Ginebra, 6 de marzo de 2024.– Una delegación de sociedad civil dominicana participó en la Pre-sesión del Examen Periódico Universal (EPU) realizada el viernes 16 de febrero de 2024 en Ginebra, Suiza, con el apoyo técnico del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad). La delegación estuvo compuesta por María Martínez (Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haiti, MOSCTHA), Manuel Dandre (Red de Encuentro Dominicano-Haitiano Jacques Viau, Red Jacques Viau), Rosalba Díaz (Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas, COLESDOM), Roberto Acevedo (Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, ODH-GV) y Jenny Morón (Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas, MUDHA), quienes contaron con el acompañamiento de Elvia Duque, Oficial Senior sobre Raza y Etnicidad de Raza e Igualdad.

Durante una semana en la ciudad suiza, la delegación también tuvo la oportunidad de hacer incidencia al reunirse con representantes de organismos de Naciones Unidas y representantes de misiones diplomáticas, espacios donde compartieron información sobre la situación de discriminación que enfrentan algunos grupos poblacionales en República Dominicana y que resultan violatorias de sus derechos humanos.

Jenny Morón, de MUDHA, expuso la situación de apatridia que, según estimaciones de la sociedad civil, afecta a más de 209 mil personas y que se ha agravada a raíz de la Ley 169-14, al punto que actualmente existen cuatro grupos cuyos derechos humanos son afectados de una u otra forma: 1) quienes debido a su apellido y características fenotípicas no son asociados a la población haitiana y cuentan con todos sus derechos; 2) personas que inicialmente pertenecían al numeral 1 pero el Estado le quitó la nacionalidad en 2013 por identificar algún vínculo con la población haitiana; 3) quienes han sido inscritos en el llamado Libro Especial (Libro de registro para hijos e hijas de madres extranjeras no residentes); y 4) aquellos nacidos en territorio dominicano pero no cuentan con ningún tipo de documentación o designación de nacionalidad.

El activista Manuel Dandre, de la Red Jacques Viau, compartió su experiencia como persona afectada por la Sentencia TC 0168-13, pues a pesar de haber nacido en República Dominicana, a sus 55 años el Estado cambió sus documentos luego de identificar vínculos con población haitiana. “Aquellas personas que nos encontramos en el numeral 2 y 3 tenemos acceso parcial o nulo a derechos básicos como educación, empleo, tránsito, etc., y estamos temerosos a cambios legislativos que continúen mermando nuestros derechos”, expresó.

La defensora de derechos humanos María Martínez, de MOSCTHA, enfatizó la crisis que enfrenta el Estado dominicano en el área laboral, siendo las mujeres y la población en condición de apátrida las más afectadas. Según el mismo Ministerio de la Mujer, más del 95% de las mujeres en el país identifican sus espacios laborales como escenarios de violencia o acoso[1].

Así mismo, la activista Rosalba Diaz, de COLESDOM, resaltó que “la carencia de legislación que garantice protección a la población LGBTI+ ha generado una gran vulnerabilidad de esta población” enfatizando en su presentación “los constantes casos de mutilación, estigma y demás casos de vulneración a los derechos humanos que enfrenta la población intersexual incluso desde muy temprana edad, así como les patrones judiciales que merman los derechos de custodia de las madres lesbianas en República Dominicana”.

En tanto, Roberto Acevedo, de ODH-GV, expuso la falta de acceso a trabajo y discriminación que sufren personas con VIH/SIDA, pues a pesar de la existencia de la Ley 135-11 -que contempla la privacidad de la información sobre el diagnóstico del VIH, las instituciones públicas realizan pruebas de laboratorios como parte del proceso de preselección de candidatos a puestos de trabajos, teniendo como consecuencia no emplear a las personas que resultan positivas aun poseyendo las habilidades necesarias.

La delegación hizo un balance positivo de la visita pues además de visibilizar la crisis que vive el país debido a políticas racistas, xenofóbicas y discriminatorias, así como de posicionar sus recomendaciones, sirvió para advertir sobre la Ley 1/2024, la cual crea un organismo centralizado del Estado, con el objetivo de proteger los intereses de la nación y evaluar amenazas internas y externas contra este. La sociedad civil considera que esta ley genera las herramientas necesarias para avalar al Estado en su labor de criminalización de activistas y personas defensoras de derechos humanos, por lo tanto, la delegación hizo un fuerte llamado para demandar su derogación.

A ello se suma que, al regreso de la delegación a República Dominicana, se conoció la aprobación de la Resolución No. 13, del 17 de febrero de 2024, sobre tramitación de registro de nacimientos de hijos de extranjeros nacidos en República Dominicana. Después de algunos días de evaluación de esta Resolución, a primera vista esta resolución resulta ser una posible solución a varios de los temas abordados por esta delegación en Ginebra respecto a la situación de apatridia, pero al hacer un análisis de fondo genera preocupación porque no beneficia a la población en condición de apatridia en tanto establece la presentación de documentos que esta no posee.

A continuación, desatacamos algunas de las recomendaciones presentadas por esta delegación durante su gira de incidencia en la Pre-sesión del EPU en Ginebra:

• Promover la creación de una mesa técnica de acompañamiento, revisión e implementación de las recomendaciones realizadas en el EPU, con la participación de la sociedad civil, un estado miembro del Consejo, organismos internacionales y el Estado Dominicano.
• Promover una ley nacional de igualdad y no discriminación que persiga, tipifique y sancione el racismo y la discriminación en todas sus formas.
• Motivar al Estado para que modifique y/o elimine cualquier legislación, sentencia o disposición que no esté alineada con los tratados y acuerdos internacionales de protección de los derechos humanos.
• Motivar al Estado a firmar, ratificar e implementar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).
• Prevenir la apatridia creando mecanismos claros, gratuitos y expeditos para beneficiar a las personas víctimas de la Sentencia 168.13, dado que la Ley 169.14 no ha solucionado el problema causado por la Sentencia 168.13. Además, ratificar la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia.
• Sensibilizar a las autoridades, para que eviten la criminalización de la migración y eliminar la política de arresto, deportación y expulsión basados en el perfil racial. Además, tomar las previsiones necesarias para que ninguna persona dominicana por su color de piel o descendencia sea expulsada del territorio nacional.
• Promover la interculturalidad en la esfera de la educación y en los medios de comunicación.
• Promover la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas que se encuentren en contexto de vulnerabilidad.
• Crear una legislación que integre los beneficios de los Convenios 156, 190, 189.
• Promover e incentivar la integración social de grupos vulnerables (personas que viven con VIH-SIDA, usuarios de drogas) para que puedan aportar a su comunidad.
• Motivar la elaboración y promulgación del reglamento de aplicación de la ley 135-11 de VIH/SIDA, que a 12 años aún no cuenta con ese importante instrumento jurídico.
• Promover el fortalecimiento del rol del Defensor del Pueblo, para que promueva y defienda los derechos humanos independientemente del género, nacionalidad y creencia.

Raza e Igualdad agradece a MUDHA, COLESDOM y ODH-GV por obtener sus recursos y sumarse a la delegación inicialmente compuesta por MOSCTHA y la Red Jacques Viau, y les invita a seguir construyendo en unión estrategias para contrarrestar la cruda realidad que viven algunas poblaciones en República Dominicana. También, reiteramos nuestro compromiso de luchar contra las diferentes discriminaciones existentes en este país de la mano con las organizaciones miembros a la Red Jacques Viau y la coalición de ONGs CODHAJUR.

En la foto (de izquierda a derecha): Elvia Duque (Raza e Igualdad), María Martínez (MOSCTHA), Manuel Dandre (Red Jacques Viau), Rosalba Díaz (COLESDOM), Roberto Acevedo (ODH-GV) y Jenny Morón (MUDHA), en Sala XXII, Edificio E de Naciones Unidas. Ginebra, Suiza. 

[1] Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Mujer pone en marcha ruta para la ratificación del Convenio 190 de Violencia y Acoso en el Mundo Laboral. 28 Junio, 2023. Disponible en https://mujer.gob.do/index.php/noticias/itemlist/tag/Convenio%20190#:~:text=M%C3%A1s%20del%2095%25%20de%20las,Convenio%20n%C3%BAmero%20190%20contra%20la