Ginebra, 23 de septiembre de 2024. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias presentó su más reciente informe sobre el impacto que estas acciones tienen sobre los procesos electorales en el mundo y, destacó, que la práctica está siendo utilizada por las “elites en el poder”, para mantenerlo y consolidarlo haciendo mención de las desapariciones en Nicaragua desde el año 2018 y, especialmente, durante el año electoral 2021.

Durante la presentación del informe temático: “Desapariciones forzadas y elecciones”, la relatora a cargo d el informe Aua Baldé, quien es también la presidenta y relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, mencionó que, al menos 60 países en el mundo celebraron elecciones en condiciones de deterioro democrático.

Baldé explicó que las desapariciones forzadas están siendo utilizadas como herramienta por parte de algunos gobiernos para crear “un clima de terror entre los opositores”, de un país y así consolidarse en el poder. 

“Una de las tendencias más prominentes es la de desapariciones forzadas de corta duración, se hace desaparecer al individuo por períodos cortos de tiempo, sin avisarle nada a las familias, (mientras los detenidos) son víctimas de diversas violaciones de derechos humanos”, dijo la presidenta Baldé. 

Desde entonces, miles de personas en el país centroamericano han sido y siguen siendo sometidas a condición de desaparición forzada, como el caso del líder indígena y exdiputado Brooklyn Rivera, quien el próximo 29 de septiembre cumplirá un año de haber sido secuestrado por la policía del régimen sin que se aclare cuál es su paradero o condición de salud. 

A finales de mayo de 2021, en año electoral, el régimen Ortega-Murillo inició una cacería en contra de precandidatos presidenciales, periodistas, defensores de derechos humanos y cualquier persona percibida como opositora, para mantenerse el poder. 

Juan Sebastián Chamorro fue uno de los detenidos, estuvo desaparecido por casi 3 meses y, tras ser condenado, fue preso político por dos años. Durante su intervención en la presentación del informe, Chamorro resaltó: “Es extremadamente importante concienciar de que la desaparición significa la privación de libertad por parte de agentes del Estado que se niegan a revelar el paradero de los detenidos, así como su suerte”. 

Chamorro mencionó que las personas que son víctimas de desapariciones forzadas, también pasan por un proceso previo de acoso policial y violencia política que pueden ser identificados como patrones que sirvan para prevenir futuras desapariciones forzadas en contextos electorales. 

“La violencia electoral y la desaparición forzada son cada vez más comunes para desalentar la participación política. Y lo que es más importante, es un ataque directo a la única forma de supervivencia de la democracia: el respeto del voto popular y el derecho político a elegir y ser elegido”, agregó Chamorro.

El informe resalta que la práctica de desapariciones forzadas no discrimina edad, género, profesión; afectando a todo tipo de personas, periodistas, miembros de sociedad civil y sus familias. 

Raza e Igualdad exige al régimen Ortega-Murillo informar sobre el paradero de las personas actualmente en situación de desaparición forzada. La comunidad internacional debe demandar que los responsables sean sancionados por tales crímenes.

El informe Desapariciones forzadas y las elecciones, está disponible en el siguiente vínculo.