Washington D.C., 20 de Octubre de 2022.- El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas convocó al Estado de Nicaragua a la revisión del IV informe periódico sobre Nicaragua y su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR, por sus siglas en inglés), el 19 de octubre. El Estado Parte se ausentó al examen, “una situación desafortunada que ha surgido como consecuencia de la falta de respuesta de las comunicaciones”, según la Presidenta del Comité, Photini Pazartzis.

Para Pazartzis “es especialmente preocupante” que esta sea la cuarta ocasión consecutiva que el Estado de Nicaragua se niega a entablar un diálogo constructivo con órganos de tratados de las Naciones Unidas. El año pasado se negó a responder la lista de cuestiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés) y decidió limitarse a participar “en calidad de escucha”. En julio de este año se ausentó al examen del Comité contra la Tortura (CAT) y lo calificó como una “provocación”; en agosto no asistió a la revisión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), y ahora lo hizo con el Comité de Derechos Humanos.

El Comité de Derechos Humanos, de conformidad con su reglamento y con el apoyo de los informes alternativos enviados por organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses e internacionales, procedió a discutir 29 cuestiones en ausencia del Estado, entre las cuales destacan: la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y comunidad LGBTI+; la situación de los derechos de las mujeres frente a la violencia, el uso excesivo de las fuerzas estatales para restringir libertades públicas, la falta de independencia judicial, entre otras.

Privación de Libertad por motivos políticos y falta de independencia judicial 

Actualmente, más de 219 personas se encuentran privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua. Existen denuncias de casos de torturas en centros estatales y clandestinos, así como condiciones de detención precarias: hacinamiento, deficiente saneamiento y alimentación, y falta de acceso a la atención médica.“Se continúa recibiendo información sobre torturas y malos tratos en las cárceles de El Chipote, La Modelo y La Esperanza… se ha proporcionado información sobre casos de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres detenidos en el contexto de las protestas, incluso tocamientos inapropiados y amenazas de violación”, dijo el Sr. Quesada.

Por otro lado, la Sra. Bassim lamentó que en febrero de 2022, se dio el fallecimiento bajo custodia del líder opositor Hugo Torres, quien fue transferido a un hospital de forma tardía; asimismo, aseguró que “este fallecimiento ha obligado al gobierno a recurrir a las detenciones domiciliarias en casos muy precarios desde el punto de vista de salud”, sin embargo, las excesivas restricciones de las visitas familiares a personas que se encuentran en los centros de detención han traído como consecuencia que estas hayan iniciado huelgas de hambre que pueden afectar gravemente su salud. 

Posteriormente, el Sr. Carlos Gómez se refirió a los juicios y condenas contra personas detenidas en 2021 en el contexto de las elecciones generales, que dejan entrever la falta de independencia judicial. 

“Se celebraron a puertas cerradas, sin presencia de público, algunos de ellos en los mismos centros de detención… y no se permitió que estos acusados se entrevistas  con sus abogados hasta unos minutos antes”. Solo una de las condenas ha sido revocada en apelación y otras se encuentran pendientes de recurso de casación. “Este proceder sugiere una falta total de las garantías subjetivas de la jurisdicción, como son la independencia e imparcialidad del tribunal”, explicó Gómez.

Violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes, mujeres y personas LGBTI+

Las estadísticas oficiales continúan careciendo de datos sobre la violencia y discriminación contra personas LGBTI+, lo que impide hacer una evaluación sobre la dimensión real de los problemas asociados; sin embargo, según la información recibida por el Comité, “mujeres trans privadas de libertad en el contexto de la crisis fueron recluidas en prisiones de hombres y sometidas a tratos discriminatorios y degradantes”. 

Sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes, el Sr. Santos Pais aseguró “siguen siendo víctimas de discriminación estructuctural” que se refleja en los índices de pobreza, las condiciones de vida precarias y la persistente violencia y discriminación institucional. El Estado Parte “aún ha omitido realizar la última etapa del proceso, la etapa de saneamiento, de los 23 territorios titulados…que tendría como finalidad definir los derechos de terceros o colonos dentro de los territorios indígenas”, agregó.

Por otro lado, en relación a la violencia contra las mujeres y femicidios, el Comité observa con preocupación que la política pública desconoce los derechos de las mujeres y privilegia la protección a la familia, obstaculiza la denuncia y permite mediaciones que las podrían poner en mayor riesgo de femicidio. Asimismo, el gobierno no ha destinado fondos del Presupuesto de la República a albergues y ha cerrado al menos 176 organizaciones que garantizaban protección a víctimas de violencia doméstica y de género. El gobierno “confiscó sus bienes o canceló sus estatutos jurídicos”, explicó Santos Pais.

Uso excesivo de las fuerzas estatales e impunidad

“El Comité ha recibido información sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden, particularmente con ocasión de las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018”, así como de elementos armados progubernamentales o fuerzas de choque “que han actuado con el beneplácito de autoridades de alto nivel y de la Policía Nacional en ataques a manifestantes e incluso detenciones ilegales”, expuso el Sr. Quezada, experto del Comité de Derechos Humanos.

El uso indiscriminado de la fuerza por parte de grupos estatales y progubernamentales durante las manifestaciones pacíficas del año 2018 ha resultado en al menos 355 víctimas fatales, más de 1600 personas heridas y, hasta mayo de 2020, 1614 detenidas arbitrariamente.

En relación a esto, para la Presidenta del Comité, la Ley de Amnistía aprobada en julio de 2021, que concede inmunidad a los agentes estatales por las acciones que tomaron desde abril de 2018 hasta la fecha en la que se aprobó la ley “genera preocupaciones bastantes serias, incluidas preocupaciones relativas a la retroactividad”

Represalias contra periodistas, medios y personas defensoras de derechos humanos

Al menos 120 periodistas nicaragüenses se han exiliado por represalias del gobierno, al menos tres medios de comunicación han sido confiscados desde el año 2018, entre ellos Confidencial, La Prensa y 100% Noticias. En el presente año se han clausurado 23 estaciones de radio y televisión, añadió el Sr. Gómez.

Seis periodistas han sido condenados hasta con 13 años de cárcel, entre ellos: el Gerente del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, quien fue sentenciado a 9 años de prisión por el supuesto delito de lavado de activos; y otros 3 periodistas fueron condenados por el supuesto delito de propagación de noticias falsas. Por otro lado, “no se ha esclarecido el asesinato de periodista Ángel Gahona” en el contexto de la crisis de 2018, y el Comité ha recibido información de que tras la Ley de Amnistía del año 2019, este caso ha sido archivado. 

La Presidenta Pazartzis agregó que el Comité también tiene conocimiento del despojo de pasaportes a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. 

Deterioro grave de la situación de derechos humanos tras proceso electoral

“Resulta claro que, a la luz de la información recibida… sobre todo desde el 2018, y más recientemente durante las elecciones del 2021, la situación de los derechos humanos se ha ido deteriorando de manera muy grave”, dijo la Presidenta Pazartzis. 

Las elecciones generales del 2021 se dieron en un contexto de concentración de los poderes del Estado en el Ejecutivo y, según la Organización de Estados Americanos (OEA), “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”. Cabe destacar que, en mayo de 2021, una reforma a la Ley Electoral favoreció la hegemonía del partido actual de gobierno. Además, según registros de la sociedad civil, durante las votaciones hubo más de 2000 reportes de anomalías y se estima que hubo 81.5% de abstención. 

En este sentido, según el Comité, “es posible que el nuevo proceso electoral municipal de noviembre de este año seguirá un patrón similar al de las presidenciales de 2021”. 

Pronunciamiento

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechazamos la negativa estatal de dialogar y proporcionar la información necesaria al Comité respecto de sus preocupaciones expresadas en la Lista de Cuestiones proporcionada oportunamente al Estado. La plena cooperación de los Estados Partes en los diálogos es un componente clave para el cumplimiento de las obligaciones contraídas bajo el Pacto. Recordamos al Estado de Nicaragua que la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos conlleva la obligación de remitir informes, participar de diálogos constructivos con el Comité y cumplir con las recomendaciones formuladas por este. 

Finalmente, destacamos el rol fundamental de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense en el monitoreo y documentación de violaciones a los derechos humanos, particularmente a los derechos civiles y políticos, en Nicaragua. Su arduo trabajo y presentación de informes han hecho posible el examen y formulación de observaciones.

*El Comité emitirá sus observaciones finales durante el periodo de sesiones actual (10 de Octubre – 4 de noviembre) y las remitirá al Estado de Nicaragua.