Ginebra, 1 de septiembre de 2022.- “Insto a las autoridades cubanas a que liberen a todas las personas privadas de la libertad por motivos políticos. ¡Libertad para Luis Manuel Otero! ¡Libertad para Maykel Osorbo! ¡Libertad para Brenda Díaz, la única mujer trans detenida por participar en las protestas de julio de 2021!”. Con estas palabras, el artista visual y activista cubano, Nonardo Perea, terminó el pasado 30 de agosto su intervención en el conversatorio ‘Cuba: cinco años después del Examen Periódico Universal (EPU)’, que reunió a representantes de la sociedad civil independiente de la Isla, y de organizaciones internacionales, para denunciar las violaciones a los derechos humanos que se registran en este país. 

El evento, que se llevó a cabo en Ginebra (Suiza), se realizó en el marco de la pre-sesión del EPU, un espacio donde representantes de las organizaciones de la sociedad civil entregan información sobre los países que serán evaluados en el Examen Periódico Universal. Este año, Cuba será revisado en noviembre, luego de cinco años de su última evaluación, en 2018. 

En el conversatorio se abordaron temas como la violencia contra las mujeres. La directora de la ONG Cubalex, Laritza Diversent, recomendó al Estado cubano que promulgue de forme inmediata una Ley Integral contra la Violencia de Género, que haga frente a los más de 50 casos de feminicidio documentados este año en Cuba.  

El diálogo ‘Cuba: cinco años después del EPU’ sirvió de antesala para denunciar las violaciones a los derechos humanos en este país, como la falta de libertad de expresión. De acuerdo con la oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de la organización Article 19, Claudia Ordoñez, “las autoridades cubanas han desplegado esfuerzos para imponer la censura, y para silenciar las voces críticas al gobierno”. 

“Lamentable, en un sistema totalitario como el de la Isla, con un espacio cívico cerrado, es decir, donde no hay condiciones ni garantías para ejercer y gozar de los derechos humanos, todo acto de protesta está condenado a ser reprimido sin ser escuchado”, agregó Ordoñez. 

A estas palabras, se sumó el periodista cubano Mario Luis Reyes, quien recordó que el periodismo independiente en este país se encuentra en una posición bastante delicada, gracias al nuevo Código Penal y a la Ley de Comunicación Social. Ambas normas castigan la libertad de prensa en Cuba. 

Los derechos laborales y sindicales fueron otros temas abordados en el conversatorio. El director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxys Cires, dijo que tener una posición crítica al gobierno es uno de los principales motivos para no ingresar al campo laboral. “No hay salarios justos ni trabajos dignos. Más del 80% de la población cubana vive en condiciones de pobreza”, afirmó. 

Finalmente, la abogada y consultora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Livia Lemus, afirmó que este órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha identificado diversas prácticas represivas por parte del Estado cubano, que constituyen graves violaciones de derechos humanos en la Isla. La representante de la CIDH dijo que desde 1985 Cuba ha sido incluida de forma ininterrumpida en el capítulo 4B de su informe anual, apartado que refleja la compleja situación de este país, donde hay restricciones a los derechos políticos, ausencia de independencia judicial, detenciones arbitrarias, cortes de Internet, y otras medidas restrictivas. 

Durante el conversatorio, los y las activistas exigieron a las autoridades cubanas que eliminen todas las prácticas represivas que han forzado al exilio a las personas defensoras de derechos humanos, a periodistas independientes, a juristas, artistas, y a las voces críticas al Estado de Cuba. 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) resaltamos la importancia de propiciar estos espacios para denunciar las violaciones a los derechos humanos que se registran en Cuba, y hacemos un llamado a los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, y a los y las representantes de los Estados, para que escuchen los pedidos de las organizaciones de la sociedad civil independiente de Cuba, y condenen la represión, el hostigamiento, y las distintas formas de violencia que se documentan a diario en este país.