San José, Costa Rica – Antecedentes del proyecto Bio-CLIMA. El 7 de marzo de 2024, el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) decidió rescindir el Acuerdo de Actividad Financiada del proyecto Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas de Bosawas y río San Juan. Esta medida fue tomada tras un exhaustivo proceso de evaluación que identificó incumplimientos de las salvaguardas ambientales, sociales y de derechos de los pueblos indígenas establecidas por el GCF, lo que derivó en violaciones a los acuerdos legales correspondientes.

Con un financiamiento total de 116.6 millones de dólares, el proyecto Bio-CLIMA, propuesto por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de Nicaragua, buscaba combatir la deforestación y mitigar los impactos del cambio climático en dos de las principales reservas ecológicas del país. Sin embargo, la investigación realizada por el Mecanismo Independiente de Reparación (IRM) del GCF, reveló que el proyecto podría haber exacerbado los conflictos por la tierra en la costa Caribe nicaragüense, donde las comunidades indígenas ya sufren violencia y desplazamiento a manos de colonos no indígenas. 

La suspensión del proyecto, se convierte en un primer antecedente de cancelación por incumplimiento de políticas, y se considera una victoria para los derechos humanos. Adicionalmente, el caso Bio-CLIMA pone en relieve la importancia de reforzar los mecanismos de monitoreo y participación comunitaria en la formulación y ejecución de proyectos financiados por el GCF, y expone las limitaciones que enfrentan las entidades acreditadas para asegurar la debida diligencia. Así este no deja de ser un caso complejo que continúa generando un debate sobre las medidas necesarias para asegurar la correcta implementación de proyectos de financiamiento climático en la región.

En un conversatorio organizado por Fundación del Río y Fundación Heinrich Böll celebrado hoy, expertos y actores claves del ámbito ambiental y de desarrollo discutieron las lecciones aprendidas de este proceso y propusieron recomendaciones para mejorar la supervisión y debida diligencia de futuros proyectos climáticos en Centroamérica, a fin de asegurar que los futuros proyectos sean implementados de manera eficaz y responsable, protegiendo tanto a las comunidades locales como al medio ambiente.

El evento contó con la participación de Marcelo Azambuja, oficial del programa legal para Latinoamérica del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad); Ingrid Hausinger de Kafie, coordinadora del componente de Ecología de la Fundación Heinrich Böll en El Salvador; Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río; Camila Bertelega, del Programa de Clima de la Asociación Interamericana para la defensa del medio ambiente (AIDA); Eduardo Trejos, exdirector de país por Costa Rica ante el Banco Centroamericana de Integración Económica (BCIE) y la investigadora Adriana Vásquez Rodríguez, de la Ruta del Clima. 

Durante el conversatorio se abordó el tema de las salvaguardas ambientales y sociales, destacando la importancia de cumplir con los estándares de protección ambiental y social en los proyectos de financiamiento climáticos, un elemento que fue determinante al momento de rescindir el acuerdo de financiamiento del caso de Bio-CLIMA en Nicaragua. 

Los panelistas, también expresaron la necesidad de contar con mecanismos de control más efectivos. Esto implica que existan en estos procesos, transparencia y rendición de cuentas exhaustiva  a lo largo de todo el ciclo del proyecto, situación que no ocurrió en el caso de Bio-CLIMA. Asimismo, ven la necesidad de involucrar la participación activa comunitaria, en particular de los pueblos Indígenas y Afrodescendientes con el fin de asegurar el respeto y los derechos territoriales y culturales. 

También, los panelistas hicieron un llamado a los organismos financieros internacionales para que fortalezcan sus procesos de monitoreo y cumplimiento, garantizando que los proyectos no solo se enfoquen en la mitigación del cambio climático, sino también en la protección de los derechos humanos y las salvaguardas ambientales.

Ingrid Hausinger de Kafie, coordinadora del componente de Ecología de la Fundación  Heinrich Böll en El Salvador, quién estuvo a cargo de la moderación del panel, expresó que desde su coordinación es “un honor acompañar este evento, dado que, consideramos que el caso Bio-CLIMA es un caso que marca un precedente internacional y que es un caso que ha resultado exitoso desde el lado de la defensa de los derechos humanos y del avance de la justicia climática”.

Hausinger agregó, que “la cancelación del proyecto Bio-CLIMA, tiene el potencial de impactar actualmente  más de 10 mil millones de dólares que maneja la cartera del CGF y que se ejecutan en más de 190 proyectos a nivel global”. 

La coordinadora del componente de Ecología de la Fundación  Heinrich Böll en El Salvador, comentó que ahora se espera que este ejemplo pueda ser utilizado, tanto en el Fondo Verde del Clima para cuestionar e interpelar sus propios mecanismos de aprobación para exigir a las autoridades acreditadas como en el BCIE, con el fin de que exista un monitoreo correcto y el respeto de la salvaguarda del Fondo Verde del Clima para que el financiamiento climático sea utilizado con el fin que fue concebido. 

Marcelo Azambuja, oficial del programa legal para Latinoamérica de Race and Equality, durante su intervención examinó el impacto del financiamiento internacional en el contexto actual de Nicaragua, destacando que las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), a pesar de las documentadas violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega, continúan aprobando proyectos millonarios en Nicaragua. 

Agregó que, hasta octubre de 2024, existen 89 proyectos financiados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que alcanzan un total de 4.500 millones de dólares. De estos proyectos, 51 fueron aprobados después de 2018, un año marcado por la intensificación de la represión y la consolidación del régimen autoritario. 

Ante ello, Azambuja enfatizó los hallazgos del informe: “El apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos”, elaborado y publicado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos en junio de 2024. Según el panelista, las IFIs tienen una responsabilidad internacional, no sólo en términos de su mandato económico, sino también en lo que respecta a los derechos humanos, es por ello, que las IFIs deben asegurarse de que sus financiamientos no contribuyan a la violación de derechos humanos, deben coordinar el financiamiento a reformas democráticas y suspender los proyectos que refuercen el régimen autoritario. Además, deben colaborar con organismos internacionales de derechos humanos, por lo que, es necesario de las IFIs fortalezcan sus medidas de transparencia para el acceso público a la información sobre los proyectos de desarrollo ejecutados en territorio nicaragüense y de debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y abordar los impactos negativos que sus financiamientos o proyectos puedan tener sobre los derechos humanos; analicen con prioridad las denuncias sobre los impactos adversos a los derechos humanos asociados a su cadena de valor en el territorio nicaragüense, incluyendo actividades de investigación, juzgamiento o análisis, sanción y medidas de reparación a las víctimas; suspendan y/o cancelen los proyectos de desarrollo en territorio nicaragüense cuando se constate los impactos adversos a los derechos humanos y cooperen para poner fin a la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua.

Por su parte, Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río analizó las lecciones aprendidas desde los Organismos de Sociedad Civil, destacando  la necesidad de conocer los requisitos y procedimientos necesarios para activar un mecanismo de quejas, esto permitirá que se garantice que el reclamo sea atendido adecuadamente. 

Ruiz agregó que es importante mantener la apertura al diálogo sin perder de vista los motivos que originaron la queja, recopilar las evidencias técnicas en cada etapa del proceso guardando la claridad de las pruebas, así como, mantener una buena organización interna y externa creando alianzas para lograr avances significativos en la defensa de derechos. También remarcó la prioridad de  contar con recursos humanos y financieros suficientes para sostener los esfuerzos de incidencia a largo plazo.

Camila Bertelega, del Programa de Clima de la Asociación Interamericana para la defensa del medio ambiente (AIDA), destacó que durante el proceso de Bio-CLIMA se pudo evidenciar la necesidad de seguir fortaleciendo los mecanismos independientes de reparación. Señaló que, gracias al excelente trabajo de estos mecanismos, se logró impedir la ejecución del proyecto. Además, subrayó la necesidad de continuar abogando por garantizar la participación activa de la sociedad civil en estos espacios. La presencia de AIDA y la Fundación Heinrich Böll como observadores oficiales fue clave para un seguimiento cercano de este proceso.

Al cierre del evento, las organizaciones expresaron su gratitud y reconocimiento hacia la fortaleza, resistencia y valentía de los pueblos Indígenas y Afrodescendientes, cuyo esfuerzo permitió evidenciar el incumplimiento de las salvaguardas del GCF.