Washington D.C., 10 de octubre de 2023 – En 2019, a cinco activistas de los seis entrevistados para escribir este artículo, el régimen autoritario de Cuba les prohibió salir de la Isla. A la coordinadora de la Red de Líderes y Lideresas de Cuba (RELLIC), María Elena Mir Marrero, le impidieron subirse a un avión bajo el argumento de que estaba regulada. Al vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, le ocurrió lo mismo cuando ese mismo año intentó viajar a Bélgica. A Osvaldo Navarro, miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), le informaron, antes de su fecha de vuelo, que estaba regulado. A Marthadela Tamayo, también integrante del CIR, no le permitieron abordar afirmando que había sido multada y tenía que ponerse al día antes de viajar al extranjero. Y al coordinador Nacional del CIR, Juan Antonio Madrazo, tampoco le permitieron salir de Cuba en aquel entonces, por ser parte de las personas reguladas. Ellas y ellos intentaban salir del país para denunciar la grave crisis social, política, económica y de derechos que se registra en este país, y que ha empeorado en los últimos años.

Pero esa no ha sido la única vez que María Elena, Manuel, Osvaldo, Marthadela y Juan Antonio, han intentado viajar fuera de la Isla para participar en espacios académicos, asambleas y diálogos, donde se abordan las violaciones a los derechos humanos registradas en este país. Posterior al 2019 lo han intentado nuevamente, y han sido detenidos dentro de sus casas o al llegar al aeropuerto. Todo con el objetivo de impedirles tomar sus vuelos. También les han reiterado que están regulados y tienen prohibido viajar a otro país, a menos que quieran salir y nunca más volver a la Isla.

En julio de este año, el coordinador del Centro de Estudio Liderazgo y Desarrollo (Celide), Fernando Palacio, intentó viajar a Trinidad y Tobago, y estando dentro del aeropuerto las autoridades cubanas le informaron que no estaba regulado, pero no podía salir del país porque se acercaba la conmemoración del Asalto al cuartel Moncada, una acción armada realizada el 26 de julio de 1953 por un grupo de jóvenes dirigidos por Fidel Castro, para derrocar a Fulgencio Batista. Fernando es la otra persona defensora de los derechos humanos entrevistada para este artículo.

“El término de regulación es un eufemismo que el régimen usa para impedir que activistas salgan del país”, afirma Marthadela, quien sostiene además que es una medida arbitraria. “Como ser humano te sientes impotente, te sientes frágil ante un Estado que tiene todo el poder para decidir cuándo sales, cuándo entras, cuándo te meten preso, cuándo te sacan de prisión…”, reflexiona Osvaldo. Eso, afirma, es lo que ha sentido cada vez que le notifican que está regulado.

En un informe divulgado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en el que se revela que más de 220 personas y 25 organizaciones de todo el mundo sufrieron represalias por cooperar con Naciones Unidas, se mencionan las violaciones a los derechos humanos que han padecido Juan Antonio y Marthadela. El documento señala que en el último año las autoridades cubanas impidieron que ambos salieran del país, y esto ha obstaculizado su compromiso con la ONU, “incluidos los actuales preparativos del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal de Cuba, previsto para realizarse en noviembre de 2023″, indica el reporte.

De una provincia a otra

Las seis personas defensoras de los derechos humanos que fueron consultadas afirman también que las autoridades estatales les han prohibido movilizarse de una provincia a otra. En 2008, a Fernando le prohibieron durante dos años visitar Holguín. La medida le fue notificada luego de estar casi una semana detenido e incomunicado. A esa misma región no puede ir Marthadela, ni siquiera al ser oriunda de esa zona del país. María Elena y Juan Antonio, por su parte, han sido detenidos de forma arbitraria cada vez que se dirigen a Santiago de Cuba, mientras que a Manuel las autoridades no le permiten movilizarse hacia Villa Clara.

El Estado cubano ha restringido la movilidad de este grupo de activistas, que en su momento también fueron expulsados de sus trabajos por ser voces disidentes al sistema político de Cuba. Todo con el fin de silenciarlos y prohibirles que continúen su lucha por un “país libre”.

“Yo sueño con una Cuba real, donde nosotras como madres podamos criar a nuestros hijos, verlos crecer y desarrollarse. Sueño con una Cuba llena de libertades, donde no se oprima a la población, donde se cumpla cada y una de las leyes que el mismo país regula. Sueño con una Cuba libre”, dice María Elena, quien no ve a su hijo hace más de un año, ni tampoco a su nieto ni a su nuera. Los tres salieron del país a raíz de la grave situación que se vive en la Isla.   

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechazamos las estrategias de restricciones injustificadas a la movilidad implementadas por el Estado cubano, cuyo único fin es silenciar a activistas, personas defensoras de los derechos humanos, artistas, periodistas independientes, juristas, y, en general, a todas las voces disidentes. También exhortamos a la comunidad internacional para que haga seguimiento a las denuncias de cubanos y cubanas que han sufrido la represión y el hostigamiento en la Isla, y condenen estas tácticas ejecutadas por el régimen autoritario de Cuba.