Washington D.C., 30 de agosto de 2024 – En Venezuela, luego de que se cumpliera un mes de las cuestionadas elecciones presidenciales en este país, más de dos mil personas han sido víctimas de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, de acuerdo con las organizaciones Provea y Foro Penal.  En México, “son alrededor de 110 mil las personas que a la fecha se encuentran desaparecidas”, según el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés). Mientras, en Cuba se registran casos de activistas “víctimas de desapariciones forzadas que no se prolongan en el tiempo”, de acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. 

La situación en estos tres países evidencia parte de las graves violaciones a los derechos humanos en América Latina y el Caribe, según el miembro del Comité contra la Desaparición Forzada, el abogado ecuatoriano Juan Pablo Albán, con quien dialogamos a propósito de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, este viernes 30 de agosto. 

Las desapariciones forzadas ocurren “siempre que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas, o a reconocer que están privadas de la libertad”, de acuerdo con Naciones Unidas. 

Esto es, precisamente, lo que ocurre de manera constante en América Latina y el Caribe, donde, según Albán, se registra el número más elevado de desapariciones forzadas en el mundo, siendo México el país en el que más se han documentado este tipo de violaciones a los derechos humanos. 

“Las tendencias más notables que se registran en la región y en el mundo, tienen que ver con las desapariciones cometidas por actores no estatales, las desapariciones en el entorno migratorio, las desapariciones en contextos de represión de la protesta o bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo, o contra la delincuencia organizada; y las desapariciones de personas que son etiquetadas como potenciales miembros de pandillas, de bandas de delincuencia organizada o grupos terroristas”, afirma el integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. 

Albán asegura que cuando en un país se registran casos de desaparición forzada, se pierde la calidad de la democracia porque no hay debate social. “Los Estados pierden mucho cuando no responden, no afrontan este fenómeno y peor todavía, cuando practican la desaparición forzada como una política estatal”, agrega.

Colombia

El fenómeno de las desapariciones forzadas en Colombia ha sido un problema persistente durante más de seis décadas, estrechamente vinculado al conflicto armado que ha asolado el país. Según la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2016 se reportaron aproximadamente 121,768 casos de desapariciones forzadas, aunque se estima que la cifra podría alcanzar las 210,000 víctimas. Esta problemática también ha afectado a la población migrante, especialmente a las y los venezolanos. De acuerdo con la Universidad Católica Andrés Bello, de 2015 a 2020 se reportaron 836 personas venezolanas desaparecidas en Colombia. Sin embargo, la ausencia de datos precisos ha dificultado una evaluación completa de la magnitud de estas violaciones a los derechos humanos.

En el marco del Paro Nacional de 2021, se documentaron 4,846 traslados por protección temporal, una figura legal que ha sido cuestionada por su uso arbitrario y su impacto en los derechos de las y los manifestantes. A pesar de la resolución de la Corte Constitucional de exigir reportes detallados y el derecho a solicitar la cesación del traslado, estas prácticas continúan en la actualidad y siguen siendo problemáticas, con numerosos casos de abuso reportados, incluyendo tortura y violencia sexual.

El manejo de las desapariciones forzadas en Colombia enfrenta varios desafíos críticos, como la falta de activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) por parte de la Fiscalía; la falta de cumplimiento de recomendaciones internacionales y el uso de eufemismos por parte del Gobierno para minimizar la gravedad del problema. Además, el subregistro de casos y la discrepancia entre las cifras oficiales y las reportadas por organizaciones de la sociedad civil complican la evaluación precisa del fenómeno. Estas cuestiones subrayan la necesidad de una reforma integral en las prácticas policiales, y una mejora en la transparencia y eficacia en la respuesta del Estado ante las desapariciones forzadas.

Cuba

En la Isla, entre enero de 2022 y julio de 2024, se registraron “93 incidentes violatorios de derechos humanos, que incluyeron condiciones de desaparición forzada durante varias horas, días, e incluso por más de una semana”, de acuerdo con la organización Cubalex. El movimiento Damas de Blanco, por su parte, ha denunciado que entre 2013 y junio de 2024, se han documentado 3,904 detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra mujeres integrantes de este colectivo. La mayoría han sido víctimas en repetidas ocasiones, y por periodos que van de las 24 a las 72 horas.  

Este tipo de desapariciones forzadas, que no se prolongan en el tiempo como sí ocurre en Colombia, afectan principalmente a activistas, periodistas independientes, artistas y, en general, a todas las personas que discrepan del discurso oficial.

Un informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de julio de 2024, también ha expresado su preocupación por las detenciones y el uso excesivo de la fuerza ejercida por la Policía durante las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021, conocidas como 11J. De acuerdo con este Procedimiento Especial de Naciones Unidas, la mayoría de las personas detenidas en ese contexto no comparecieron ante una autoridad judicial hasta muchos días, semanas o meses después, y antes de eso se desconocía la suerte y el paradero de los detenidos, lo que constituyó un acto de desaparición forzada.

Nicaragua 

En Nicaragua nueve personas se encuentran en situación de desaparición forzada, según la Unidad de Registro (UDR).  Entre estas personas se encuentran el líder indígena Brooklyn Rivera, y la periodista y gestora cultural Fabiola Tercero. 

Brooklyn Rivera, 72 años, es indígena miskitu, diputado regional (2022-2026) y líder máximo del pueblo misquito (Ta Upla), y del partido idígena YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, “Hijos de la madre tierra unidos”). Su familia no tiene conocimiento de su paradero desde el 29 de septiembre de 2023. En enero de este año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló que Rivera se encuentra en “desaparición forzada” y abogó por su liberación.

Fabiola Tercero es periodista, activista y fundadora de “El rincón de Fabi”, un proyecto que tiene como objetivo promover la lectura entre jóvenes nicaragüenses. Su vivienda fue allanada el pasado 12 de julio y desde entonces se desconoce su paradero, al igual que el de su madre y su hermana. 

En una entrevista con el periódico español El País, la directora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), Alexandra Salazar, afirmó que las autoridades se niegan a proporcionar información sobre el paradero de estas personas. “De tal manera que no se tiene certeza de sus condiciones de detención, ni constatación de su estado de salud y vida”, añadió. Además, la UDJ identificó casos en los que las autoridades penitenciarias recomendaron a los familiares buscar a las personas detenidas políticas “en las morgues”, lo cual incrementa la angustia y constituye una forma adicional de tortura.

Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en su informe de julio de 2024, afirmó que las desapariciones forzadas “de corta duración” están siendo utilizadas como “instrumento para reprimir a opositores y críticos del Gobierno” desde el año 2018. Asimismo, el Grupo puso en relieve que el Estado debe proporcionar rápidamente información exacta sobre la detención de las personas privadas de libertad y el lugar o lugares a los miembros de su familia y a cualquier otra persona que tenga interés legítimo (art. 10, párr. 2, de la Declaración), y que el hecho de no hacerlo constituye una desaparición forzada. 

Perú 

En el caso de Perú, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre los años 1980 y 2000, durante el conflicto armado interno, hubo 21,918 personas desaparecidas, de las cuales aún falta determinar el paradero de 19,200 casos. A la fecha, solo se ha concluido con la búsqueda de 2,718 personas desaparecidas, en las que 39 fueron halladas con vida. Además, se pudo identificar y restituir 682 restos óseos que fueron entregados a las familias. A inicios de julio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la restitución de restos del caso Putis, alentando al Estado a continuar la búsqueda, identificación, restitución digna y juzgamiento de los responsables.

Lamentablemente, el país ha retrocedido en el acceso de justicia, derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas de desapariciones forzadas. Recientemente, el Congreso de la República aprobó la Ley 32107 que prescribe los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes de 1 de julio de 2002, es decir, antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Con esta ley, nadie podrá ser procesado, condenado o castigado por desapariciones forzadas, genocidio, esclavitud, terrorismo, tortura sistemática y generalizada, y otros crímenes de lesa humanidad. 

“Todo esto para darle impunidad a Fujimori y otras personas involucradas en graves violaciones a los derechos humanos”, enfatiza Albán. De hecho, los actos cometidos por el expresidente Alberto Fujimori dieron paso a la declaratoria de responsabilidad internacional de Perú dentro de  los casos Barrios Altos y La Cantuta, que fueron resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y en los cuales varias de estas acciones han sido calificadas como crímenes de lesa humanidad.

En junio pasado, a través de un comunicado, la CIDH expresó que la propuesta de ley es contraria al derecho internacional y alertó que “desobedece abiertamente las sentencias de la Corte IDH”. En la misma línea, Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo en una reciente declaración que estos delitos no deben ser objeto de amnistías ni prescripción. Sin embargo, nada de eso impidió que el Congreso aprobara la norma.

Los casos de desapariciones forzadas que se describen en Colombia, Cuba, Nicaragua y Perú, evidencian las graves violaciones a los derechos humanos que también se registran en toda América Latina y el Caribe, y que, al mismo tiempo, entorpecen la democracia en la región. 

De acuerdo con el miembro del CED, Juan Pablo Albán, es necesario que en cada uno de estos países se promueva una cultura de denuncia, se documenten los casos, se utilicen las vías de protección, y más Estados que conforman la Asamblea General de Naciones Unidas se comprometan a luchar contra este fenómeno, para reducir las cifras de desapariciones forzadas en todo el mundo. 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conmemoramos el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y enfatizamos que este tipo de violencia afecta a miles de seres humanos incluidos activistas, personas defensoras de derechos humanos, indígenas, artistas de la región, personas opositoras o percibidas como tales, así como a sus familias, entre las que se encuentran niños y niñas que sufren por esta violencia institucional, o por parte de otros actores. Condenamos este fenómeno y hacemos un llamado a las autoridades de América Latina y el Caribe, para que se comprometan a buscar a las personas que aún siguen desaparecidas, y protejan a las voces críticas y disidentes. También instamos a la sociedad civil independiente a que siga denunciando estas violencias ante los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.