Washington D.C., 17 de junio de 2022.-Raza e Igualdad organizó un foro para contribuir al abordaje eficaz de la detención y prisión por motivos políticos en el hemisferio occidental y propuso pautas que permitan establecer criterios para determinar quién es una persona detenida por motivos políticos.

“En el instituto este proceso inició hace como un año y medio preocupados un poco por la necesidad de tener criterios para que una persona sea considerada presa política en el hemisferio”, mencionó el director de Raza e Igualdad, Carlos Quesada.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ericka Guevara Rosas destacó la similitud que existe en las violaciones a los derechos humanos cometidos contra personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos  en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela donde hay una “cooptación de los Poderes del Estado”. 

Guevara participó en el evento “Personas presas políticas: Desafíos y propuestas para su protección internacional desde un enfoque de derechos humanos”, organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), con el fin de crear un espacio de reflexión sobre las características que deben existir para que se considere que una persona está arbitrariamente privada de libertad por motivos políticos en un país. 

Guevara destacó que hay un patrón entre Cuba, Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, en el que se apunta a la criminalización de personas periodistas y activistas de derechos humanos que se oponen a ciertas políticas estatales y, por tanto, se vuelven objetivo del Estado que crea leyes y utiliza los Poderes del Estado para enjuiciarlas. 

“Las personas son detenidas a través del uso indebido del sistema de justicia penal y através de la privación de libertad, que, muchas veces, no solo se da en condiciones de cárcel, sino que muchas veces hemos visto patrones de privaciones a la libertad através de detenciones de corto período, detenciones y domiciliarias”, dijo Guevara.

“Trataron de sacarle los ojos”

Miriam Cardet, hermana del ex preso político Eduardo Cardet, de Cuba, recordó en el evento cómo fue la detención de su familiar el 30 de noviembre de 2016, cuando, tras regresar de un viaje por Estados Unidos, fue interceptado por hombres vestidos de civil en su casa quienes lo empezaron a golpear salvajemente. 

“Se abalanzaron sobre él poniéndolo contra una reja frente a la casa y lo golpearon (…) Trataron de sacarle los ojos”, dijo Cardet en su relato. Ese fue solo el comienzo de los problemas para la familia y las violaciones de derechos humanos en contra del médico y activista cubano.

Estuvo desaparecido durante cinco días hasta que una protesta de los familiares obligó a las autoridades del gobierno cubano a mostrarlo a medias, cuando apenas podía sostenerse en pie y estaba inflamado por la golpiza que le propinaron. 

Cardet fue liberado en mayo de 2019, luego de cumplir con los tres años de condena por lo que lo habían acusado. 

“A través de todas las denuncias a nivel internacional se le pudo salvar la vida a mi hermano”, dijo Cardet, recordando que la denuncia y la constante presión contra estos Estados es el único camino para garantizar la vida de estas personas.

10 muertes bajo tutela del Estado venezolano

En Venezuela se calcula que desde el año 2014 ha habido por lo menos 4000 personas presas por motivos políticos tras participar en manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Al menos 10 de ellos han muerto bajo tutela del Estado según cifras de organizaciones defensoras de derechos humanos.

“En el caso de Venezuela se ha creado una estructura y no es solo la detención arbitraria la única violación que se utiliza, se ha creado una estructura judicial, se ha creado una estructura administrativa y legislativa que lo que busca es cerrar el espacio cívico cada vez más”,  señaló Ronnie Boquier, coordinador jurídico del Comité de Familiares Víctimas del Caracazo.

La situación allí es bastante similar a la ocurrida en Cuba y Nicaragua, donde se inventan crímenes de terrorismo en contra de manifestantes pacíficos y se les atribuyen crímenes ambiguos como el de “traición a la patria”. 

Nicaragua y la criminalización de defensores de derechos humanos 

La criminalización de defensores de derechos humanos y la cancelación de organizaciones no gubernamentales que no son afines al régimen de Daniel Ortega ha provocado que más de 500 ONG’s ya no tengan personería jurídica, según han documentado medios de comunicación nicaragüenses. 

Estos cierres son solo parte del problema, pues luego de que se cancela su capacidad legal operativa se desata una persecución en contra de sus dirigentes que en muchos casos son obligados a salir del país o detenidos. 

Las detenciones arbitrarias en Nicaragua iniciaron en abril del 2018, tras las manifestaciones pacíficas y hasta mayo de 2020, la CIDH calculaba que al menos 1614 personas estaban en prisión, resaltó Fiorella Melzi, coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).

“A raíz de las detenciones la Comisión ha observado una serie de violaciones a los derechos humanos: violaciones a las garantías y protección judicial, en la mayoría de los casos, inicialmente, el Estado no informó del paradero de las personas detenidas y (se impidió), tener acceso a un abogado de elección, las acusaciones presentadas en audiencias preliminares, privadas y secretas en instalaciones distintas a los tribunales judiciales”, enumeró Melzi.

Algunas fueron liberadas posteriormente, pero la criminalización de disidentes continuó y se extendió hacia todos los sectores del país. Al punto previo a las elecciones presidenciales de 2021, cuando Daniel Ortega se reeligió fraudulentamente para un cuarto período consecutivo, encarceló a 7 precandidatos y precandidatas presidenciales y hasta el 31 de mayo de 2022, la cifra de personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos  en el país ya era de más de 190, según las cifras actualizadas a mayo del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua.

Muchas de estas personas fueron directivos de organizaciones no gubernamentales o simplemente se les detuvo por expresar opiniones contrarias a las políticas del régimen en redes sociales. 

“Se crean delitos nuevos, leyes contra el terrorismo que involucran a las personas que defienden derechos en la lógica de que el Estado siempre va a catalogar como enemigo y se unen con leyes pasadas”, dijo Boquier, quien explicó sobre las similitudes que ocurren en los tres países al momento de perseguir a la disidencia. 

Esas son políticas que, según Boquier, están definiendo los mismos Estados y los responsabilizó de ser quienes clasifican a las personas como “enemigos”, para posteriormente detenerlos arbitrariamente por las actividades que realizan. 

“Quien define la política de persecución son los Estados y quien le da los motivos políticos son los Estados. Los presos por motivos políticos de nuestros países (existen) porque los Estados los consideran así por su actividad”, remarcó.

Raza e Igualdad propone pautas para determinar la privación de libertad por motivos políticos

Considerando todas estas situaciones que ocurren en Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero que también se extienden a países como Chile o Colombia, Raza e Igualdad publicó el documento “Pautas para la determinación de la detención y prisión por motivos políticos: Aportes desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, que busca contribuir a una discusión que lleve a identificar y resaltar los patrones que hay en los países que detienen a las personas por motivos políticos. 

En el documento se destaca la importancia de contar con una caracterización a nivel internacional que permita reconocer que las personas bajo esta forma de  privación de libertad se encuentran más expuestas a sufrir graves violaciones a sus derechos humanos y por lo tanto, están en una situación de especial vulnerabilidad. Este reconocimiento permite hacer responsables a los Estados por estas privaciones de libertad  arbitrarias por motivos políticos y crear una ruta de responsabilidad que permita justicia y reparación a las víctimas. 

Raza e Igualdad propone dos pautas. La primera,  consiste en establecer si  la privación de libertad es arbitraria de acuerdo a las categorías establecidas por el Grupo de Trabajo de las Naciones sobre la Detención Arbitraria. Esto es, que se produce como consecuencia del ejercicio de derechos o libertades de pensamiento, conciencia y religión; opinión y expresión; reunión y asociación pacífica; y participación política; y que la misma es discriminatoria por motivos como la opinión política. 

En segundo lugar, se señala que resulta fundamental para esta determinación, identificar que la privación arbitraria de la libertad, es producto de acciones del Estado políticamente sesgadas, para lo cual se debe examinar  los patrones de detención e instrumentalización de las instituciones de justicia en contextos tanto democráticos como autoritarios, así como las acciones que lleva a cabo la persona, tales como, la defensa de los derechos humanos, la participación en la vida política de su país, el periodismo, entre otras. 

El documento completo puede ser descargado en este link para la versión en español y en este otro para la versión en inglés.