Ginebra, 4 de septiembre de 2024. – “La crisis multifacética que ha afectado a Nicaragua desde 2018 requiere un cambio urgente de rumbo por parte del Gobierno” recomendó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en su informe anual (2023-2024) publicado este martes 3 de septiembre. 

En su informe, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó que el gobierno de Nicaragua ha intensificado el control sobre todas las instituciones estatales, así como la persecución a cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o exprese opiniones disidentes, incluyendo defensores de derechos humanos, medios independientes y organizaciones no gubernamentales.

Funcionarios bajo la lupa del régimen

La OACNUDH subrayó la grave situación del sistema de justicia en Nicaragua, que se encuentra bajo el control del Poder Ejecutivo, y ha permitido la persecución de personas opositoras reales o percibidas como tales. Según testimonios de funcionarios del sistema de justicia ante la OACNUDH, existe un clima de miedo, intimidación y acoso. 

En noviembre de 2023, cientos de funcionarios fueron despedidos, presuntamente debido a sus lealtades políticas conflictivas con diferentes facciones del Gobierno. En un caso documentado por la OACNUDH, un funcionario de alto rango fue sometido a arresto domiciliario arbitrario y un juez tuvo que huir del país para evitar una detención por motivos políticos.

Violaciones y abusos sexuales a mujeres y hombres presos políticos

Según datos de la OACNUDH, hasta mayo pasado,131 personas se encontraban bajo detención arbitraria, lo que supone un marcado aumento en comparación con las 54 personas de junio de 2023. Cabe destacar que en junio y julio de 2024 se produjeron otras diez detenciones arbitrarias. 

La OACNUDH alarmó sobre cinco casos detenidos que fueron sometidos a tortura o malos tratos, entre ellos palizas brutales, aislamiento durante períodos prolongados y tortura postural y por estrés. Asimismo, en la segunda mitad de 2023, la Oficina documentó siete casos de detenidos que denunciaron haber sido sometidos a violación, abuso sexual y descargas eléctricas. Entre los casos más alarmantes, tres detenidos denunciaron estrangulamiento de testículos.

Por otro lado, la OACNUDH señaló que las condiciones de detención de las mujeres se caracterizan por el uso de la violencia sexual y la violencia de género, incluidas las amenazas de muerte o de quitarles a sus hijos, la privación de medicamentos y productos de higiene necesarios, el trabajo forzoso, la desnudez forzada, las amenazas de violación, el abuso sexual y la violación. Además, en 2023 se documentó que bebés de dos y tres meses fueron separados de sus madres tras arrestos arbitrarios, interrumpiendo la lactancia materna. 

Desapariciones forzadas como instrumento de control

La OACNUDH ha documentado el uso de desapariciones forzadas como herramienta de control. Entre los casos documentados se encuentra el de un comerciante de 70 años que fue detenido el 10 de octubre de 2023 por criticar al Gobierno en conversaciones informales en su tienda en Terrabona, Matagalpa. Tras más de un mes sin conocerse su paradero, lo que constituye una desaparición forzada, fue condenado a siete años de prisión por tráfico de armas en un juicio que no garantizó su derecho a un debido proceso.

Otro caso alarmante es el de un académico de 65 años, desaparecido el 20 de noviembre de 2023, presuntamente en represalia por una publicación crítica en redes sociales. Hasta la fecha, su paradero sigue siendo desconocido. 

Las desapariciones forzadas representan una violación grave del derecho internacional y dejan a las familias de las víctimas en un estado de angustia e incertidumbre. 

Expulsiones y desnacionalizaciones

En 2023, el gobierno de Nicaragua despojó arbitrariamente a 317 personas (60 mujeres y 257 hombres) de su nacionalidad, convirtiéndoles en apátridas, en clara violación del derecho internacional de los derechos humanos. Esta acción ha tenido consecuencias devastadoras, dejándolos sin acceso a derechos fundamentales y servicios esenciales.

Adicionalmente, se documentaron 62 casos en los que a nacionales nicaragüenses (33 mujeres y 29 hombres) se les negó la entrada a su propio país. Esta negativa se realizó sin previo aviso, provocando una serie de consecuencias graves, como la separación forzada de familias. «Estas expulsiones y desnacionalizaciones han obligado a las víctimas a reconstruir sus vidas lejos de sus familias, enfrentando una situación de inseguridad jurídica y personal», cita el informe.

Pueblos Indígenas y Afrodescendientes

La OACNUDH ha registrado múltiples violaciones en territorios de pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua. En julio de 2023, dos guardabosques indígenas del territorio Mayangna Sauni As fueron asesinados por colonos, y otro indígena de la misma región murió a causa de heridas recibidas en un ataque. Las autoridades no han tomado medidas adecuadas para investigar estos incidentes ni para prevenir futuros abusos.

Además, el 31 de octubre de 2023 y el 22 de abril de 2024, se otorgaron concesiones mineras en territorios indígenas sin realizar las consultas necesarias. El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali Tzay,  expresó preocupación por la falta de información y presión durante las consultas del proyecto Bio-CLIMA realizadas por el Gobierno entre el 18 de agosto al 7 de septiembre de 2023.

El 7 de marzo de 2024, el Fondo Verde para el Clima anunció que había rescindido el proyecto debido al incumplimiento de sus políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales.

Elecciones 2026, “una nueva oportunidad para Nicaragua”

Entre sus recomendaciones, el Alto Comisionado instó a: liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis política; adoptar medidas para prevenir la tortura y los malos tratos en las prisiones; modificar la legislación penal para alinearla con los estándares internacionales de derechos humanos; garantizar juicios justos y el debido proceso; y restaurar los espacios cívicos y democráticos. 

Además, solicitó al gobierno garantizar la imparcialidad en las próximas elecciones en 2026, que “tienen el potencial de ofrecer una nueva oportunidad para Nicaragua… si se celebran en un entorno seguro y propicio para los derechos humanos, en el que se pueda ejercer de manera significativa el derecho a la participación política y las y los nicaragüenses sean libres de decidir el futuro de su país”

Finalmente, Turk instó a la comunidad internacional a fortalecer la rendición de cuentas por los presuntos crímenes internacionales cometidos desde 2018 en Nicaragua, así como promover la aplicación adecuada de las jurisdicciones universal y extraterritorial; y a “garantizar que toda la asistencia internacional y las inversiones que se brinden a Nicaragua, incluso a través de instituciones financieras y empresas internacionales, adopten un enfoque basado en los derechos humanos”.

Pronunciamiento

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), subrayamos la importancia del trabajo realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). A pesar de la negativa del gobierno nicaragüense a cooperar y proporcionar información, la Oficina sigue cumpliendo un papel esencial en el monitoreo de la crisis en Nicaragua, protegiendo la confidencialidad de las fuentes en situación de riesgo y emitiendo recomendaciones cruciales al Estado nicaragüense y a la comunidad internacional para poner fin a esta situación alarmante.

Asimismo, enaltecemos el papel vital que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense. A pesar de las condiciones de riesgo extremo en las que operan, estas organizaciones continúan, con valentía y determinación, informando sobre la situación tanto desde dentro como fuera del país, garantizando que el mundo conozca las graves violaciones a los derechos humanos que persisten en Nicaragua. Su labor es indispensable para la defensa de los derechos humanos y la restauración de la democracia en la nación.