Ginebra, 15 de noviembre.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su profunda preocupación por la posición del Estado de Nicaragua ante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado este miércoles 13 de noviembre. Su discurso, lejos de reflejar algún nivel de compromiso con los derechos humanos, omite las denuncias internacionales sobre el hostigamiento hacia personas consideradas opositoras políticas, activistas y periodistas. Raza e Igualdad llama al Estado nicaragüense a aceptar las recomendaciones de los Estados y a tomar medidas concretas para garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos en el país.

En su presentación ante el EPU, la Procuradora General de la República de Nicaragua, Wendy Morales Urbina, afirmó que promueve y protege los derechos humanos y el bienestar de la ciudadanía nicaragüense, destacando “la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la igualdad de género y la ampliación del acceso a la educación y la salud”. Además, la delegación insistió en un supuesto compromiso del Estado de Nicaragua con el derecho internacional y con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, enfatizando su apego a la “igualdad soberana de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos”.

En contraste con la posición del Estado, de los 88 Estados que tomaron la palabra durante la 47a sesión del Grupo de Trabajo del EPU, al menos 51 Estados expresaron una amplia gama de preocupaciones por la grave situación de derechos humanos en el país, así como recomendaciones para abordarlas. Entre las preocupaciones más destacadas se encuentran: la reducción del espacio cívico, que ha sido ampliamente condenada por países como Alemania, España, Estados Unidos y Canadá; y las detenciones arbitrarias por motivos políticos y la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense, prácticas contrarias al Derecho Internacional a las que ha recurrido el Estado, que fueron señaladas por varios países, como Argentina, Costa Rica, Colombia y Chile.

En respuesta a estas preocupaciones planteadas, los Estados miembros del Consejo expresaron recomendaciones claras y urgentes para abordar la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Entre las recomendaciones más destacadas se encuentra la liberación inmediata y sin condiciones de las personas presos políticos, el fin de las detenciones arbitrarias, el restablecimiento del espacio cívico y la cooperación con mecanismos internacionales de Derechos Humanos. Canadá por ejemplo, recomendó al Estado respetar los derechos constitucionales de la ciudadanía, la libertad personal, y protección de la detención arbitraria y tortura “poniendo en libertad inmediatamente a todos los presos políticos dejando de detener arbitrariamente y respetando las normas de la ONU para el tratamiento de personas prisioneras”.

Chile recomendó “poner fin a la práctica de privación de nacionalidad como medida punitiva” y restituir la nacionalidad a las personas que han sido despojadas de ella. El Reino Unido recomendó a Nicaragua modificar la Ley Especial 1145, relacionada con la nacionalidad nicaragüense, y abordar las preocupaciones sobre la reciente reforma al Código Penal que permite la persecución y confiscación de los bienes de nicaragüenses exiliados o extranjeros acusados de “crímenes contra el Estado”.

Otros Estados expresaron recomendaciones específicas sobre el respeto de los derechos humanos de poblaciones históricamente vulnerabilizadas. Brasil, por ejemplo, destacó la “necesidad de investigar y sancionar a los responsables por todos los actos de violencia y atentados a la vida contra minorías, en particular, pueblos indígenas y afrodescendientes”. Noruega, entre otras cosas, recomendó adoptar medidas inmediatas para evitar la discriminación a los pueblos indígenas afrodescendientes y personas LGBTI, y prevenir la violencia de género.

Para Raza e Igualdad resulta especialmente alarmante la falta de información sobre los líderes indígenas Brooklyn Rivera, exdiputado en condición de desaparición forzada desde septiembre de 2023, y su suplente Nancy Elizabeth Henríquez, detenida arbitrariamente en condiciones desconocidas. Cabe destacar que, esta es la primera ocasión que el Estado se pronuncia sobre estos casos afirmando que Rivera fue destituido “por su abandono de las labores parlamentarias por más de 60 días continuos sin causa justificada” y que ambos fueron despojados de sus inmunidades “para ser sometidos a investigación por la comisión de delitos graves…por los delitos de traición, menoscabo a la integridad nacional…Asimismo por la propagación de noticias falsas”

Desde Raza e Igualdad, observamos con preocupación la opacidad y falta de información sobre el paradero de Brooklyn Rivera, de quien no se ha presentado prueba de vida. Sus casos revelan un patrón de hostigamiento sistemático hacia personas defensoras de derechos humanos bajo una legislación que criminaliza la disidencia, particularmente aquellas que representan a comunidades vulnerabilizadas. 

También nos inquieta la declaración del Estado de Nicaragua de que no firmará el Estatuto de Roma, postura que fue expresada en respuesta a las preguntas de otros Estados. Nicaragua argumentó que esta decisión se debe a la amenaza que representa para su soberanía, señalando que la protección de los derechos humanos es un asunto de “jurisdicción exclusiva”, y que el fortalecimiento de su sistema judicial nacional es el mecanismo adecuado para asegurar la justicia y el respeto a los derechos de su ciudadanía. Este rechazo a la “imposición de jurisdicciones extranjeras en detrimento de su autonomía interna” refleja una postura que limita la cooperación con los sistemas internacionales de justicia y socava el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, especialmente en un sistema judicial local señalado por su falta de independencia.

Lamentamos, además, que el Estado también continúe su postura de rechazo hacia la labor del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), conformado por personas expertas independientes. En la sesión, el Estado expresó que sus reportes y actualizaciones “carecen de valor y credibilidad reflejando falsedades, hechos desvirtuados unilaterales, parcializados y sin ninguna base objetiva”, razones por las cuales no aceptan sus recomendaciones “con las que pretenden inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua”.

Finalmente, instamos al Estado de Nicaragua que, como muestra de buena voluntad, acepte e implemente las recomendaciones brindadas por los Estados durante el Examen.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que esté atenta al cumplimiento de las recomendaciones. Urge que Nicaragua libere a todas las personas presas políticas, garantice el respeto a las libertades de expresión y asociación, y coopere con los organismos internacionales para asegurar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas.

Raza e Igualdad reitera su compromiso de seguir monitoreando la situación en Nicaragua y de apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas desde el año 2018 hasta la fecha, y que se tomen las medidas necesarias para restablecer la Democracia y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua.