COMUNICADO PRENSA_LEGAL

Solicitamos a la ONU que utilice todos los mecanismos a su disposición para investigar y documentar las violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua, y que tome medidas concretas para proteger a las víctimas.

Ginebra, Suiza. 29 de agosto de 2024. La articulación de organizaciones de Nicaragua, en el marco de la Presesión del Examen Periódico Universal (EPU) —mecanismo de las Naciones Unidas para mejorar la situación de Derechos Humanos en 193 países—, presentó a los Estados información actualizada sobre las graves y sistemáticas violaciones a la libertad de asociación, libertad de información, libertad de expresión, libertad religiosa, así como las violaciones a los derechos políticos y los derechos de personas presas políticas, mujeres, estudiantado, pueblos indígenas y afrodescendientes.

El Examen Periódico Universal (EPU) es una oportunidad para que los Estados miembros de Naciones Unidas puedan pronunciarse ante las graves violaciones de Derechos Humanos que persisten en Nicaragua, un Estado que se mantiene en absoluto incumplimiento de las recomendaciones de este mecanismo. Además, los Estados podrán realizar recomendaciones sobre el agravamiento de violaciones a Derechos Humanos o nuevas formas de represión como: la desnacionalización, el destierro, las agresiones contra la libertad de religión, y otros crímenes de lesa humanidad que se continúan perpetrando.

En Nicaragua, existen más de 151 personas presas políticas, de las cuales 11 fueron capturadas en el contexto de abril de 2018. Todas estas personas sufren condiciones injustas en las prisiones: torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Otra evidencia reciente de la crisis de Derechos Humanos es la arbitraria y masiva cancelación de la personalidad jurídica de 1650 organizaciones sin fines de lucro, para un total de 5479 organizaciones perseguidas desde 2018. Esto incluye la cancelación de la personalidad jurídica, disoluciones voluntarias o cambios de régimen jurídico de cientos de grupos religiosos, organizaciones de mujeres, de la diversidad sexual, gremios empresariales, asociaciones comunitarias, universidades, entre otras. Además, el gobierno de Nicaragua ha confiscado sus bienes y ordenado traspasarlos al Estado, consolidando así su control autoritario sobre la Sociedad Civil nicaragüense y la inseguridad jurídica.

Alertamos sobre la grave situación de los pueblos originarios y afrodescendientes, a quienes no se les garantiza de forma efectiva el derecho a la autodeterminación, el respeto a las formas tradicionales de elecciones de autoridades y sus derechos territoriales. Al no cumplir con el saneamiento, última etapa de la demarcación y titulación de los territorios, esto propicia la violencia de los colonos hacia las comunidades. Por ello, hacemos un llamado al Estado para implementar lo dispuesto en el Convenio 169, adoptando el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios en políticas públicas y en proyectos que puedan afectarles. Asimismo, se exige la liberación de los liderazgos indígenas y la presentación de todas las personas en situación de desaparición forzada.

Todo lo anterior ha motivado el desplazamiento forzado, interno o externo, lo cual aumenta la vulnerabilidad de la población, desprotegida ante la violencia y omisión de protección del Estado.

Ante el incumplimiento del Estado de Nicaragua de sus obligaciones internacionales, solicitamos a los Estados en el marco del 4to. Ciclo del EPU de Nicaragua: Promover recomendaciones progresivas que aborden de forma integral la grave situación de Derechos Humanos, considerando a su vez, los informes presentados por sociedad civil que dan cuenta de dicha situación.