensifiquen los esfuerzos de monitoreo, escrutinio y denuncia de la situación que enfrentan las beneficiarias de las medidas y el pueblo de Nicaragua, e instaron a la CIDH a requerir al Estado de Nicaragua que:

1. Cese de inmediato cualquier represalia contra las personas beneficiarias, el periodismo y los medios independientes, revocando las órdenes de detención emitidas, absteniéndose de emitir nuevas.
2. Libere a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, por ejercer su derecho de expresarse y por apoyar la labor de los medios independientes.
3. Tome todas las medidas necesarias para que los y las periodistas que debieron salir al exilio puedan regresar al país con las debidas garantías para su seguridad, vida e integridad física. Asimismo, que se abstenga de imponer trabas u obstáculos arbitrarios a quienes desean salir de Nicaragua.
4. Derogue la legislación que restringe la libertad de expresión y prensa, así como la cooperación internacional hacia el periodismo independiente.