Ginebra 13 de septiembre de 2024.- “Nicaragua no solo se está aislando, está poniendo a prueba los límites del Sistema Internacional de Naciones Unidas”, afirmó Jan Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), durante un evento paralelo organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en el marco del 57º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Simon instó a una incidencia coordinada por parte de la comunidad internacional, especialmente ante las Instituciones Financieras Internacionales.

** El evento, titulado “Solidaridad Internacional con Nicaragua: retrocesos, avances y retos futuros”, fue co-patrocinado por las organizaciones de derechos humanos CCPR, ISHR, MAM, INANA, y las embajadas de Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, Canadá, Argentina y Costa Rica en Ginebra. En el diálogo participaron defensoras de derechos humanos nicaragüenses, representantes del GHREN, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y personas delegadas de embajadas aliadas del pueblo nicaragüense.

En sus palabras de bienvenida, la Embajadora de la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas en Ginebra, Claudia Fuentes-Julio recordó que las bases del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Sistema de Naciones Unidas en general, se sostienen sobre la voluntad de cooperar y trabajar en conjunto y por tanto, el aislamiento de Nicaragua es una amenaza. “Cuando tenemos un Estado como Nicaragua, que corta relaciones políticas con el mundo exterior y cuyo régimen se mantiene en el poder en consecuencia de sus relaciones económicas, es que hay cuestionar las verdaderas prioridades del Sistema que estamos construyendo”, alertó.

Por su parte, Jan-Michael Simon, Presidente del GHREN, señaló que el único espacio en el que Nicaragua no se está aislando es en los órganos multilaterales en materia de financiamiento internacional, conocidas como Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), particularmente el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por ello, el experto hace énfasis en que se debe hacer incidencia en estos órganos.

“Quisiéramos que los países representados y los respectivos directorios de esas IFIs, ya sea en el Fondo (Monetario Internacional), el Grupo de Acción Financiera Internacional, y/o los países que tienen relaciones bilaterales con Nicaragua tomen en serio sus compromisos con los tratados de libre comercio”, finalizó el experto.

Pueblos indígenas y afrodescendientes son un “target” del régimen 

Para Ariela Peralta, experta del GHREN, la persecución política está centrada en acallar cualquier voz  autónoma de disidencia que pueda convocar.  Según la experta, los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua son un “target” de la persecución política del régimen “por su capacidad de convocar y manifestar expresiones contrarias…se demuestra en una lectura tanto de los hallazgos como de los contextos históricos”.

Peralta lamentó que entre el grupo de 135 personas nicaragüenses que fueron excarceladas y desterradas hacia Guatemala, no se encontraban los liderazgos indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez. Rivera se encuentra en situación de desaparición forzada desde septiembre de 2023.

Anexa Alfred Cunningham, experta nicaragüense del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y fundadora de la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes INANA, denunció que la violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes es sistemática. Según los registros de INANA, las masacres han sido una constante entre 2020 y 2023. En este período, se perpetraron tres masacres en las comunidades indígenas mayangnas, ubicadas en la Reserva Biósfera de Bosawás, que dejaron al menos 20 indígenas muertos, incluidas mujeres y niñas que fueron víctimas de violencia sexual y torturas.

Alfred también lamentó el reciente cierre de la Iglesia Morava, que brindaba asistencia “ante la ausencia del Estado en temas de salud y educación”. 

EPU es una oportunidad crucial

“El ejercicio de los derechos fundamentales es delictivo (en Nicaragua). Desde hace muchos años, términos como incidencia política o participación ciudadana son perseguibles. Demandar derechos se llama “terrorismo”. Exigir que los funcionarios y las autoridades se sometan a la ley, se llama “menoscabo a la integridad nacional”. Demandar democracia es ser “golpista””, denunció Azahalia Solís, defensora nicaragüense e integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) que fue despojada arbitrariamente de su nacionalidad en el año 2023.

Por su parte, Fiorella Melzi, Coordinadora del MESENI, alertó que “la represión ha continuado con expresiones aún más severas al espacio cívico y democrático. Todo ello con el fin de eliminar a la sociedad civil organizada y afianzar un régimen de concentración de poder en el Ejecutivo -orquestado desde hace años- basado en un estado policial”. El Estado de Nicaragua continúa cometiendo graves y sistemáticas violaciones en contra de la población, principalmente por motivos de persecución política, “o por simplemente ser personas consideradas no afines a los intereses del gobierno”.

Andrés Sánchez, Representante Adjunto y Funcionario encargado de la Oficina Regional del ACNUDH para América Central y la República Dominicana, coincidió en que “ el panorama es extremadamente alarmante… Este desmantelamiento del tejido social deja a miles de personas sin acceso a servicios esenciales lo cual exacerba la crisis social y económica del país”.

“En ese contexto quiero subrayar la importancia del próximo Examen Periódico Universal. Este EPU es una oportunidad crucial para que los Estados presenten sus recomendaciones al Gobierno nicaragüense, instándole a cesar estas violaciones y apoyándose en las recomendaciones del Alto Comisionado, que pueden servir de una base o guía sólida”, finalizó.

Pronunciamiento

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) denuncia que el régimen de Nicaragua sigue utilizando las detenciones arbitrarias como un mecanismo para silenciar voces disidentes. Carlos Quesada, Director de Raza e Igualdad, señaló que el régimen continúa recurriendo a esta práctica, “manteniendo a centenares de personas en prisión, para luego excarcelarlas y desterrarlas”. Recordamos que en febrero de 2023, 222 personas nicaragüenses fueron excarceladas y desterradas hacia Estados Unidos, y ahora el régimen ha repetido esta acción con 135 personas más, enviándolas a Guatemala. Estos destierros destruyen los proyectos de vida de las personas afectadas, dejándolas en una situación de indefensión.

Asimismo, Raza e Igualdad exhorta con urgencia a actuar para implementar la recomendación del GHREN sobre la importancia de realizar acciones de incidencia ante las Instituciones Financieras Internacionales. Estas Instituciones deben reconocer que en Nicaragua se cometen crímenes de lesa humanidad, y en  consecuencia implementar políticas de debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y remediar los impactos negativos asociados a sus actividades en el país.